Por: Vicente Bello.
El 1 de septiembre se acerca con la velocidad del relámpago a los territorios del Congreso de la Unión y en medio de una debilidad manifiesta del Poder Legislativo, en cuanto a su función de contrapeso político. Una función que no evitará, una vez más, que sigan reinando la oscuridad y el misterio cuando se toman las decisiones más graves del país.
He aquí varios ejemplos:
Uno. Desde que comenzó la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos –el pasado 16 de este mes-, el Congreso mexicano sólo se ha abocado a escuchar las conversaciones.
El Ejecutivo mexicano invitó a Washington a una comisión de legisladores; pero éstos no han sido más que unos convidados de piedra, porque ni siquiera son informados. Los tres países han firmado un acuerdo de confidencialidad.
Los Ejecutivos de los tres países se comprometieron a guardar en secreto los diálogos, acuerdos y convenios de dicha renegociación en una caja fuerte que ninguno deberá abrir sino hasta cuatro años después de que haya entrado en vigor el nuevo tratado comercial.
Envuelto por esa atmósfera enrarecida, ayer el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se apersonó ante los senadores del PRI cuando celebraban su sesión plenaria, en la que discuten la agenda legislativa que ya propondrán para el periodo ordinario que a punto está de comenzar.
Aunque emitió declaraciones, se cuidó muy bien el secretario de revelar pormenores de las conversaciones que se desarrollan en Washington, y próximamente en Ciudad de México, entre los negociadores de los tres países.
Ildefonso Guajardo dijo a los senadores del PRI que “México está sentado en la renegociación del tratado con una visión constructiva y propositiva”. Y hasta sentenció, advertiente, que “México quiere llegar a una mejora, pero tampoco vamos a estar sentados (negociando) a cualquier precio”.
El Congreso mexicano tiene la facultad constitucional de llamar a rendición de cuentas al Ejecutivo, para que informe sobre cualesquier ejercicio del poder público. En el caso de la renegociación de marras, los legisladores no han querido ejercer su función de control político y sólo se aprestan a escuchar lo que los hombres del presidente Peña quieren decir.
Dos. Otro tema fundamental sobre el cual el Congreso tendría que estar ejerciendo su función de contrapeso, es el nombramiento del fiscal general de la República, que deberá entrar en funciones el 1 de enero de 2018.
El Congreso se ha subordinado a la agenda política del presidente de la República, quien por estos días pretende a toda costa imponer como fiscal general de la República al actual procurador general de la República, como también pretende hacer que se aprueben leyes en la materia de seguridad interior y mando policial, pendientes de su aprobación desde que comenzó el sexenio.
Para estos efectos, es evidente que el PRI, en su diferendo con los panistas, está pretendiendo dar un trato de “amansalocos” a Ricardo Anaya y, de paso, a Rafael Moreno Valle, a quienes por estos días se les han acusado de ambiciosos y hasta de “posibles asesinos”.
Al indefendible Anaya lo atacan, mediante filtraciones, de ser un voraz y un deshonesto que se ha enriquecido inexplicablemente, y al ex gobernador de Puebla lo acusan de espionaje político y Peña Nieto es una de sus víctimas. Pero, por si esto no fuera grave, ya le achacan la desaparición de una persona.
Anaya jura que lo difaman, y contraataca diciendo que el PRI lo que pretende es subordinar a garrotazos al PAN, para que lo ayude a nombrar como fiscal general de la República a Raúl Cervantes, actual procurador, para que durante nueve años a partir de 2018 toda esa clase política priísta corrompidísima, liderada actualmente por Peña Nieto, gocen de impunidad.
Tres. Este 1 de septiembre, la ley obliga al presidente de la República a presentar por escrito al Congreso de la Unión el informe anual sobre el estado que guarda la administración pública federal.
Pero lo hace bajo un formato sellado por la simulación de una rendición de cuentas sellada por la farsa.
Es una farsa de rendición de cuentas porque el Presidente de la República sólo refiere lo que le conviene, sin que el Congreso pueda obligarlo a rendir cuentas detalladamente.
Cuatro. El 6 de septiembre es fecha estipulada por la ley para que el Ejecutivo Federal entregue al Congreso de la Unión sus propuestas fiscales para el año próximo: Criterios Generales de Política Económica, leyes de ingresos y presupuesto de egresos de la Federación para el 2018.
En todo ese proceso legislativo –que comienza formalmente desde que el Congreso recibe el paquete fiscal hasta el día en que se aprueba el presupuesto, los días 15 de noviembre de cada año-, los diputados y senadores muy poco pueden hacer realmente para que los presupuestos sean revisados y se les corrijan de acuerdo con los intereses y beneficios de la mayoría de la población, a la que dicen supuestamente servir desde su condición de representantes de la nación.
Aun cuando las comisiones están sesionando permanentemente, los diputados y senadores sólo se dedican a esperar los términos finales de las negociaciones entre sus legisladores de las cúpulas y los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cinco. Hay una iniciativa esperada desde el comienzo del sexenio, que muy probablemente ahora se atreverá a sacar el PRI: la iniciativa de reforma constitucional mediante la cual pretenderá la privatización del agua en todo el país.
Tendrá trabajo la oposición en echar a andar la función del contrapeso de por sí debilitado. Veremos.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















