Por: Rafael Loret de Mola.
No será ahora la primera vez que se denuncie a un presidente de la República o algún exmandatario mexicano. Por desgracia, la impunidad ha sido el signo permanente de las afrentas en contra de una ciudadanía, cada vez, en mayor estado de indefensión. Ahora mismo se le vende la idea de que solo votando se podrá evitar la catástrofe del continuismo cuando ninguna regla ha cambiado y el juego pernicioso nos somete a una parodia electoral verdaderamente infame.
Bastaría citar la impunidad que cobijó al señor Fox, cuando reconoció haber intervenido en las elecciones presidenciales de 2006 y exaltar que, al fin de cuentas, había vencido a Andrés luego de aquellas jornadas cuando defendió su postura, aunque perdiera el fuero, sin dejar de ejercer su mandato en la Ciudad de México en abril de 2005. Parece increíble que hayan pasado ya más de doce años desde aquel desencuentro que debió marcar, sin duda, el fin del sistema, que se mantiene intacto, y solo dio lugar a una nueva farsa a favor de la derecha y con la anuencia de un desgastado priísmo que debió conformarse con el tercer lugar en aquella justa hasta que aseguró su retorno, en 2012, llevado de la moda mediática y creando a un maniquí atendido por los peores para modificarle vestimenta y movilidad hasta en los labios… aunque solo sea para decir tonterías.
En fin, a través de la historia, José López Portillo fue denunciado por el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, incomparable jurista, por haber endeudado al país sin bases ni siguiendo los ordenamientos constitucionales; después, Carlos Salinas fue emplazado en la embajada de México en Dublín, donde fincó su residencia, para declarar respecto a los magnicidios cometidos bajo su gestión; y más adelante Ernesto Zedillo, en funciones presidenciales, fue citado ministerialmente para dar su versión de los mismos por su cercanía con las víctimas… y los victimarios, entre ellos el célebre doctor de las tinieblas, José María Córdova Montoya.
Finalmente, luis echeverría fue emplazado para responder sobre el genocidio de Tlatelolco, en 1968, y optó por ampararse para reducir la presión, si bien no pudo evitar que lo jalonearan y maltrataran a la salida de la Fiscalía para investigar “los delitos del pasado” que continúan repitiéndose en el presente y, en no pocas ocasiones, como secuelas de los mismos, con los personajes que influyeron determinantemente en los mismos, digamos Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones.
No es extraño, por tanto, que se denuncia a los mandatarios o a los ex; lo sorprendente sería, como creo sucederá con Peña, que se les lleve a juicio, así sea internacional, y se les someta por sus agravios contra los mexicanos. Solo el siete por ciento de quienes integran la sociedad le avalan –obviamente por complicidad con empresarios mayores o falsa lealtad dentro de la burocracia dorada-, y esto es suficiente para admitir su vulnerabilidad cuando deje un cargo, el de mayor responsabilidad ejecutiva, al que infamó al grado de perder respeto y destino.
Portar la banda tricolor no exenta a los presidentes de cumplir con sus deberes sino que los acrecienta. Tómenlo en cuenta los 78 aspirantes independientes y los demás precandidatos que buscan la bandera de alguno de los desprestigiados partidos.
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Fuente: Zócalo de Saltillo.
















