Por: Vicente Bello.
En los territorios de la Cámara de Diputados Ayotzinapa bramaba cuatro años después con la fuerza de mil toros. ¿Dónde están?, se preguntaban todos otra vez. Y el PRI respondía con una respuesta históricamente repetida una y mil veces: “La participación del Ejército fue tangencial y no hay indicadores de que haya detenido o desaparecido a alguno de estos estudiantes”, sostenía Benito Medina Herrera, priísta,
pretendiendo contener, siquiera un instante, la avalancha de reclamos y acusaciones de todos los demás, en el sentido de que la desaparición de los 43 normalistas es un auténtico crimen de Estado.
Hacía un instante, en tribuna, el imbatible Gerardo Fernández Noroña hubo dicho: “Cualquiera que lea Ayotzinapa, la hora, los rostros, de Tryno Maldonado, puede saber que fue el Ejército, que fue la Policía Federal, que fue la Policía del Estado quien detuvo a esos estudiantes y que en una noche interminable los persiguió, los acosó. Asesinó a varios ahí en el lugar”.
Y luego, el recuento del horror. Noroña agregó: “A un joven le quitaron la cara vivo todavía, lo desollaron en el lugar. A un joven lo dejaron ahí como si hubiera sido asesinado y sigue a estas alturas en una condición precarísima de su salud, conformándose el gobierno de Enrique Peña Nieto con unas migajas que da tarde, mal y nunca”.
Era la hora también del debate camaral. La hora de la galopante 64 Legislatura, que con Porfirio Muñoz Ledo al frente ha devuelto el capítulo –suprimido casi durante cuatro legislaturas por el PRI y PAN- de los comentarios políticos.
Víctor Mojica Wences, diputado de Morena, había comenzado diciendo, con la voz en cuello, los nombres de los 43 estudiantes que hace exactamente cuatro años se internaron en una noche negra de la que no han salido todavía. Y entonces el eco de la asamblea, contando el uno, dos… hasta completar el 43 y rematando con la expresión, furibunda casi, de “Justicia”.
Lo que, además, se exigía por parte de los grupos parlamentarios contrarios al PRI, era que Enrique Peña Nieto “instruya a quien corresponda reiniciar la investigación sobre la desaparición y búsqueda de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, apegado a la verdad y a una comisión de ella, con amplia satisfacción de resultados y justicia para quienes fueron lastimados de manera directa e indirecta y para los mexicanos, en general”.
El camaleónico Pvem, que ha demostrado hasta la cachas no tener rubor alguno, ahora ya exige lo que hace poco no: “la aclaración de la desaparición de los 43 normalistas”.
Lilia Villafuerte Zavala, diputada del PRD, ya decía: “No seamos inocentes, esa noche todas las advertencias que nos indicaban que tendríamos un narco-estado se cumplieron de la peor manera, truncando la vida de nueve muchachos en el sitio de los enfrentamientos y 43 más desaparecidos, con la colaboración de agentes policiales y la convivencia de las autoridades municipales, estatales y federales, además de los 27 heridos que resultaron de los tiroteos”.
Zócalo de Saltillo.
Kehila Abigail Ku Escalante, del Movimiento Ciudadano: “El crimen de Ayotzinapa, sí es un crimen de Estado, porque las instituciones de procuración y justicia han sido incapaces de esclarecer los hechos, de juzgar a los responsables directos y a las autoridades cómplices por omisión de tan lamentables hechos”.
Dijo entonces María del Carmen Cabrera Lagunas, de Encuentro Social, y guerrerense: “A pocas horas de cumplirse cuatro años de este atroz acontecimiento, es inconcebible pensar que ante la magnitud de los hechos no estuvieran involucrados los mandos de seguridad de los tres órdenes de gobierno en la complicidad con el crimen organizado”.
Y remachaba: “A cuatro años, este hecho tan lamentable demuestra la descomposición y la fractura social que vivimos como país y la opacidad con que se realizan las investigaciones que acabaron siendo insostenibles ante la opinión pública, por la falta de sustento y veracidad jurídica, y solo muestran la falta de justicia, la corrupción y la más lacerante filtración del crimen organizado a los más altos niveles del gobierno federal, pues resulta insostenible pensar que ninguna instancia de gobierno sabía nada de lo que estaba pasando ese día, cuando el Ejército Mexicano cuenta con dos cuarteles militares y uno de ellos responsable de realizar las labores de inteligencia militar”.
También el PAN se preguntaba por qué tantas equivocaciones de Peña Nieto en este caso, quien con sus declaraciones de que sentía “dolor e indignación”, por los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, solo demostraba insensibilidad.
Y el apostille de la panista María Gutiérrez Valdez: “Es evidente que el gobierno mexicano no ha actuado en la línea de resolver el caso, sino que simplemente se ha dedicado a administrarlo bajo la perspectiva de que el paso del tiempo y la difusión de una versión increíble de los hechos disminuirán la indignación social”.
Pero ocurre el efecto contrario. No solo no disminuye la atención en los 43 infortunados estudiantes, sino que se acrecienta.
Y lacera.
Idalia Reyes Miguel, diputada de Morena, resellaba la tribuna, así: “A cada rato nos acordamos de nuestro hijo. Si vemos una foto o algo nos sentimos mal. Si estamos comiendo nos acordamos, si él estará comiendo o estará bebiendo. ¿Le darán agua o no?, o no sabemos cómo está’. Palabras de un padre de Ayotzinapa”.
En cada aniversario, el Congreso, a querer o no de los priístas, debatía. Pero esta vez se sentía la fuerza, el poderío de una mayoría absoluta que galopa a contrapelo de la historia reciente.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















