Por: Xavier Díaz de Urdanivia.
En estos tiempos de campañas y seudo debates hay temas prioritarios que se sienten ausentes. Uno de ellos es el del llamado “estado de derecho”.
Creo pertinente retomar la cuestión, y aún confrontarla con otra, la justicia, que comparte esa condición de prioridad.
Para comenzar, parece recomendable identificar los contornos de ese modelo contemporáneo de organización socio-política que,
entre otros apelativos, se conoce también como “estado constitucional”, “estado social de derecho” e incluso como “estado social y democrático de derecho”, y que no puede entenderse si se le sustrae de su condición social y de su carácter dinámico.
En ese camino se antoja propicio el binomio que ya se trasluce en la fórmula: derecho y estado son dos conceptos determinados a transcurrir juntos, so pena de que en la falta de alguno se de en la barbarie y el caos, donde la fuerza, y no la razón, sería la medida de las relaciones sociales. También se aprecia benéfica la asociación de esa díada con la democracia, tan polémica, tan discutida, tan poco entendida en el fondo.
El tema es de la mayor importancia, pero no deja de tener sus dificultades. De suyo, buena parte de la filosofía jurídica y política de –cuando menos– los últimos 200 años se ha dedicado a la búsqueda de la relación entre tales conceptos, sin que se hayan generado acuerdos convincentes y duraderos sobre tal vínculo, lo que ha ocasionado doctrinas ambiguas e insuficientes para explicar una realidad social que, a pesar de todo, acaba por imponerse.
Ese hecho, sin duda, ha contribuido a la confusión sobre el tema y ha generado condiciones que alientan la propensión al manejo de esos conceptos como instrumento, inclusive, de fines aviesos, cuando que su vocación semántica apunta en el sentido contrario ¿Será porque se les ha exigido demasiado? ¿Quizá porque mucho se espera de ellos?
En el fondo, todo disenso parece descansar en una carencia que hace parecer a las posiciones diversas como antagónicas: el vacío que se deja –y la confusión que se crea– cuando se pierde de vista que en esa simbiosis existen también elementos morales.
En efecto: un falso dilema se plantea cuando se pretende ofrecer como excluyentes a la certeza que brindan las normas preexistentes –la seguridad jurídica– y esa entidad tan difusa pero tan perceptible –sobre todo cuando se hecha de menos– que es la justicia. La primera pertenece al mundo de los fenómenos objetivos que, culturales al fin, se dan en el medio de las relaciones sociales; la segunda, en cambio, por ser un valor, pertenece por antonomasia al reino de la moral, que sólo se ve objetivada cuando se ve transformada en normas jurídicas.
La vieja polémica entre iuspositivistas y iusnaturalistas, que tendían a ocupar los extremos en la discusión, va cediéndole el paso a una concepción del derecho que no sólo atiende a las formas, sino también a la corrección material, a los contenidos, y que tiene por timbre de distinción, según algunos, a la justicia.
Entre estos dos polos se mueve el derecho, y con él un estado que tiene en su base a la sociedad y no puede escindirse de ella. Por eso, en esa tensión dinámica cotidiana entre la igualdad y la libertad es que se definen las rutas concretas que, diferentes y todo como son entre cada estado concreto, comparten el rumbo de la dignidad personal, al menos en términos de ideal
prescriptivo.
En ese sentido, la frase que enuncia –tautológicamente, según estoy convencido– al modelo institucional que ha dado en sentar sus reales por el mundo que llaman “occidental”, es decir, el “estado de derecho”, que ineludiblemente ha de satisfacer valores éticos, incorporándolos a la norma positiva.
Bien harían los candidatos en ocuparse del tema, si quieren de veras profundizar en los problemas que aquejan a nuestro país.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















