Por: Vicente Bello.
En torno de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México –considerado ya por opositores y expertos como un capricho infame de Enrique Peña Nieto, que costará miles de millones de pesos a varias generaciones de mexicanos-, hay demasiadas preguntas cuyas respuestas está obligado constitucionalmente el Congreso mexicano a buscarlas.
Pero no lo hace porque la mayoría conformada por diputados y senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM, MC y Panal
–los ninguneadores del Poder Legislativo- son unos auténticos farsantes. Unos simuladores del contrapeso. Unos cómplices del grupo cerrado de personas que desde el poder político y el poder económico están haciendo el negocio faraónico de Texcoco.
Preguntas, como las siguientes:
¿Cuántos contratos ha firmado el gobierno federal con particulares sobre la construcción del nuevo aeropuerto? ¿Cuáles empresas son las firmantes? ¿Quiénes son los dueños de dichas empresas?
¿Por qué estas empresas no invierten su propio dinero y, en cambio, han pedido prestados cientos de millones de pesos a las Afores de trabajadores mexicanos? ¿Cuál funcionario del gobierno federal autorizó dichos préstamos?
¿Es Luis Videgaray Caso quien está detrás de la autorización de estos préstamos? ¿O es acaso el actual candidato del PRI José Antonio Meade Kuribreña quien los autorizó desde su condición de secretario de Hacienda y Crédito Público?
¿O es que acaso detrás de estos préstamos está el mismito Enrique Peña Nieto?
¿De la totalidad de las empresas que confluyen en la construcción del aeropuerto de marras, cuántas son empresas extranjeras, específicamente de los Estados Unidos de América?
Una pregunta fundamental que debería el Congreso mexicano hacer al gobierno federal es la siguiente: ¿De entre todos los contratos firmados con particulares, ¿cuántos fueron asignados directamente, sin licitación y concurso de por medio? ¿Y por qué?
A partir de que Andrés Manuel López Obrador declaró que una vez que pasen las elecciones del 1 de julio próximo, y lo declaren triunfador, pedirá a Enrique Peña Nieto que pare la construcción del aeropuerto y que haga públicos todos los contratos, para que su equipo los revise detalladamente.
Fue como untarles chile piquín a Peña y a los beneficiarios de los contratos en salva sea la parte… El ardor es tanto que han desplegado toda una estrategia de ataque a López Obrador a través de medios electrónicos y periódicos afines de la capital del país. Y el ardor se lo han pasado a docenas de colegas periodistas de la ciudad de México, que reviran cuasi rabiosos, como azuzados, defendiendo a ultranza, a huevo, a personajes –ahora se sabe- dueños de empresas contratistas como Carlos Slim, el mafioso Carlos Hank Rohn, Hipólito Gerard, es cuñado de Carlos Salinas de Gortari, y otros sujetos de la misma calaña como Olegario Vázquez Aldir.
Ayer, una pregunta ha comenzado a calentar todavía más la hoguera en que se está achichinando Peña y asociados: ¿quién, quiénes compraron cientos de hectáreas aledañas adonde construyen el nuevo aeropuerto?
En el noticiario digital de Carmelita Aristegui, ayer, se hicieron mención de dos nombres: el de Luis Téllez, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, y el del actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, como los posibles compradores con prestanombres de cientos de hectáreas que colindarán con el aeropuerto.
La pilmama mayor que, en política, siempre ha tenido Luis Téllez ha sido Carlos Salinas de Gortari, y las pilmamas que siempre ha tenido Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT, desde sus tiempos de funcionario en el estado de México, han sido Enrique Peña Nieto y los tíos de éste Alfredo del Mazo González –padre del actual gobernador mexiquense- y el también exgobernador Arturo Montiel.
El Congreso mexicano, si tuviera un poquito de vergüenza, con esta sola pregunta tendría que llamar urgentemente a comparecer a Ruiz Esparza, y convocar urgentemente también a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a cuantas instituciones tuvieran que ver en el ajo, a que informaran sobre los terrenos aledaños.
Porque esos son la otra parte del gran negocio. Quienes los compraron pretenden, sin lugar a dudas, convertirse en los grandes beneficiarios del incremento de la plusvalía de todo ese terrenaje, a través de la especulación. Un incremento exponencial del precio.
Pero el Congreso permanece pasivo. Y al contrario, ha procurado aletargar el máximo posible sus funciones y facultades. Por ejemplo: en esta semana, llamada Semana Santa, no sesionarán ordinariamente ni un solo día, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores.
Se han ido prácticamente de vacaciones, a pesar de que la Constitución General de México no los faculta para que tengan descansos oficiales.
Tenían que haber sesionado el martes 27, ayer, y, suponiendo que el jueves Santo no por la enorme influencia que sobre la sociedad mexicana tiene la pasión de Cristo, entonces tendrían que sesionar hoy, miércoles 28. No lo harán porque se citaron para el martes de la semana próxima, los Plenos de las dos Cámaras.
Se han ido, apagando desventuradamente al Congreso mexicano, como si el país no tuviera cientos –acaso miles- de fierros en la lumbre. Lo menos que se puede suponer es que tanto esos diputados como los senadores que han conformado la mayoría perjuiciosa aquella, no quieren trabajar como constitucionalmente están obligados: servir de contrapeso a las acciones de la Presidencia de la República.
De lo que se ocupan ahora es en armar una estrategia de engaño y mentiras, en busca de votos de despistados que les permitan continuar haciendo macro negocios desde el poder.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















