Por: Salvador García Soto.
El futuro del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es cada vez más incierto, luego de que los empresarios y constructores más ricos del país, encabezados por el ingeniero Carlos Slim Helú, se negarán a continuar con la obra, a terminarla y a operarla bajo el régimen de concesión, ante el ofrecimiento que ya les hizo en ese sentido el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
El argumento que dieron Slim y otros empresarios para rechazar la concesión del Nuevo Aeropuerto en el antiguo Lago de Texcoco fue que “su mantenimiento será demasiado costoso” por lo que no les interesó el planteamiento que les hicieron Andrés Manuel y su equipo técnico que realizó los dictámenes sobre la viabilidad de la obra aeroportuaria iniciada en el actual sexenio.
Fue por esa negativa de Slim y otros empresarios con la capacidad económica para hacerse cargo del NAIM, que López Obrador optó por convocar a la “consulta popular” en la que le pedirán a la población en general expresarse sobre si debe continuarse con el actual proyecto que se construye en Texcoco o se debe optar por mantener la actual terminal y construir dos nuevas pistas en la Base Aérea de Santa Lucía, para atender la demanda aeronáutica de la capital del país.
El problema, según una fuente de alto nivel del gabinete electo de López Obrador, es que tampoco en el futuro gobierno quieren continuar con el Nuevo Aeropuerto en Texcoco, porque consideran que el costo económico es demasiado alto para las finanzas públicas, además de que aseguran que los hundimientos en el terreno y el mantenimiento de la nueva terminal, tal como está diseñada, serán muy costosos y representarán una carga muy pesada para las finanzas públicas.
De hecho, según la misma fuente, la apuesta del grupo gobernante en la consulta popular, cuyas características, tiempos, organización y preguntas aún se desconocen, sería a que gane el “no” al Nuevo Aeropuerto y a partir de ahí impulsar la opción de Santa Lucía.
Y si los empresarios que tienen la capacidad económica en el país, como Slim, no quieren la concesión, “por el alto costo de operación y mantenimiento”, y la misma razón esgrime el futuro gobierno de López Obrador para no continuar con la obra, la pregunta es qué pasará entonces con la obra cumbre del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿la van a cancelar? ¿Qué harán con todo lo ya construido y con las millonarias inversiones de dinero público y privado ya realizadas en una obra que se supone lleva ya un avance de 30%?
Y lo más grave y riesgoso para el país ¿cómo van a enfrentar las recisiones de contratos públicos ya otorgados, los inevitables pagos de indemnizaciones que eso significará y, lo más grave, el deterioro de la imagen y hasta de la calificación de México por parte de las agencias financieras internacionales, que incluso podría aumentar el riesgo al país a la inversión foránea si se cancela una obra como esa. ¿Tendrán todo eso calculado en el equipo de López Obrador y entre los empresarios que no quisieron aceptar la concesión?
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















