Por: Redacción.
Las organizaciones de derechos humanos suelen decir que México es un país que conoce al detalle los barriles de petróleo que exporta, pero que no sabe quiénes son sus desaparecidos.
Con el objetivo de cambiar esa dinámica, un equipo de 10 personas de la asociación Datacívica ha trabajado durante cuatro meses para poner nombre y apellidos a los más de 32,000 desaparecidos que hay en el país.
El resultado es una página web que se presentó este lunes http://personasdesaparecidas.org.mx/ donde es posible identificar a los desaparecidos y también que los familiares o conocidos puedan añadir datos y contribuir a su localización.
A la lista de más de 100,000 fallecidos que deja la guerra entre y contra el narco emprendida por Felipe Calderón en el 2006, se une la de desaparecidos, que crece cada día ante la indiferencia oficial, que ni siquiera ha elaborado un registro completo con nombres y apellidos de los desaparecidos.
Hasta el día de hoy, la única fuente oficial para saber cuántas personas desaparecidas hay en México es el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED). Este registro, dividido en dos bases (fuero común y fuero federal), recopila información como talla, complexión, edad y el lugar de desaparición de las personas. Se trata de información relevante para buscar y encontrarlas, pero en la base de fuero común, donde están registradas la gran mayoría de las personas, no aparece el nombre de los desaparecidos.
Actualmente si una madre busca a su hijo, de apellido González, por ejemplo, la plataforma arroja todos los registros de alguien que tiene ese apellido, pero no hay manera de saber los nombres completos de las personas que tienen de apellido materno o paterno González, ejemplificó Mónica Meltis, encargada del proyecto.
“Las personas desaparecidas actualmente son renglones, sin nombre ni rostro y lo que tratamos es de devolverles la dignidad, facilitar su localización y terminar con una inercia que camina hacia la deshumanización de la crisis”, dijo Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que apoyó el trabajo.
Para hacer esta reconstrucción la organización hizo miles de consultas automatizadas en la plataforma de consulta en línea del RNPED. Esta plataforma en línea permite buscar a las personas por atributos personales, nombre o apellido, pero Datacívica cruzó los datos existentes con el padrón de beneficiarios del Seguro Social (IMSS) y de ayudas sociales (Sedesol) hasta conseguir un diccionario con más de cuatro millones de nombres que permitió obtener la identidad completa de las víctimas.
“Un gobierno que trata a sus desaparecidos como renglones se niega a volver estas dos cosas su prioridad” dijo José Merino, director de estrategia de Datacívica.
“Además, podremos cruzar el registro nacional oficial con la información de casos documentados por organizaciones locales, pudiendo entender mejor quienes son las personas que están siendo excluidas del registro oficial, si comparten alguna característica relevante que expliquen su exclusión o no y, en última instancia, tener una mejor idea de la magnitud del problema de desaparición en el país”, dijo al referirse a la importancia de lograr una completa identificación.
En los últimos diez años, la crisis de derechos humanos se ha agravado en el país. Las desapariciones, homicidios, torturas, desplazamientos forzados y secuestros repuntaron a raíz de la guerra contra el narco. En varios Estados del país, los familiares de los desaparecidos han tenido que organizarse para buscar a los suyos, ante la indiferencia de las autoridades y la lentitud de las investigaciones.
La presión internacional tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en Guerrero en septiembre de 2014 llevó a que el presidente Enrique Peña Nieto enviara una propuesta en materia de desaparición de personas que finalmente se aprobó el mes pasado.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha urgido en varias ocasiones al Congreso a enfocarse en una crisis de desaparecidos que añade nuevos nombres cada día.
Desaparecidos, una crisis que no para
México aprobó el mes pasado la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
A más de diez años de que iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico encabezada por el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), México por fin cuenta con una norma que creará una fiscalía especializada y una comisión de búsqueda. La nueva ley castiga con penas de hasta 60 años de cárcel a los servidores públicos que incurran en el delito y de 50 años para los particulares.
Según datos oficiales de los más de 32,000 desaparecidos, más de 13,000 fueron durante el sexenio de Calderón y casi 19.00 durante el Gobierno de Peña Nieto.
Las organizaciones de derechos humanos celebran la promulgación pero critican que la nueva ley contará con un presupuesto de casi 500 millones de pesos para el próximo año, siete veces menos que el dinero presupuestado para publicidad oficial.
Fuente: EL PAIS.
















