Por: Vicente Bello.
Luis Videgaray Caso está transfigurado en un auténtico chivo en cristalería pero el Congreso Mexicano ni lo ve ni lo escucha. El Poder Legislativo mexicano vive actualmente uno de sus épocas más vergonzosas de toda su historia.
En todas las cosas públicas, el Congreso mexicano está obligado por la Constitución general de la República a servir de contrapeso, de control político.
Esa trinca mayoritaria de diputados y senadores del PRI, PAN, PRD, Panal y Movimiento Ciudadano, si tuvieran un poquito de vergüenza, tendrían que estar absolutamente abocados a exigir explicaciones a este funcionario sobre múltiples ejercicios de poder público.
A Videgaray no solo se le recuerda como el causante directo de que Enrique Peña Nieto recibiera en Los Pinos al entonces candidato presidencial Donald Trump. Visita que catapultó políticamente al actual presidente de los Estados Unidos, gran verdugo y humillador del pueblo de México. También se le recordará como uno de los más grandes tramposos del actual gobierno.
En 2013, de acuerdo con información publicada por Carmen Aristegui, Videgaray Caso manipuló en 2013 los procedimientos de adjudicación para adjudicar directamente a empresarios chinos el proyecto –ahora fallido- del tren rápido México-Querétaro.
Según información de Aristegui, no desmentida por el gobierno mexicano, Videgaray firmó en San Petesburgo, Rusia un documento con China en la que México se comprometía con ese país a entregarle la construcción del ferrocarril de marras.
El actual canciller mexicano firmó aquel compromiso con el gobierno chino cuando era secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Peña Nieto. Y en él se comprometía a entregar, con “amplias facilidades”, diversos proyectos de infraestructura.
No hay duda de que Videgaray ha pisado fuerte durante la actual administración. Además de protagonizar la firma tramposa entre México y China, se le ha relacionado con actos de corrupción, como su casa de Malinalco.
Solo una de estos casos serían motivo más que suficiente para que el Congreso mexicano lo colocara en la picota, ya sea afincándole responsabilidades políticas mediante un juicio político (para que nunca más afectara con sus decisiones al pueblo de México) o incluso mediante el procedimiento de un juicio penal por ladrón.
¿Pero, por qué el Congreso mexicano no exige rendición de cuentas al actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores?
La respuesta es sencilla: diputados y senadores están subordinados al Ejecutivo Federal. Son unos farsantes la mayoría de ellos. No sirven más que para tapaderas de los ejercicios de poder presidencial y para cobrar, muchos de ellos, su complicidad.
Entre las facultades que tiene el Congreso –facultades que fueron creadas para hacer posible la función de contrapeso constitucional de diputados y senadores- está llamar a cuentas a cada uno de los encargados de los despachos presidenciales.
Todavía más: el Senado, específicamente, tiene como una de sus facultades máximas la revisión y seguimiento de la política exterior mexicana.
Los senadores están obligados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revisar cada uno de los convenios, acuerdos y todo tipo de compromisos que el gobierno mexicano pretenda firmar con gobiernos extranjeros. O, lo que es peor, en esa escala de la ignominia y la vileza en la que camina la clase política gobernante actual: Con empresas transnacionales o multinacionales.
Para desgracia del pueblo de México –y para abono de la ruindad con la que se manejan los senadores mexicanos-, el Senado de la República no revisa los acuerdos, sino al contrario: Si en corto las cúpulas senatoriales saben lo que va a firmar el gobierno, se hacen los sordos y los ciegos. Y colaboran con el Ejecutivo federal para que muchos de esos acuerdos sean ocultados a la vista de la población y a la vista de los senadores opositores.
Colaboran de múltiples formas: no pidiendo información al Ejecutivo a sabiendas de que están obligados por la Constitución a pedírselas; no permitiendo que los senadores de la oposición fructifiquen en sus exigencias de, verbigracia, instalar comisiones especiales de seguimiento de asuntos públicos controvertidos y sospechosos.
Se vive, sin duda, una suerte de dictadura por parte de los peones de un régimen que los premia con impunidad a la hora en que estos quieren corromperse. Y cuando se corrompen no solo quieren hacerse ricos para el resto de sus vidas, sino para sus hijos y nietos. La actual clase política gobernante pretendería competir con la clase política que prohijó Porfirio Díaz, cuyos muchos de sus descendientes actualmente todavía están podridos en dinero.
Este gobierno, que lidera Enrique Peña Nieto, ya trae en la frente el sello del gobierno más corrupto y mendaz de toda la historia de México. Y Peña y Videgaray son como la yunta que jala el arado que va abriendo surco para que avance y se enquiste la corrompida clase política que ahora pugna rabiosamente por no perder la Presidencia de la República el 1 de julio próximo.
No es gratuito que el Congreso mexicano también se haga el tiololo en casos como el de Odebrecht y que navegue, silenciosa, al mismo tiempo, hacia la privatización del agua, que persigue con rabia la diputación del PRI, en este periodo ordinario de sesiones.
Tampoco el Congreso ha hecho absolutamente nada para investigar por qué las gasolinas están tan caras. Y nunca ha exigido un informe detallado sobre los costos y gastos de las gasolinas. De ese precio de casi 20 pesos el litro de gasolina Premium, hay cuando menos unos cinco pesos de ganancia para los gasolineros que han comenzado a llegar al país.
Es un Poder Legislativo terriblemente ruin, el actual.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















