Por: JOSÉ REYES DORIA.
@jos_redo
* López Obrador goza de la mayor legitimidad y mandato popular que haya tenido un Presidente de México desde Madero.
En el programa Si me dicen no vengo, que conduce Joaquín López Dóriga en el canal Foro TV de Televisa, el pasado 17 de julio, Rafael Pérez Gay analizaba los 50 puntos de Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción y por la austeridad.
El debate era intenso, con la presencia de representantes de MORENA, PRI y PAN, así como de invitados no partidistas como Valeria Moy y el propio Pérez Gay.
Pérez Gay hizo un análisis crítico de los 50 puntos de AMLO y manifestó su acuerdo el documento, pero, dijo, le extrañaba y preocupaba, que ese programa no incluyera el esclarecimiento de casos concretos de corrupción como Odebrecht, Estafa Maestra, Casa Blanca, entre otros.
Se esperaba que, ante el señalamiento de Pérez Gay, Martí Batres o Jesús Ramírez, representantes de MORENA, bajaran el balón y se lucieran, sin embargo, no dijeron absolutamente nada: el silencio fue la respuesta ante el exhorto para que se investiguen y se castiguen los casos de corrupción más escandalosos del actual sexenio.
López Obrador ha enfatizado su firme compromiso de evitar y castigar la corrupción del 1º de diciembre de 2018 hacia adelante. Son altas las expectativas de que cumpla su promesa, aunque es necesario conocer a detalle cuáles serán los mecanismos que implemente para lograr ese objetivo, cuál será la relación de su gobierno con el Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros factores.
Respecto a los actos de corrupción ocurridos del 1º de diciembre de 2018 para atrás, los mensajes de AMLO han sido ambiguos. Tanto en los tiempos de la campaña electoral, como en la actual faceta de virtual Presidente electo, López Obrador no ha manifestado el compromiso de investigar y, en su caso, denunciar y castigar los casos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Tal vez esa falta de claridad en la posición de AMLO respecto a la corrupción en el sexenio de Peña, sea la causa del silencio de Martí Batres en el programa de López Dóriga cuando Rafael Pérez Gay manifestó su extrañeza de que el plan obradorista contra la corrupción no contemple el castigo a los casos ocurridos en 2012-2018.
Ahora bien, no es solo Pérez Gay el que quisiera que se investiguen los casos de corrupción del sexenio de Peña, al menos los casos más emblemáticos que indignaron a la ciudadanía y marcaron la caída en la aprobación de su gobierno y, a final de cuentas, ocasionaron la estrepitosa derrota del PRI y su candidato Meade.
La inmensa mayoría de los ciudadanos que votaron el 1º de julio quieren que se investiguen y se sancionen los casos de corrupción de antes y de ahora. Es un verdadero clamor popular que no admite ningún tipo de matiz, un reclamo expresado en las urnas que no debe evadirse por ningún motivo.
Más allá de la dimensión ética y la congruencia política que implica la decisión de castigar o no la corrupción, en términos de legitimidad del nuevo gobierno es indispensable hacerlo, porque, de lo contrario, la cruzada contra la corrupción a partir de diciembre de 2018 carecería de la credibilidad suficiente para ser eficaz.
La corrupción indigna a la ciudadanía y AMLO hace muy bien en comprometer su capital político en combatirla a fondo. Pero la impunidad también subleva el ánimo popular, tanto o más que la propia corrupción. La impunidad en los casos más escandalosos de corrupción equivale a una doble victimización del ciudadano: la primera agresión es el desvío de recursos públicos hacia manos privadas, la apropiación del bien público; la segunda agresión es la impunidad de los involucrados que ostentan la riqueza mal habida y con ello se burlan de la sociedad.
López Obrador goza de la mayor legitimidad y mandato popular que haya tenido un Presidente de México desde Madero. Tiene, por lo tanto, la aprobación y la confianza de la gente para que lleve a cabo los cambios que prometió y que han generado genuinas expectativas de transformaciones positivas por el bien del país y, en particular, de los que menos tienen. Conocedor del sistema político y la importancia elegir las batallas que se pueden librar y ganar, se entiende que AMLO vaya con cautela en el tema de la corrupción del actual sexenio.
Su notable instinto político, es de esperarse, también le indicará tarde o temprano que, si se desata la percepción de que su gobierno avala la impunidad del actual sexenio, ello pondría en riesgo no solo su cruzada contra la corrupción, sino la propia gobernabilidad del país.
Por ello, muchos hacen la lectura, la cual comparto, de que AMLO, más allá de las ambigüedades y aparentes contradicciones que necesitó esgrimir por razones tácticas propias de la campaña electoral, sí va a investigar y castigar la corrupción anterior a su gobierno, pero sin incurrir en una cacería de brujas ni, mucho menos, inventar delitos a nadie.
Eso es lo que cabe esperar: investigación puntual de la corrupción 2012-2018, deslinde escrupuloso de responsabilidades con base en evidencias irrefutables. Sin ningún ánimo persecutorio ni de revancha. Pero, por el bien de todos, esperemos que no le abra las puertas a la impunidad, porque ello dañaría seriamente la reserva de esperanza que afloró el 1º de julio.
Fuente: Sdpnoticias.com
















