Por: Francisco Guerrero Aguirre.
El matrimonio entre dinero y política es tan viejo como el mundo. La política y el dinero se conocen y se acercan. Caminan de la mano, se entremezclan, se tejen. El sistema político y el aparato productivo de un país interactúan, “se retroalimentan”, diría Easton.
En sociedades democráticas, la interacción entre dinero y poder fluye por el filtro de los partidos. Son ellos la representación institucional de la búsqueda organizada del poder.
Toda ingeniería electoral responsable pasa por la revisión de su diseño, por la importancia de mantener su salud y, por supuesto, por eliminar elementos que intoxiquen su funcionamiento.
Toda democracia, como diría Bobbio, es una democracia instrumental que está cubierta por un perímetro de protección constitucional. Es importante, por ello, distinguir decisiones fundamentales de medidas coyunturales o de corto plazo.
Existen diversos modelos de financiamiento de las actividades de los partidos políticos: el primero es un modelo predominantemente privado, donde la aportación es otorgada por los militantes o simpatizantes, como una muestra de “apoyo” a los candidatos.
El segundo es un modelo de financiamiento público, donde el Estado aporta recursos para generar condiciones de equidad financiera de la contienda. Finalmente, se ha configurado una tercera categoría que incluye modelos mixtos o híbridos, en los cuales varía el porcentaje de aportaciones a partir, básicamente, de dos variables: los resultados electorales, a mayor cantidad de votos mayor asignación económica o de prerrogativas, y los límites a las aportaciones financieras de los particulares.
En México, el porcentaje de financiamiento corresponde mayoritariamente al Estado mexicano y en menor proporción a los particulares. El mantenimiento del enorme padrón electoral, incluyendo la credencial para votar, y la gran cantidad de gastos de los partidos es lo que aritméticamente eleva el costo cuantitativo del voto en nuestro país. Debemos agregar también el costo de las autoridades electorales, nacionales y estatales y el gasto corriente de los propios partidos en periodos no electorales.
Las últimas reformas electorales en América Latina han tenido como elemento detonante construir mejores sistemas normativos que permitan vacunar la peligrosa intromisión de los recursos de procedencia ilícita a las campañas políticas, prevenir el lavado de dinero, evitar el uso corrupto de los bienes del Estado y, sobre todo, dotar con transparencia y rendiciones de cuentas a los partidos políticos devolviéndoles su rol de responsables solidarios con las acciones de sus militantes y sus candidatos.
BALANCE
El verdadero dilema de nuestras democracias no pasa por “cambiar carriles” bruscamente de un modelo de recursos públicos a privados, o viceversa. El cambio radica en hacer más racional el gasto con criterios de austeridad y objetividad y hacer más efectiva la fiscalización de dichos recursos.
En esta dirección, disminuir las prerrogativas de los partidos políticos y sus dirigentes, revisar las fórmulas de asignación presupuestal para reducir montos públicos y diseñar un sistema de fiscalización eficaz e independiente aparecen como alternativas racionales.
La democracia en el orbe está viviendo momentos de prueba ante una ciudadanía cada vez más crítica que ha encontrado en las redes sociales un mecanismo efectivo para realizar sus planteamientos de manera clara y contundente. Por ello, en un acto de reflexión indispensable, debemos darnos el tiempo de ver el bosque y no solamente el árbol que tenemos enfrente.
* Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia. Los puntos de vista son a título personal.
No representan la posición de la OEA.
Fuente: Excélsior.
















