Por: Vicente Bello.
Este jueves 1, la Cámara de Diputados concluyó el proceso legislativo de la apodada “Ley Fintech”. El 10 de octubre de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa correspondiente ante el Senado de la República. Y el Senado la aprobó el 5 de diciembre del mismo año reciente.
Se trata de una legislación dedicada a ese nuevo modelo de transacción financiera y monetaria en que se usa una moneda virtual,
a través de la Internet. Y tiene por nombre formal Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
Casi todos los legisladores estuvieron de acuerdo con el dictamen, y así lo expresaron en sus posicionamientos y con sus votos en pro. Excepto un diputado, Juan Romero Tenorio, de Morena, quien así argumentó en contra, aunque parecía predicar en el desierto, porque nadie le rebatió:
“El problema de esta Ley Fintech, finanzas más tecnología, no son los aparatos ni las plataformas. Esa es una cuestión tecnológica. Pueden revisar la página Fintech, Asociación Civil, y señala que los ejes de su actuación son: Uno, medios de pago y transferencia, infraestructura para servicios financieros, créditos originados digitalmente, soluciones financieras para empresas, finanzas personales y asesoría, mercados financieros, criptomonedas, entidades financieras disruptivas son los ejes de la acción de las empresas Fintech.
“¿Qué pretende esta ley? Lo señala claramente en su exposición de motivos, ley que no fue discutida, que no solamente los diputados son ignorantes, repito, del sistema de pagos sino que también son mentirosos. Esta ley no se discutió. La sesión de la Comisión de Hacienda se transmitió en el Canal del Congreso y dieron espacio en dos rondas de tres minutos. No hubo discusión.
“En la minuta no hay una posición oficial del Banco de México, no hay una posición oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“¿Qué es lo que quiere regular esta ley? Instituciones de fondos de pago electrónico.
Pago electrónico. El actual sistema financiero regula el pago electrónico. Decía una diputada que cotidianamente usamos el celular o el Internet para hacer pagos, efectivamente. Pero este sistema está respaldado por un sistema financiero.
“Detrás de cada transacción hay una institución financiera, hay un banco, hay una institución de crédito que respalda los movimientos. Estamos confundiendo conceptualmente el tema. El tema es el sistema de pagos. Esto es el medio, no el fin.
“¿Qué propone esta ley? En la exposición de motivos. Fondo de pagos electrónicos.
Plataformas para servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pagos vía electrónica, entendiendo estos como valores monetarios emitidos a la par contra la recepción de moneda de curso legal que servirá para hacer pagos y transferencias. El tema es pagos y transferencias, no el uso de tecnologías.
“¿Por qué esta ley pone en riesgo el patrimonio de miles o millones de mexicanos? La banca electrónica realiza movimientos que podemos señalar, movimientos en cantidades millonarias. ¿A través de qué? Del uso de cajeros automáticos, lo refiere un diputado.
“Cajeros automáticos. En el último trimestre de 2017 tuvo 450 millones de movimientos.
El uso de tarjetas, tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Tarjetas de débito y de crédito se usan en forma millonaria en transacciones de pago. Tarjetas de crédito, último trimestre de 2017. Se hicieron 67 mil millones de transacciones.
“Puntos de venta. Cuando uno va a un comercio tiene un punto de venta. Se hicieron transacciones 189 millones de transacciones. Todo lo que hacemos está respaldado por un sistema financiero.
“¿Qué propone este nuevo sistema de pago? Evitar el intermediario. No quieren usar a los bancos o a las instituciones financieras. Quieren que el trato sea directo persona a persona. ¿Esto genera economía? Sí, pero genera inseguridad para el usuario.
“Artículo 11, párrafo tercero. Ni el gobierno federal ni las entidades de administración pública paraestatal –aquí disfrazan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México– podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los clientes que sean utilizados en las operaciones que celebren las instituciones de tecnología financiera o frente a otros, así como tampoco asumir alguna responsabilidad por las obligaciones contraídas por esas instituciones o por otro cliente en virtud de las operaciones que celebren. Esas instituciones deberán señalar expresamente en sus mensajes que no garantizan los recursos de los clientes.
“¿Qué respalda las transacciones de persona a persona con estas nuevas instituciones? Nadie, no hay respaldo. Cuando usamos las tecnologías para realizar pagos o adquirir servicios hay una institución financiera que respalda. Cuando hay un cargo indebido, fácilmente hablamos al banco y le damos trámite a la devolución del pago indebido.
“Este nuevo sistema no lo va a contener y va a generar un estado de indefensión de los usuarios. Más allá. Va a generar obligaciones de tipo mercantil porque así lo señala la ley. Los actos jurídicos que se realicen con las operaciones que determina esta ley se reputarán actos de comercio. Actos de comercio que se sustentan en documentos ejecutivos mercantiles.
“Si una de esas instituciones determina un crédito para un ciudadano basta con que presente el estado de cuenta para hacer ejecutable el cobro. No hay ni firma ni huella ni registro que tenga el ciudadano porque no hay una institución que respalde el movimiento financiero.
“A eso nos referimos cuando señalamos que ponemos en riesgo el patrimonio de aquellos ciudadanos que por el canto de las sirenas de utilidades prontas inviertan en este tipo de instituciones financieras”.
Ni un pujido del PRI ni del PAN. Otorgaron. Y votaron.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















