Por: Vicente Bello.
La mayoría de LOS diputados federales conformada por el PRI, PVEM Y Panal aprobó ayer en San Lázaro la nueva Ley General de Comunicación Social, reglamentaria del párrafo octavo del 134 constitucional. “Ley del Chayote”, ya la tildaron los opositores.
Jorge Álvarez Máynez, diputado federal perredista, describió: “El chayote es una de las múltiples prácticas que el PRI institucionalizó en el país, y es el dinero que se les entrega a los periodistas,
a los medios de comunicación para influir en su opinión, para coartar la libertad de expresión y para hacer que se publique lo que al gobierno le
interesa”.
Más de veinte oradores en tribuna, sobre una ley que únicamente han aprobado el PRI, PVEM Y Panal. Pero falta que el Senado la refrende.
Así presentaba el dictamen en tribuna la diputada federal priísta Mercedes del Carmen Guillén Vicente, desde su condición de presidenta de la Comisión de Gobernación: “Consideramos que los términos de la ley propuesta representan avances de vanguardia para abrir y transparentar la relación del Estado mexicano y todas las entidades que lo componen, con los medios de comunicación a través de la creación del Padrón Nacional de Medios de Comunicación que queda a cargo de la Secretaría de Gobernación, tal y como lo prevé el capítulo octavo del proyecto”.
Todos, excepto aquellos tres grupos parlamentarios, aborrecían el dictamen de marras. Inclusive, tres legisladores solicitaron que fuese regresada a la Comisión, para su vuelta a dictaminar, pero para incluir revisarla en serio por parte de opositores y grupos de la sociedad civil interesados en el tema de la libertad de expresión y el derecho de la información.
Guillén Vicente argumentó que el dictamen era resultado de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en octubre de 2017 en la que “obliga al Congreso de la Unión emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, a más tardar el próximo 30 de abril”. Una sentencia derivada de un amparo que había solicitado la asociación periodística Artículo 19.
Jesús Zambrano, del PRD, dijo cuando presentó su solicitud de moción suspensiva: “Es falso lo que aquí acabamos de escuchar en voz de la presidenta de la comisión dictaminadora, la de Gobernación. Incluso se termina diciendo todavía, ‘esta es la tercera generación de las reformas electorales’, y resulta que lo que se propone en un transitorio es que, esta ley que se pretende sacar adelante entra en vigor hasta el 2019, es decir, después de que se lleva a cabo el proceso electoral más importante del México contemporáneo”.
De entre los más de veinte oradores, se distinguió la argumentación de Virgilio Caballero, diputado de Morena y periodista reconocido del país. He aquí partes medulares de su argumentación en contra: “En nuestra propuesta planteamos que la regulación de la publicidad oficial debe proteger y garantizar el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión.
“En los hechos, el dictamen legaliza las campañas de promoción personalizada, permite el uso de los recursos públicos para difundir logros personales, reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de la publicidad oficial y avala su contratación como un botín de negociación política, tal y como se ha venido realizando hasta ahora.
“Nos oponemos a que sea la Secretaría de Gobernación la encargada de expedir y evaluar la normatividad de la comunicación social. Proponemos la creación del Consejo para la Evaluación y Seguimiento de la Publicidad Oficial con autonomía técnica y de gestión que se conformará por 15 personas de prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación y radios comunitarias. Este consejo fungiría como un mecanismo de vigilancia social y como un verdadero contrapeso a los entes públicos.
“Esta ley debe establecer directrices y límites de los sujetos obligados en materia de campañas publicitarias durante las campañas electorales. Es necesario señalar una vez más que en México, además de atentados a medios de comunicación, agresiones, amenazas y asesinatos a periodistas, el Estado ha encontrado formas más sofisticadas para la censura, y por décadas la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial ha sido el mecanismo más eficaz para controlar e impedir el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión.
“Estas reprobables prácticas han atentado contra nuestra débil democracia y han contravenido el mandato de nuestra Constitución en sus artículos 6o. y 7o., así como lo establecido en los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establecen que el derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a plena censura previa. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y de opiniones.
“La simbiosis entre gobernantes y dueños de algunos medios de comunicación, curiosamente de los medios con mayor poder económico, ha sido de gran provecho político y económico para los gobernantes y partidos políticos del régimen, a costa del derecho a la información de la
población.
“Recuérdese que Felipe Calderón ejerció cerca de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial, cifra igualada en 2017 por la actual administración priísta de Enrique Peña Nieto, de quien se espera que al final de su sexenio habrá ejercido cerca de 60 mil millones de pesos, de acuerdo con datos y estimaciones de las organizaciones, artículo 19 y Fundar”.
Esto continuará en el Senado. Veremos.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















