Por: JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH.
La actuación de autoridades “clave” de la elección en la PGR o el Tribunal Electoral está resultando un verdadero peligro para el juego democrático. Sus actos no son propios de la naturaleza jurisdiccional o los de una fiscalía que, por definición, está para controlar la legalidad de los partidos y perseguir el delito, no para truquear a favor o en contra de ningún candidato. Su terreno es el del piso parejo, no el de la política.
Por eso, la interrogante que abren es hasta dónde pueden hacer retroceder al viejo presidencialismo, cuando las instituciones eran manejadas por el Ejecutivo sin limitaciones ni contrapesos.
Con el proceso en marcha hay dos hechos graves que justifican la preocupación por el riesgo de ser usados para incidir en el curso de la contienda. Su actuación exhibe que hoy el mayor riesgo de la democracia es que el gobierno trasgreda sus límites para empujar el triunfo de su candidato al precio que sea. Un signo grave de la proximidad del daño se advierte desde el lugar central del cuestionamiento político de ambas instituciones, que incluso oscurecen el debate electoral entre partidos y candidatos.
La primera causa de preocupación es la apertura de la boleta a un quinto candidato, Jaime Rodríguez, El Bronco, a través de un fallo judicial basado en conjeturas que siembran desconfianza e incertidumbre de la autoridad en el proceso. De forma insólita, la decisión del Tribunal ha dado lugar a una confrontación pública con el INE, que había negado la candidatura independiente al exgobernador de Nuevo León por presentar más de un millón de firmas fraudulentas o irregulares. Los magistrados han descalificado el trabajo del INE y entre ellos, por ejemplo, Marco Baños, han acusado motivaciones políticas al abrir la boleta electoral a un presunto delincuente electoral.
La mayor concurrencia de candidatos favorecería al PRI, como ocurrió en el Estado de México, aunque bajo el supuesto de que El Bronco podría restar algunos puntos para bajar en las encuestas a López Obrador. ¿Sería suficiente un juicio por indicios para debilitar la legitimidad del máximo órgano de justicia electoral del país?
Si el INE o el Tribunal no hicieron bien su trabajo, debían responder por el daño causado e incluso, como reclama Jorge Alcocer, deslindar responsabilidades ante hechos graves de instituciones que contarán los votos y calificarán la validez de la elección. Pero mucho más grave sería que por razones políticas permitieran competir a un candidato sin importar los medios para llegar. Los barruntos de crisis en la elección presidencial hoy derivan de la peligrosa actuación de las instituciones encargadas de amparar el valor del voto.
El segundo hecho de enorme intranquilidad es otro fallo, también del Tribunal Electoral, sobre la difusión de la PGR de un video de Ricardo Anaya, implicado en un caso de lavado de dinero de una nave industrial en Querétaro. El fallo corrobora el uso faccioso de la fiscalía para afectar su imagen por la utilización de recursos públicos para desprestigiarlo en violación al artículo 134 constitucional. Esto es, se reconoce que, por motivos no explicados, la PGR afectó la equidad de la contienda en una clara trasgresión de los límites institucionales en perjuicio de un candidato presidencial.
Ya antes, vale recordarlo, fue removido el fiscal de delitos electorales de la PGR tras la denuncia de presiones por investigar las acusaciones del caso sobre sobornos de Odebrecht y desviación de recursos a la campaña de Peña Nieto en 2012.
El manejo de las instituciones en el proceso electoral deja entre la ciudadanía una percepción de indefensión democrática y jurídica. El mensaje que envían es, como advirtiera la presidenta del Tribunal, Janine Otálora, que se vale utilizar cualquier medio para buscar el poder y —agregaría—para retenerlo. Lo extraño es que esa no sea la lectura de los candidatos y sus partidos, que por menos han reclamado elección de Estado.
Fuente: Excélsior.
















