Por: Lilia Arellano.
El castigo de los criminales debe ser compulsorio; cuando a un hombre lo ahorcan no sirve de nada.
Voltaire
Por presunta corrupción, hay 23 exgobernadores bajo la mira. Tan sólo en 2017 fueron detenidos cuatro, quienes se encontraban prófugos: Javier Duarte, de Veracruz; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Roberto Borge, de Quintana Roo, y Eugenio Hernández Flores, también de Tamaulipas.
La lista se extiende al menos a exmandatarios que han ejercido el cargo en los últimos diez años y son señalados, investigados, están en la cárcel o se encuentran prófugos. Hay dos que estuvieron en prisión y un exjefe de gobierno que abandonó el país en medio de señalamientos de corrupción.
El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, está acusado de presunto desvío de recursos y uso indebido de funciones. El Congreso estatal aprobó iniciar un juicio político en su contra por el supuesto desvío de 2 mil 700 millones de pesos, manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho. Aunque el Congreso logre inhabilitarlo, no podrá emprender acciones legales en su contra debido a una reforma aprobada por la anterior Legislatura para proteger al exmandatario. La Fiscalía de Nayarit aseguró hace unas horas cinco propiedades a Sandoval. La primera acción se realizó en la Fundación Ríe, un inmueble de unas 2 hectáreas localizado en la colonia El Pedregal de San Juan, en Tepic, con un hipotético valor de más de 100 millones de pesos.
Prófugo
Jorge Torres López, ex gobernador interino de Coahuila y quien asumió el cargo en sustitución de Humberto Moreira, está acusado del delito de conspiración para el lavado de dinero por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y se encuentra en la lista de los “fugitivos más buscados” desde febrero de 2016. La DEA considera prófugo de la justicia a Torres López porque presuntamente contribuyó a depositar fondos saqueados del erario de Coahuila en paraísos fiscales y bancos de Texas. Por esta acusación ya sufrió un infarto.
Tras las rejas
Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, fue detenido la mañana del viernes 6 de octubre en Ciudad Victoria. Es investigado en EE. UU. por el Departamento de Justicia debido a supuestos nexos con el cartel del Golfo. El exmandatario y su cuñado comenzaron a lavar dinero y a realizar transacciones financieras ilegales a partir del 1 de enero de 2008. En México fue detenido por presuntamente lavar dinero para Los Zetas entre 2005 y 2010, pero fue dejado en libertad al no poder acreditar los cargos en su contra. En marzo pasado, Agentes Federales de EE. UU. detuvieron en el aeropuerto de Los Ángeles a Mónica Andrea Roca Pérez, presunta socia de la esposa del exgobernador tamaulipeco.
Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, cuenta con cuatro denuncias ante la PGR y dos en la Fiscalía Estatal. Hasta un día antes de su detención, ocurrida la noche del 4 de junio, en la ciudad de Panamá, había sido girada una orden de aprehensión en su contra, acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y adquisición con prestanombres de terrenos subvaluados.
El exmandatario de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue aprehendido el 9 de abril de 2017 por autoridades italianas en coordinación con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. en la Piazza della Signoria en Venecia, Italia. Al ser detenido negó su identidad al mostrar una licencia de conducir falsa, pero fue corroborada más tarde tras analizar sus huellas dactilares. Se le acusa por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y operación con recursos de procedencia ilícita. Está en espera de ser extraditado a México o, lo más probable, a Estados Unidos.
Javier Duarte, exmandatario de Veracruz, fue detenido en Guatemala por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. De acuerdo a las investigaciones de la PGR, es responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario. Fue extraditado el lunes 17 de julio de 2017 para enfrentar a la justicia mexicana. Su primera audiencia fue a su arribo al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde compareció ante el Juez de Control, quien le dictó prisión preventiva. Karime Macías, su esposa, pidió hace unas horas asilo político en Londres, porque asegura ser una “perseguida política”.
Guillermo Padrés Elías, exmandatario de Sonora, en noviembre de 2016 se entregó a las autoridades mexicanas para que se le enjuiciara por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Se encuentra preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. En febrero de 2016 fue absuelto de los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero. La PGR lo acusó de haber cometido un fraude fiscal de 8.8 millones de pesos y el juez consideró que los cargos no fueron debidamente acreditados.
Jesús Reyna, exgobernador de Michoacán, fue detenido el 4 de abril de 2014, tras aparecer en un video con Servando Gómez, “La Tuta”, líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios. Consignado por la PGR en mayo de 2014, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud, está preso en el Cereso David Franco Rodríguez, de Morelia.
Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, se encuentra preso desde hace más de tres años y medio por delitos de peculado, defraudación fiscal y desvío de 2 mil 500 millones de pesos. Está recluido en la Torre Médica del Reclusorio Femenil Tepepan en la Ciudad de México. Ya le dictaron sentencia por 11 años, la semana pasada. Al igual que Mario Villanueva, pretende su casa por cárcel.
Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, luego de pasar seis años y medio encarcelado en EE. UU., de los 17 a los que había sido condenado por lavado de dinero, regresó a México, donde ya había cumplido nueve años de prisión por el mismo delito. Aquí debe continuar pagando una pena carcelaria por 22 años 7 meses y 11 días por fomento al narcotráfico y lavado de dinero, pues es acusado de haber operado para Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, lo cual le daría libertad hasta que cumpla 91 años de edad.
Flavino Ríos, exmandatario de Veracruz, quien tomó las riendas del Estado tras la salida de Javier Duarte, enfrenta un proceso penal en prisión domiciliaria acusado de tráfico de influencias y abuso de autoridad por encubrir y ayudar a escapar a su predecesor. Fue detenido en marzo pasado y vinculado a proceso por un juez penal de Veracruz. Por su estado de salud, obtuvo prisión domiciliaria.
Impunes
Luis Armando Reyes Femat, exmandatario de Aguascalientes, enfrenta cuatro procesos penales en libertad, a pesar de haber sido sentenciado en tres ocasiones, una de ellas por dos años y tres meses de prisión, la cual fue revocada y se le absolvió del delito de peculado. Las otras sentencias fueron por seis años y nueve meses y otra por dos años y diez meses de prisión. No ha pisado la cárcel debido a que cuenta con amparos y pagos de fianzas que le han permitido enfrentar los procesos en libertad provisional bajo caución.
Rodrigo Medina de la Cruz, exmandatario de Nuevo León, fue internado en enero pasado en el penal de Topo Chico, por los delitos de peculado y daño patrimonial. Dejó la prisión por incumplimientos judiciales dentro de un juicio de amparo. Fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones públicas en agosto de 2016, ante presuntas irregularidades en incentivos otorgados a la armadora KIA Motors. Enfrenta el proceso en su contra en libertad, gracias a la amplia protección que ha tenido del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, se desempeñaba como cónsul de México en Barcelona, España, hasta enero de 2017. Renunció al cargo tras las denuncias hechas por el gobierno de Miguel Ángel Yunes por la aplicación de falsas quimioterapias durante la gestión del priista. Actualmente no existe alguna indagatoria contra el predecesor de Javier Duarte por parte de la PGR. No obstante, Yunes sostiene que existen investigaciones en su contra en EE. UU.
Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas, fue denunciado ante la PGR por usar supuestamente una red de 24 empresas para desviar casi 400 millones de pesos. Desde mayo de 2016, el entonces mandatario era investigado por la PGR por acusaciones de enriquecimiento ilícito y peculado. Alonso Reyes ha negado, por supuesto, las acusaciones en su contra.
Gobernadores investigados
De Gabino Cué, exmandatario de Oaxaca, hay unos 359 expedientes administrativos, penales y resarcitorios que han sido integrados en contra de colaboradores. La subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló que Cué Monteagudo habría malversado y no solventado recursos de 21 programas federales por el orden de los 4 mil 399 millones 846 mil 463.7 de pesos, en un periodo de cinco años, de 2010 a 2015.
Humberto Moreira, exmandatario de Coahuila, fue detenido en España para ser investigado por lavado de dinero, pertenencia a organización criminal, malversación y cohecho. Sin embargo, fue exonerado por la justicia de ese país tras recibir informes de la PGR. En enero de este año, fue acusado por un exmando de Los Zetas ante la PGR de colaborar directamente con ellos. Ligó a Manuel Muñoz Luévano, El Mono, como intermediario político. Este año se espera que se incorpore a las campañas del PRI para las elecciones del 1 de julio.
Juan Sabines, exmandatario de Chiapas, ha sido señalado de desfalco y endeudamiento de la entidad, la cual podría ascender a unos 40 mil millones de pesos. Pero Sabines no reconoce ningún adeudo más allá de los 15 mil millones de pesos. Se le acusa, además, de manipular a diputados del Congreso local para que autorizaran, de último minuto, reformas las cuales lo blindan para impedir sea llamado a cuentas en cualquier investigación administrativa o penal. Actualmente se desempeña como cónsul de México en Orlando, Florida.
De regreso al ruedo
Fausto Vallejo, ex gobernador de Michoacán, dejó su cargo por problemas de salud, luego de un periodo, de 2012 a 2014, marcado por supuestos nexos del gobierno con Los Caballeros Templarios. Este año competirá por la alcaldía de Morelia por el PT y PES.
Marcelo Ebrard Casaubón, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, luego de terminar su periodo, 2005 al 2012, salió del país en medio de acusaciones de corrupción y después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le negara una diputación plurinominal. Se estableció con su familia en París, Francia. Al regresar de su autoexilio en 2018, se incorporó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. La principal acusación en su contra se centra en la construcción de la Línea 12 del Metro, donde existen 60 expedientes relacionados contra servidores públicos de la administración de Ebrard. Hay 11 averiguaciones previas abiertas, de las 13 iniciadas en esta caso, con 37 probables responsables, a los que se les giraron orden de aprehensión por las irregularidades encontradas en la construcción de la Línea 12. En octubre de 2016, Ebrard Casaubón hizo una aparición pública en EE. UU. haciendo proselitismo a favor de Hillary Clinton. Hace unas horas, hizo publicidad en una librería para apoyar a AMLO.
