Por: Yomara Pacheco.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIPUE) obligó al ayuntamiento local, que preside la alcaldesa Ernestina Fernández Méndez a que transparente los contratos y el recurso erogado, para los despachos jurídicos que llevaron los casos de defensa del Catastro y el amparo promovido a la edil,
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las observaciones a la cuenta pública 2014.
Lo anterior lo señaló el Presidente del Observatorio Ciudadano, Instituto para la Gestión Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), Juan José Hernández López, quien explicó que esta acción se logró debido a que se tuvo que solicitar un recurso de revisión ante este órgano, por la negativa de respuesta que la contraloría emitió al oficio 120/CONTRALORIAMPAL-TEHUACÁN-07/2017 en donde se le solicitó esta información.
Detalló que estos datos que solicitó el Observatorio Público son de interés público y por lo tanto las autoridades debieron brindarla, pero al no hacerlo, ahora el ITAIPUE los está obligando hacerlo.
Ente la información que solicitó el IGAVIM a la Comuna vía oficio fue que se diera a conocer el curriculum vitae del despacho y /o bufete Jurídico Respaldo, Revisión y Solventación S. C.; mostrara los contratos realizados con ese despacho y el cual concierne a la defensa del catastro, así como quien realizó el amparo a la alcaldesa ante la SCJN).
Entre otros argumentos que se pedían en 7 puntos por parte del Observatorio Ciudadano, también se encuentra que se dé a conocer el contrato con el proveedor de uniformes escolares en el año 2014, así como que el documento federal o estatal que indica que el Ayuntamiento no puede negar un permiso de construcción para una estación de servicio, en un periodo de 10 días hábiles.
Hernández López explicó que en un principio la contestación emitida por las autoridades municipales también vía oficio, es que no contaban con los datos de contratos y más información que requerían, esto pese a que al menos el tema de defensa de la alcaldesa respecto a la situación de solventación de su cuenta pública 2014, se llevó a cabildo y además se acordó que su liquidación de la firma era en pagos diferidos.
Será en los próximos 10 días hábiles que la administración municipal tendrá que brindar la contestación de la información que se le está requiriendo y apegado a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, ya que en este resolutivo el ITAIPUE incluso instruyó al Coordinador General Jurídico de este Instituto, para que verifique la calidad de la información, además de que se realicen las acciones para denunciar a quien o quienes resulten responsables de esta falta de transparencia.
Fuente: WWW.ENTIEMPOCOMUNICACIONES.COM
















