Por: RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE.
En días pasados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una demanda acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, promulgada el pasado 21 de diciembre y que ha despertado gran inquietud e inconformidades.
Este recurso viene a sumarse a tres controversias constitucionales y otras cinco acciones
de inconstitucionalidad presentadas por diputados,
senadores y otras diversas organizaciones; así como a muchas voces e instancias a nivel nacional e internacional que han manifestado
su preocupación y desconcierto por la aprobación de esta ley.
La demanda interpuesta por el Presidente de la CNDH es un documento extenso y muy bien fundamentado de 292 páginas, que impugna 19 de los 34 artículos de esta ley controvertida.
La demanda argumenta la violación de 7 artículos constitucionales, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros 4 numerales del Pacto Internacional de Derechos Civiles, en perjuicio de diversos derechos fundamentales: legalidad; progresividad; seguridad jurídica; acceso a la información; protección de datos personales; expresión y asociación; entre otros.
Se citan numerosos precedentes jurisprudenciales y disposiciones legales nacionales e internacionales para tratar de reiterar que es inadmisible la arbitrariedad de los órganos del Estado, so pretexto de brindar seguridad a
la sociedad.
Asimismo, sostener que ya es explorado derecho observar que la intervención de las Fuerzas Armadas debe proceder sólo a solicitud de las autoridades civiles, subordinadas a ellas y respetando de forma plena los derechos fundamentales.
La demanda solicita examinar la convencionalidad que guarda la ley respecto de los diferentes instrumentos internacionales que México ha suscrito y las recomendaciones que ha recibido de parte de diversos órganos especializados de la ONU, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; que de manera resumida, han pedido al Estado mexicano limite al máximo indispensable el uso de las Fuerzas Armadas.
El texto de la Ley de Seguridad Interior es poco claro e impreciso, confunde conceptos entre seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior, que deberían ser diferenciados.
Además, se argumenta que esta ley va a producir la posposición de verdaderas soluciones en materia de seguridad pública, ya que lejos de obligar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a preparar instituciones policiacas técnicas y bien capacitadas, va a perpetuar la presencia militar en las calles de forma generalizada.
A poco más de un mes de la entrada en vigor, el futuro de la Ley de Seguridad Interior se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habrá de decidir sobre la constitucionalidad y convencionalidad de esta ley tan mal procesada por el Congreso.
La teoría de la Constitución enseña que para que una ley sea positiva, se requiere que sea conocida, entendida y que produzca la convicción de que debe ser acatada.
La coercitividad es un elemento extremo, que debe ser un recurso excepcional para hacer cumplirla a quien la infringe. Porque cuando a la mayoría de la sociedad esa norma jurídica le parece inconveniente, resulta imposible hacerla obedecer.
Como Corolario, la frase del filósofo francés Pierre-Joseph Proudhon: “La paz obtenida en la punta de la espada, no es más que una tregua”.
Fuente: Excélsior.
















