Por: Redacción.
El 18 de febrero de 1913, un grupo de soldados que cumplía órdenes del General Victoriano Huerta, irrumpió en el despacho presidencial en El Palacio Nacional. Llamó a Francisco I. Madero, para que se enterara de una supuesta insurrección. Pero era una trampa. Lo querían matar. “¡Al Presidente de la República no se le toca!” – gritó Gustavo Garmendia mientras desenfundó la pistola y mató al comandante Teodoro Jiménez Riveroll, jefe de los golpistas.
El episodio justificó durante más de un siglo las funciones del Estado Mayor Presidencial que, una vez que asuma Andrés Manuel López Obrador como Jefe del Ejecutivo, será disuelto y ya no estará a cargo de su seguridad. Es uno de los anuncios más controvertidos del virtual Jefe del Ejecutivo bajo la idea de que no habrá “seguridad especial” y “el pueblo” será quien lo cuide.
En el pasado inmediato, en los Gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), la seguridad del Ejecutivo federal no sólo la brindó el EMP. Los dos Presidentes contrataron además al Servicio de Protección Federal, un órgano integrado en 2009 por fuerzas federales, que proporciona protección, custodia, vigilancia, así como seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias gubernamentales que así lo soliciten.
Para cuidar las instalaciones en las que se movían, entre los dos Presidentes se gastaron en ese servicio 132 millones 819 mil 440 pesos, de acuerdo con la identificación de los contratos respectivos en Compranet y el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).
El Estado Mayor Presidencial es un cuerpo de fuerzas armadas con la misión fundamental de proteger al Jefe del Ejecutivo, a su familia, a Secretarios de Estado y a otras personas. Opera con más de dos mil militares, nueve aviones y ocho helicópteros a su disposición, proporciona también seguridad y apoyo logístico a dignatarios extranjeros durante sus visitas a México. También tiene la misión de coordinar la seguridad y la logística integral de las reuniones internacionales de jefes de Estado y de Gobierno, así como las de nivel ministerial organizadas por el Gobierno Federal.
Con la encomienda de cuidar al Presidente, la seguridad nacional ha sido el argumento de este órgano adscrito a la Presidencia de la República para reservar información. Este sexenio, el EMP puso bajo reserva el número de elementos de seguridad con los que cuenta el Presidente Enrique Peña Nieto, el número de escoltas y la dirección de donde salió hacia la Cámara de Diputados para tomar protesta el 1 de diciembre de 2012.
Pese a su existencia, en 2009, Felipe Calderón Hinojosa creó por decreto un nuevo órgano para resguardar tanto a personas, como los bienes de la Presidencia, con la justificación de prevenir delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos. Aun cuando quedó estipulado que las entidades públicas pagaran una contraprestación, de acuerdo con tarifas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ese año, la guerra en contra de los cárteles del crimen organizado, iniciada en diciembre de 2006, recrudeció en todo el país. Los homicidios bajo violencia se habían duplicado con respecto a 2007 (una tasa de 16.4 por cada 100 mil habitantes). El 17 de diciembre, Arturo Beltrán Leyva, jefe del llamado Cártel de Sinaloa, fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina, frente a las cámaras de televisión en Cuernavaca, Morelos.
Los bienes de la Presidencia, bajo resguardo de ese servicio, son 16 inmuebles cuyo valor es de nueve mil 91 millones, entre los cuales están El Palacio Nacional y la residencia oficial de Los Pinos, de acuerdo con un reporte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), incluido en la cuenta pública de 2014, en la Auditoría Superior de la Federación.
El Palacio Nacional, donde despachará el nuevo Presidente de la República, según datos del Indaabin, asciende a 3 mil 221 millones 179 mil 900 pesos. Entre los bienes también se encuentran el Hangar Presidencial, el Campo Marte, oficinas administrativas, así como unidades deportivas y de hospitalización del Estado Mayor Presidencial.
Fuente: Por Esto.
















