Por: Vicente Bello.
Considerado en el mundo legislativo como el acto de control político más importante del Congreso, la autorización anual del presupuesto de egresos de la Federación fue una engañifa, porque decían los que lo aprobaron que era la repartición social más importante del sexenio cuando, en realidad –contra argumentaban opositores- no fue más que la repartición, para fines electorales en favor de los futuros candidatos del PRI,
más vulgar y cínica que se recuerde en México.
Así continuaron quienes presentaron reservas, para su votación en lo particular, de diversos artículos del decreto de marras:
Javier Neblina Vega, diputado federal del PAN (San Luis Río Colorado, Sonora): “A partir de 2016 se reformó la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para que el pago de este impuesto se calculara aplicando una cuota adicional por litro de combustible. Es decir, se incrementó el impuesto que hoy representa aproximadamente el 30 por ciento del precio por litro de gasolina.
“En los análisis y debates de las Leyes de Ingresos enviadas por el Ejecutivo federal a esta Cámara, Acción Nacional ha insistido en corregir al gobierno y revertir los efectos lesivos que tales decisiones han generado en la economía de las familias mexicanas y en nuestro sector productivo.
“Desde que se anunció el gasolinazo, el incremento ha sido en promedio de casi el 60 por ciento. No es casualidad que el precio de los alimentos y del transporte público hayan aumentado y la inflación se ubique por arriba del 6 por ciento. Hoy las familias mexicanas gastan más. El gobierno federal debe abrirse al diálogo, debe olvidar su cerrazón y mostrar sensibilidad y responsabilidad con los mexicanos.
“En este contexto es que acudo a esta tribuna para presentar una reserva que adiciona un párrafo a la fracción VII del artículo 7 del PEF, que indicaría qué hacer con las recaudaciones extraordinarias (…) En 2015, por ingresos tributarios se recaudó más de 382 mil millones de pesos de lo originalmente presupuestado. En 2016 la cifra fue de más de 308 mil millones de pesos. En 2017 el monto al cierre del año será superior por mucho al aprobado y en cantidades cercanas a las mencionadas.
“La reducción en 50 por ciento del impuesto especial sobre producción y servicios a combustibles sería aproximadamente de 160 mil millones de pesos que dejaría de recaudar el gobierno, pero que pudieran ser compensados con estos ingresos excedentes que hemos mencionado.
“La reserva que hoy presento asegura que los programas sociales continuarán para 2018, que todos ganaríamos y que con la disminución del precio de la gasolina, producto de la reducción de este impuesto, impactaría de forma positiva en la inflación y en el bolsillo de todos los mexicanos”.
Reserva desechada por el Pri, Pvem, Pes y Panal.
María Elena Orantes López, diputada chiapaneca, del Mc: “Propongo (modificar) el artículo 7, fracción X, sobre destinar al menos el 5 por ciento al Fortamun, a los programas en protección civil.
“Muchas familias en Chiapas están esperando que puedan ser atendidas, porque fueron olvidados en el censo y fueron olvidados en el proceso de evaluación, por lo que tenemos nosotros la responsabilidad de que en este proyecto de reconstrucción no se omita a más de 20 familias en Chiapas que no fueron censadas (…) ¿O qué acaso cuando hablamos del petróleo le pedimos a los estados y a los municipios que también puedan participar?”
Desechada por el Pri, Pvem, Pes y Panal.
Y Rogerio Castro Vázquez, quintanarroense, de Morena: “Mi propuesta tiene mucho que ver con combatir la discrecionalidad con que se ha elaborado este presupuesto.
“Hemos detectado que en los informes trimestrales que entrega la Secretaría de Hacienda, encontramos en el Fondo Regional, sobre todo, una cantidad importante de subejercicios, hablamos más o menos de 2 mil 190 millones de pesos que se deben entregar a 10 entidades federativas con bajo índice de desarrollo. Sin embargo, estos recursos hasta el día de hoy no han sido ejercidos.
“También podemos observar en este Presupuesto proyectos de asociaciones público-privadas encaminadas a evitar la transparencia y la rendición de cuentas. Es el caso –por ejemplo– del hospital Doctor Gonzalo Castañeda, que se le otorgó al consorcio Tradeco Icsa por un periodo de 25 años.
“Hasta el día de hoy este proyecto, que según se le va asignar 508 millones, no se avanzado en la construcción y ni siquiera se ha ejercido ese recurso. Sigue Hacienda haciendo proyectos que no avanzan y no sabemos dónde quedan esos recursos que aquí la mayoría está aprobando.
“Lo mismo ocurre en las propuestas no solicitadas, por ejemplo en el hospital del ISSSTE en la ciudad de Mérida, que casualmente ese proyecto se entrega de acuerdo a la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas sin licitarse, porque la ley así lo marca.
“Es otra de las trampas que aprueba este Congreso y casualmente quien presenta ese proyecto es un cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Vemos la opacidad y la discrecionalidad en este Presupuesto.
“También estamos pidiendo en estas reservas se apoye al campo. Es muy importante rescatar la actividad agropecuaria del país y no vemos suficiente lo que se otorgó o lo que se incrementó, y sobre todo queremos pedir nuevamente porque el año pasado aprobamos un presupuesto y luego lo rasuraron allá en la Secretaría de Hacienda con el pretexto de la llegada de Trump, con el Brexit, muchos pretextos para seguir recortando los apoyos a los productores”.
Reservas desechadas por el Pri, Pvem, Pes y Panal. (Continuará)
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















