Por: Armando Hernández Cruz*.
* La sociedad ha logrado articularse para introducir a la agenda nacional la lucha contra este mal
Es bien sabido que la corrupción es un asunto transversal, pero que afecta de forma más pronunciada a las personas con menores ingresos. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),
los hogares mexicanos destinan en promedio 14% de su ingreso a actos de corrupción, la situación es aún más grave para las personas que perciben el salario mínimo pues la cifra alcanza 33% del ingreso familiar.
Expertos, académicos y gobiernos reconocen de forma unánime que la corrupción es uno de principales retos de las instituciones mexicanas. Para dimensionar el tamaño del problema basta con decir que, de acuerdo con información de Transparencia Internacional, la corrupción le cuesta al país $347 mil millones anuales. Dos factores importantes para combatir este fenómeno son: la participación de los ciudadanos y la existencia de instituciones que prevengan, investiguen y sancionen los actos de corrupción.
La participación ciudadana en el combate a la corrupción se ha consolidado gradualmente durante los últimos años. La sociedad ha logrado articularse para introducir a la agenda nacional el combate a este mal. Inclusive fueron los ciudadanos quienes lograron integrar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas la obligación de los servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal (artículo 32) con el fin de que esta información pudiera hacerse pública. Esta participación corresponde a una cultura de la legalidad —en otras palabras, el respeto al Estado de derecho—, que necesita estar cada vez más arraigada en la sociedad mexicana.
La sociedad tiene un lugar esencial en esta tarea porque funge como observadora de la vida y los asuntos públicos, y al mismo tiempo como un contrapeso del poder estatal. La trasparencia es una obligación del Estado y un derecho para los ciudadanos, pues otorga a los ciudadanos un papel muy importante.
Otro ejemplo del rol de los ciudadanos en el combate a este fenómeno es su papel en el Sistema Nacional Anticorrupción —la instancia encargada de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en México, de acuerdo al artículo 113 de la Constitución—, pues una de las características más relevantes de esta institución es que su Comité Coordinador —y máxima autoridad interna— está presidido por un ciudadano. El Presidente del Comité Coordinador es el encargado de, entre otras cosas, convocar y presidir las sesiones del Sistema, y presentar para su aprobación las recomendaciones emitidas por el organismo.
La participación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción es el principal mecanismo institucional a través del cual los ciudadanos pueden participar para combatir la corrupción. No obstante esto no excluye la posibilidad de que los ciudadanos participen en el combate a la corrupción de manera individual o grupal. Como ha quedado establecido en párrafos anteriores, la corrupción es asunto complejo que sólo puede combatirse de raíz fomentando la cultura de la legalidad; así la observancia y el cumplimiento de la ley deben como el principal instrumento para combatirla.
Flor de loto: No se puede cambiar al mundo pensando que no se puede.
*Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México
Fuente: Excélsior.
















