Por: JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH.
La tragedia por el sismo en el sureste sirve como espejo dónde mirar de cuerpo entero los abusos e impunidad cotidiana, que, entre otros, se esconden en la opacidad de proyectos de infraestructura, corrupción de programas sociales o el negocio con la obra pública. La destrucción saca a la superficie el permanente ejercicio de los derechos en perjuicio ajeno, como revelan los damnificados.
El aprovechamiento desproporcionado de otros, sin mayores consecuencias que la ruina, asolamiento, la pérdida grande y casi irreparable para cerca de un millón de personas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Son una ventana al caldero del malestar social, aunque sin otro efecto que atizarlo y la desesperación por usarse para ganar voluntades hacia las campañas electorales.
Pero la tragedia no viene sólo de la sacudida del temblor o los estragos del huracán Katia, comienza desde la falta de certeza de las licitaciones de obra pública, contratos y trabajo de constructoras, y de las autoridades responsables de licitar y supervisar como ocurrió con el Paso Exprés. El problema inicia desde los pactos que se hacen en las campañas electorales para recabar apoyos, continúan con el moche para los contratos y se profundiza con mala planificación de obras sin condiciones mínimas de seguridad y viabilidad que acaban por caer sobre la población como elefantes blancos en espera del temblor o el huracán que los barra.
El cambio en la política pública de obras de infraestructura para transparentar las adquisiciones y establecer responsabilidades del sector público y privado está detenido en el Congreso por desacuerdos sobre la Ley General de Obras Públicas, a pesar de que la construcción concentra gran parte de los escándalos de fraudes en el sexenio. Mientras, en pueblos y comunidades casi barridos en el sureste se expande el enojo ante la debilidad y complicidad de autoridades en los socavones de corrupción que potencian el impacto de la tragedia. Un cuadro similar a los vacíos institucionales e irregularidades de planeación urbana que dejó ver el temblor de 1985 en la CDMX, aunque ahora en las zonas rurales de segunda velocidad que dibujan las estadísticas de pobreza. También ahora el desastre es fermento del malestar, motivo de preocupación para gobiernos y partidos de que derive en castigo electoral, y, para otros, oportunidad para asomar el rostro a la fotografía de la tragedia.
El gobierno federal reaccionó con prontitud en estados gobernados por su partido y aliados, como Oaxaca y Chiapas, que con sus casi seis millones de votos sumados son una reserva del voto corporativo y clientelar hacia 2018, junto con el Edomex, Guerrero y Tabasco. Comprenden a las entidades que los programas sociales y Prospera no han conseguido reducir la pobreza, a pesar de ser los que más reciben en transferencias per cápita. Con celeridad se levanta un padrón de afectados y líderes priistas locales disputan la entrega de apoyo a damnificados, mientras que, en sentido opuesto, las denuncias de corrupción quedan sin respuesta, aunque sean señaladas por la ASF. La promesa es dejar sus casas “más lindas que antes”, como les dijo Peña Nieto, a la par que la impunidad protege negocios irregulares entre constructoras y autoridades en obras asignadas por adjudicación directa a Grupo Higa en el Edomex, Odebrecht, Aldesa-Epccor en Paso Exprés u OHL.
La tragedia es también oportunidad para que los estados pidan más recursos, aunque sin compromiso de transparentarlos como prueba la desviación de dinero de media docena de gobernadores, así como la elevación de sus deudas. Sobre todo porque, como señaló The Economist, el sismo mostró que, en efecto, el país ha aprendido de desastres pasados, pero la devastación del sureste evidencia que la cultura de la seguridad no ha podido reemplazar a la corrupción y la falta de cumplimiento de la ley.
Fuente: Excélsior.
















