Por: Salvador García Soto.
La parte esencial de la reforma de Telecomunicaciones, promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, quedó desmantelada y enterrada por la decisión el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de eliminar la “tarifa cero” de interconexión y permitir que el agente económico preponderante, América Móvil, de Carlos Slim, cobre a sus competidores una tarifa de 3 centavos por llamada o mensajes de telefonía celular que terminen en su red,
con lo que se afectará no sólo la competencia que apenas despegaba en el mercado de telefonía móvil, sino las tarifas que se cobran al usuario final, quienes serán, según han adelantado las compañías afectadas, quienes carguen con el nuevo costo autorizado por los consejeros del IFT.
El regreso de la tarifa de interconexión representa una concesión millonaria al consorcio que aún controla cerca de 68% del total de clientes de telefonía celular (73 millones en Telcel, de 81 millones de usuarios en el país) y 71% del mercado de internet de banda ancha. Apenas cuatro años de operación de la reforma, que aprobó medidas para permitir que otras empresas pudieran crecer frente al preponderante Telcel, no fueron suficientes para modificar el desequilibrio en el mercado, que prevaleció, y que, cuando apenas mostraba visos de competencia, vuelve a darle la ventaja del cobro a sus competidores a la compañía que siempre ha dominado el sector, y que difícilmente perderá esa dominancia al subirle los costos a sus competidores.
Porque por más que digan que la “tarifa cero” no era el único motor de la competencia y que hubo otras reformas a las leyes que permanecen, lo cierto es que el espíritu de los cambios constitucionales y legales que aprobó el Congreso, que manoseó luego la SCJN con un fallo ambiguo y que terminaron de liquidar los comisionados del IFT, era justo hacer equitativos los costos de operación de las compañías telefónicas para, sobre eso, promover la competencia. Se trataba de eliminar desigualdades que durante las últimas dos décadas tuvo el consorcio que se benefició de la privatización de infraestructura y redes públicas y de las primeras concesiones de radiocomunicación y banda ancha, gracias a lo cual se convirtió casi en un monopolio que llegó a controlar más de 80% del mercado de servicios de telecomunicación. Eso hoy, con el cobro de tarifas por interconexión y con el costo que eso significará para las otras compañías y para los consumidores finales, claramente se ha roto.
¿IFT autónomo? La decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones se da un contexto político y económico bastante particular. Recientemente la mayoría en el Senado ratificó, con 81 votos, a Gabriel Contreras como presidente del órgano regulador, a pesar de las evidencias de su cercanía con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, por haber sido el segundo a bordo del influyente exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos. Ya en su primer periodo, que comenzó en 2013, Contreras –cuya esposa y familiares cercanos han obtenido puestos en organismos del Gobierno federal durante su presidencia– había sido cuestionado por analistas del sector por su falta de acciones para regular, en los hechos y no sólo en el papel, a los agentes preponderantes del sector, como Telcel. Si bien fue en su primer periodo cuando se les declaró dominantes, al momento de su reelección poco ha cambiado en la dominancia real que esos agentes siguen ejerciendo, a pesar de supuestos planes para vender activos y separar empresas que habían comprometido y que no han ejecutado.
De hecho la Corte, cuando falló sobre el amparo de América Móvil, si bien le dio la razón al ingeniero Carlos Slim, al declarar inconstitucional el Artículo 131 de la Ley Federal de Telecom que estableció la “tarifa cero”, lo que hizo fue trasladar al IFT la decisión de “fijar las tarifas y las medidas asimétricas” en su sector, que le correspondían al órgano regulador y no al Congreso de la Unión, que había invadido esa función en el citado artículo de la reforma. Pero la Corte, si bien abrió la posibilidad de que Slim volviera a cobrar tarifas a sus competidores, también dejó a criterio de los comisionados del instituto el poder ratificar la “tarifa cero”. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron y optaron por autorizar el cobro de 3 centavos por llamada o mensaje que termine en la red de Telcel?
Sería muy saludable que una decisión que va a tener un impacto mayor en las tarifas de un servicio que hoy es casi de primera necesidad para la población mexicana de todos los niveles sociales, tuviera una explicación clara y convincente por parte de los comisionados del IFT y su recién reelecto presidente. Porque con la decisión de cancelar definitivamente la “tarifa cero” y con ello enterrar el espíritu de la reforma de telecomunicaciones, los siete comisionados del Instituto, incluido su presidente, sólo favorecieron el aumento de ingresos del actor preponderante de las telecomunicaciones, que ganará miles de millones de pesos más por ese cobro, en detrimento de una mayor competencia en la telefonía celular y, sobre todo, en un golpe claro a los usuarios finales de los teléfonos celulares, que hoy son casi 70% de la población mexicana. Y todos pagaremos más para aumentar las arcas de Telcel y de sus dueños, desde los usuarios de más bajos ingresos, hasta los de la disminuida clase media y los de la elitista clase alta.
Al final el IFT y sus comisionados agachones confirman que “todo México es territorio”… de Slim.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















