Por: LUIS ACEVEDO.
@lusacevedop
* Nadie pensó que la alarma sonaría después de iniciado el temblor.
PRIMER TIEMPO. Apenas habíamos digerido con satisfacción el simulacro con el que se recordaba el terremoto de 1985, cuando dos horas después, la Ciudad de México se estremeció con un nuevo temblor. Luego vendría la noticia de que otros estados también habían sufrido.
La sorpresa se tornó en pánico porque primero fue una sensación de mareo que sería un bamboleo acompasado por el crujido de muebles y paredes. En cuestión de segundos las lámparas se balancearon con violencia y fue entonces que sonó la alarma sísmica. En la calle, la gente desconcertada porque primero vino el movimiento y después el sonido de la alerta. Los postes y los cables se agitaron, vinieron corto circuitos, la sorpresa y el miedo. Nadie pensó que la alarma sonaría después de iniciado el temblor, tan largo que pareció una eternidad y tan presente como el de hace 32 años en esta ciudad.
El recuerdo de lo sucedido en 1985, precisamente un 19 de septiembre, desató tanto temor que colapsó la comunicación telefónica, aunque no como en aquella ocasión. La tecnología permitió solventar el deseo por saber la situación de los allegados. Ahora no fue preocupación la crisis económica que se vivía hace 32 años y que propició la revolución social que primero fue de la solidaridad que nuevamente fue desbordante y después de prácticas económicas y políticas, que ya se empiezan a gestar. Se avanzó en democracia, pero ahora se buscan cambios más profundos. Creció la preocupación por el cambio climático, al menos como tema de conversación “postsismo”, pero también de los costos que pueden generar los fenómenos naturales desde la perspectiva de las vidas humanas, daños materiales y sus efectos económicos, de cara al gasto ominoso de los partidos políticos.
SEGUNDO TIEMPO. Ante lo desastres recientes en Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y ahora en la Ciudad de México, Puebla y Morelos, ya nadie duda que nuestro país es altamente vulnerable a huracanes, inundaciones y terremotos.
Naciones Unidas estima que aún los países más frágiles a catástrofes naturales tienen entre el 2 y el 5 por ciento de probabilidades de enfrentar una catástrofe económica y no poder recuperarse económicamente en un plazo de 5 años, como podría suceder con vecinos tan cercanos como Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua; los que, de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), están entre los 15 países con más riesgo de sufrir un desastre natural a nivel mundial, incluido México como hemos vivido.
La ayuda internacional no es una solución para este tipo de eventos, cuando mucho es un paliativo, pero no una solución. Porque, cuando mucho, las aportaciones no llegan a cubrir ni un cuarto de punto (0.25) porcentual de su PIB ni el 3 por ciento del daño económico.
Para países como México, con niveles elevados de pobreza, dependencia de productos agropecuarios o escasa diversificación exportadora, un desastre como el que acabamos de vivir solamente se puede enfrentar mediante dos mecanismos que, por exigir transparencia y eficacia, generalmente no son los más empleados por los gobiernos federales, estatales o municipales: el ahorro y la gobernanza.
¿Se imagina que Peña Nieto, Miguel Ángel Mancera o cualquiera de los suspirantes a ocupar la Presidencia de la República lo proponga como medida de prevención y promoción del cambio en favor del progreso y el combate a la desigualdad?
El tema no es imposible. Recordarán que en 2010 Chile vivió un terremoto y un tsunami. El saldo fue de 500 muertos, casi un millón de desplazados y pérdidas del orden de 30 mil millones de dólares, equivalentes a 19 por ciento de su PIB.
Afortunadamente hoy no es nuestro caso, pero allá sí tenían una estructura macroeconómica verdaderamente saludable, con lo que elevaron en más de 10 puntos su ahorro y financiaron su recuperación sin ayuda internacional.
Pero, lo más importante, era un ejemplo de gobernanza en América Latina. Sus leyes se cumplen rigurosamente, sin distingos. Eran y son estrictas, especialmente en materia de construcción y supervisión periódica de los inmuebles, al grado de responsabilizar a los dueños de los edificios a cubrir los daños por las edificaciones de mala calidad o con mantenimiento deficiente y cero impunidad en cualquiera de esos casos.
En México si bien tenemos una partida presupuestal suficiente para hacer frente a la emergencia y un bono para catástrofes (del que somos pioneros desde 2005) además, eso sí, de mucha solidaridad, nos sobra corrupción en todos los órdenes y prevalece la impunidad.
Pero, sobre todo y quizá sea lo peor, nos falta gobernanza.
@lusacevedop
Fuente: Sdpnoticias.com
















