Por: Vicente Bello.
Para esta Comisión Permanente no hay nada importante qué decir en la sesión ordinaria, más allá de lectura de comisiones, presentación y votación de algunos puntos de acuerdo y presentación de una docena de iniciativas.
Los mandamases del Congreso –los coordinadores del PRI, PAN y PRD- han torcido una vez más la jornada legislativa de México para evitar, a toda costa,
que la oposición ejerza la función del contrapeso constitucional.
Nomás no existe para este Pleno de la Permanente un solo caso que amerite ser aireado en la tribuna, sobre las campañas electorales. Expertos en hacerse los tiololos, los senadores y diputados priístas, panistas y perredistas soslayaron acusaciones graves, como aquella que ha publicado la revista Proceso ayer mismo, de que el gobierno de Enrique Peña Nieto anda por todo el país con dinero público posicionándose para comprar votos para el 1 de julio próximo, en favor de su candidato, José Antonio Meade.
Los datos que publica la publicación de marras son del Colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza, una asociación civil que se ha abocado a seguirle los pasos que Peña Nieto está dando por todo el país a partir de enero pasado con la Sedesol, la Sagarpa y la Sedatu.
El Colectivo de marras acusa que ya están comprando los votos. Y este enfebrecido proceso de prostitución de la gente más pobre se mide con los siguientes precios, según el “sapo” la pedrada, o según se dejen: compras subrepticias que van desde los 150 pesos hasta los 5 mil pesos por cabeza. Aunque, dice el Colectivo, el grueso de la compra anda en los 500.
En su nota, Proceso registra una declaración de Alberto Sendón Rosales, coordinador del Colectivo, quien previno: “La compra de votos puede ayudar a conseguir cargos, pero no sirve para combatir la pobreza. Son actos inmorales e ilegales. Aún queda un mes y medio de campañas, y es justo cuando se va a intensificar”.
Esta compra silenciosa de votos no la ve el Congreso de la Unión, que debería estar conformando una comisión especial de seguimiento de estos hechos electorales delincuenciales, perpetrados por Enrique Peña Nieto a través de instituciones del Estado que han sido pervertidas y distorsionadas de sus funciones constitucionales.
ESTRIBO: la reforma educativa
Aquel jueves 20 de diciembre de 2012, en el Senado, la reforma constitucional en materia educativa seguía soliviantando al país. El entonces senador del PAN Javier Corral Jurado se congratulaba de la reforma: “Ahora estamos ante otro de los compromisos de ese pacto por México al que también los diputados y luego los senadores le hemos dado una importante dimensión para ensanchar sus propósitos reformadores”.
Y apostillaba una vez: “La reforma creo sinceramente que avanza en el rescate del secuestro en que ha mantenido al proceso educativo y a su evaluación los criterios autoritarios del corporativismo sindical, se trata de una reforma que sienta las bases para otra reforma de carácter integral a la Ley General de Educación, y constituye un piso, un referente para la acción legislativa de los próximos meses”.
Y apostillaba dos veces: “No, no es la reforma integral. ¡No! No es la reforma definitiva. ¡Tampoco! No es una, por decirlo así, lo que se le ha dado en llamar ‘la reforma ideal que todos quisiéramos’, pero sí es una reforma que hace avanzar propósitos reformadores que van a desprender otros, y sobre todo el reto estará en la ley reglamentaria”.
Corral Jurado –quien entonces como ahora como gobernador de Chihuahua les ha agarrado tirria a los maestros- les recomendó a éstos: “Los maestros de México no deben dejarse engañar. Lo más importante es que debieran ser ellos en tomar conciencia de los beneficios, de la dimensión de esta reforma, porque el verdadero maestro no le tiene miedo a la evaluación educativa; porque su talento será el único criterio para tomarse en cuenta y poder ascender, poder avanzar, poder ingresar y no las lealtades políticas partidistas, grupales o corporativas. No los intereses fuera del aula. No los intereses extracurriculares.
Hay que liberarse de los criterios arbitrarios y por supuesto, someter a los profesores a criterios de evaluación”.
Uno de los senadores que contra argumentaron fue Adán López Hernández, del PRD, quien, en tribuna, dijo: “Cuánta vergüenza debe darnos que lo que llevó prácticamente 60 años construir en este país, que constitucionalmente se viera reflejada el acceso a la educación pública, gratuita, laica y de calidad, hoy en menos de 12 horas vamos a modificar la Constitución, cuando ni siquiera la mayoría de quienes integramos este cuerpo colegiado hemos tenido la oportunidad de revisar en qué consiste a profundidad la famosa Reforma Educativa”.
Reforzó: “¿Cuál Reforma Educativa? Realmente no hay una respuesta. No hay respuesta, porque la Reforma Educativa planteada en la iniciativa de decreto enviada por el Ejecutivo y en el Pacto firmado por los presidentes de los tres partidos políticos, no se menciona lo que más le preocupa a la sociedad”.
Y remachaba Adán: “No votaré a favor de esta reforma no sólo por los argumentos antes expresados, sino también porque se equivocan quienes de nuevo dejan de lado la participación del verdadero magisterio nacional, sustituyéndolo por la participación simulada de una burocracia sindical que ha dado muestras una y otra vez de que sus prioridades no son ni la defensa de los intereses magisteriales, mucho menos la calidad educativa”.
Hace casi seis años esto decían en torno de una reforma que hoy ha irrumpido en medio de la efervescencia electoral del 2018. (Continuará)
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















