Por: Vicente Bello.
A matacaballo, de madrugada, y con los votos de los senadores del PRI, PVEM y Panal, el Senado de la República refrendó ayer la Ley General de Comunicación Social y la ha enviado al Ejecutivo para su promulgación. Treinta y cuatro oradores. Número inusual. Como inusual son las aprobaciones de la una a las tres de la mañana.
Con esta ley, el PRI pretende limitar la libertad de expresión, juzgó Alejandro Encinas desde la tribuna.
Y añadía: “Durante casi seis años hemos sido testigos de cómo se han venido imponiendo una serie de medidas que han tenido como fin limitar el pluralismo en la información, la libertad de opinión y el pensamiento crítico de los ciudadanos.
“Desde dotar de un mayor poder económico al duopolio televisivo, limitar los derechos de las audiencias y el ejercicio de la réplica, hasta las más terribles prácticas, como la persecución, la violencia, la censura periodística y las múltiples represalias contra comunicadores a lo que se suma la violencia contra el ejercicio del periodismo.
“No en balde hoy nuestro país es el segundo país más violento contra los periodistas, donde se registra en promedio 1.5 agresiones todos los días, y lamentablemente acredita un nivel de homicidio de periodistas en ejercicio de
sus funciones.
“Y ahora con este dictamen se pretende legalizar un modelo de comunicación que se ha caracterizado por el uso excesivo y discrecional de los recursos públicos, con el único fin de mantener el control de los medios de comunicación y legitimar la imagen de un presidente que ha alcanzado los niveles más altos de reprobación por parte de la ciudadanía a partir del dispendio de recursos públicos que en materia de propaganda gubernamental, durante el gobierno de Peña Nieto, nos ha costado a todos los mexicanos 40 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 28 mil 270 millones han sido por la vía del sobre ejercicio, del presupuesto autorizado por la Cámara de los Diputados”.
Encinas, incisivo, agregó: “De esos recursos el 56 por ciento del gasto de publicidad oficial se ha destinado únicamente a 20 medios de comunicación, entre los cuales empresas como Televisa o Televisión Azteca concentran casi el 20 por ciento del gasto total en materia de propaganda
gubernamental.
“Este es el modelo que quieren legalizar con este dictamen, un modelo que reivindica, como lo dijo aquí el Senador Héctor Larios, la máxima de José López Portillo: ‘No te pago para que me peguen’. Y por supuesto quien apoya al gobierno es el principal beneficiario de estos recursos”.
¿Y qué hubo dicho el senador Héctor Larios Córdova, del PAN? Esto: “Es el cumplimiento estricto del espíritu del cuarto párrafo del artículo 134.
“Dice este cuarto párrafo de manera coloquial que toda comunicación de un ente de gobierno de cualquiera de los tres órdenes o de cualquiera de los tres poderes, tiene que ser de carácter institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social, y cuando uno se adentra al estudio de esta ley, se encuentra con la primera definición que aparece en el artículo 4º y la definición se refiere a una campaña de comunicación social, y dice: Es un campaña de comunicación social, es el conjunto de acciones de comunicación de las acciones o logros de gobierno.
“¿Acaso el difundir los logros de gobierno, las acciones de gobierno es un tema de carácter educativo, de orientación social, informativo? Es literalmente tirar el dinero a la basura de los contribuyentes.
“Es obvio que el gobierno municipal de cualquier ciudad tiene que hacer campañas de información para decir: Se está pavimentando esta calle, tienes estas opciones para poder circular.
“Tiene que hacer campañas de información para anunciar las campañas de vacunación de las mascotas y muchísimos temas, pero que gaste cantidades ingentes de dinero en decir que es un gobierno que trabaja bien, que lo hace mejor que los anteriores, que nada existía antes que ellos.
“Y eso sucede para todos los partidos políticos, a lo mejor lo aprendimos del PRI, pero está en los gobiernos del PAN y están en los gobiernos del PRD y de todos los signos políticos.
“Pero luego el gobernador, la gobernadora tiene su campaña de publicidad para decir que las acciones de la capital, porque es gobernada por otro partido, son obra del gobierno del estado y gasta cantidades enormes de dinero, lo afirmo con las pruebas en la mano”.
Y ejemplificaba Larios así: “El año pasado, el municipio de Hermosillo gastó más en comunicación social, es decir, en propaganda que en obra pública y esto es una verdadera aberración, de los informes de gasto público, del dinero público, porque luego es escondido por convenios, por las empresas paraestatales”. Y otra ejemplificación: “El gasto del Gobierno federal, en lo que va de esta administración ronda los 45 mil millones de pesos. Cuando menos hay otros 60 mil de gobiernos estatales y municipales.
“¿Qué podría este país cambiar con esas cantidades de dinero que son mayores que el presupuesto de varias Secretarías? Me parece que ese es el tema central”.
Precisamente, en el centro del debate fue colocada la Secretaría de Gobernación, las Secretarías Generales de Gobierno estatales y las direcciones de Gobernación municipales. Serán las dependencias encargadas de empadronar a los medios de información que quieran publicidad oficial.
Zócalo de Saltillo.
Un río de críticas contra el PRI y Peña Nieto barbotó de la tribuna, como aquella, de Ernesto Ruffo, en que se afirmaba que la ley es inconstitucional y, en demanda de controversia, La SCJN podría anularla.
(Continuará)
