Pablo Salazar Mendicuchía, exmandatario de Chiapas, fue detenido y procesado en 2011 acusado por su sucesor Juan Sabines de presunto peculado, enriquecimiento ilícito y homicidio doloso. Tras enfrentar 17 meses en prisión, recobró su libertad absolutoria luego de enfrentar al menos una docena de procesos judiciales, los cuales ganó o libró mediante la vía del amparo. Dijo que en 2006 tuvo que tragarse un sapo. En 2013, Salazar aseguró que su libertad fue pactada por Juan Sabines a cambio de que “no procediera judicialmente en su contra”. Actualmente es candidato independiente al Senado de la República.
Inhabilitado
Narciso Agúndez Montaño, exmandatario de Baja California Sur, estuvo preso por seis meses acusado del delito de peculado. Obtuvo su libertad en diciembre de 2012, tras pagar una fianza de 31 mil 700 millones de pesos. En diciembre de 2011, Agúndez Montaño fue inhabilitado por los próximos seis años para ocupar cargos a nivel estatal, tras un proceso administrativo abierto en su contra por el presunto desfalco del erario por más de 55 millones de pesos.
Estados en comicios endeudados
De los nueve estados que renovarán gobernador el próximo 1 de julio, los mandatarios salientes que peor gestionaron esos rubros son: Manuel Velasco Coello, en Chiapas (PVEM); Miguel Ángel Yunes Linares, en Veracruz (PRD-PAN), y Graco Ramírez Abreu, en Morelos (PRD). Este último aumentó la deuda 500 %. De acuerdo con datos de la SHCP, los gobernadores de Morelos y Yucatán lo elevaron respecto a cuando iniciaron su administración.
El perredista Graco Ramírez Abreu recibió una deuda pública en octubre de 2012 equivalente al 1.6 % del PIB (mil 500 millones de pesos) y la elevó 500 % hasta dejarla en 2.4 % al tercer trimestre de 2017 (9 mil millones de pesos).
El priista Rolando Zapata Bello recibió una deuda en Yucatán del 1.1 % del PIB y la entregará en 1.4 % más, es decir, 4 mil millones de pesos. El Congreso de Yucatán aprobó el ejercicio de 580 millones de pesos por parte del gobierno local para el 2018 por un plazo de hasta 20 años sin especificar en qué se invertirá.
Manuel Velasco, del partido del tucán, tomó en diciembre de 2012 una deuda pública en Chiapas equivalente al 6 % del PIB, subió en 2013 a 7.45 %, y al tercer trimestre de 2017 quedó en 5.7 % del PIB, alrededor de 20 mil millones de pesos. Está en semáforo rojo.
Javier Duarte de Ochoa dejó a Veracruz endeudado en 2016 en 5.2 % del PIB. Y en tan sólo 10 meses, el mandatario Miguel Ángel Yunes Linares la subió a 4.5 del PIB, es decir, 46 mil millones de pesos. El mandatario panista anunció la reestructuración de la deuda para reducir la tasa de interés, la cual se ubica en casi 11 %.
Miguel Márquez, de Guanajuato (PAN), dejó la deuda en 1 por ciento del PIB; Jalisco, de Aristóteles Sandoval Díaz (PRI), en 2.2 % del PIB; Puebla, de José Antonio Fayad (PAN), en 1.3 % del PIB; Tabasco, de Arturo Núñez Jiménez (PRD), en 0.9 % del PIB, y la Ciudad de México, de Miguel Ángel Mancera (PRD), en 2.3 % del PIB.
De los pasillos
Ahora sí los panistas exigen a Peña Nieto y a José Antonio Meade una explicación del porqué 7 de cada 10 contratos firmados con los mil proveedores del gobierno se asignaron de forma directa. ¿Y antes por qué no lo hicieron? El jefe de la bancada albiazul, Marko Cortés, planteó: “No debe volver a ocurrir que en México se haga mal uso de los recursos públicos, se tomen pésimas decisiones económicas y se hagan asignaciones de contratos sin licitación de por medio, y que no haya una sanción al respecto. Es necesario –por eso– que Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade, su candidato, den una clara y puntual explicación de por qué el 70 % de contratos se dio sin licitación”… Por su parte, los priistas evitaron la discusión de sanciones a servidores públicos por contratos que otorgaron a Odebrecht con el proyecto Etileno XXI.
Y ahora los perredistas se encargan de defender a Ricardo Anaya en la olla de grillos, en la cual se transformó el Palacio Legislativo de San Lázaro este martes. La sesión inició con la defensa de Ricardo Anaya desde las curules del PRD, cuyo coordinador Francisco Martínez Neri reprochó “los insultos” del jueves pasado contra el panista, mientras la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Martha Tamayo, mandó sacar a los periodistas del pleno, como ya es habitual desde que Romo dio la consigna de no permitir entrevistas de los medios en el salón. De inmediato, el personal de Comunicación Social y de resguardo sacó a los reporteros, camarógrafos y fotógrafos.
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Fuente: Por Esto.
















