Por: Gilberto Guevara Niebla.
La rememoración de la tragedia de Tlatelolco es una oportunidad para reflexionar sobre nosotros: ¿qué somos? ¿cómo estamos? ¿a dónde queremos llegar?, en tanto comunidad nacional. La matanza del 2 de octubre simbolizó el fin del régimen autoritario identificado con el PRI y el Presidencialismo.
En estos 50 años hemos presenciado la degradación lenta, pero inexorable,
de ese sistema que tras la Revolución Mexicana logró gestar una hegemonía impresionante que permitió la industrialización acelerada de México y la emergencia de la modernidad social que hoy conocemos.
Pero esa hegemonía no fue substituida por otra hegemonía de signo democrático —como hubiera sido deseable—. No, lo que hubo fue una politización creciente de la sociedad que se proyectó, primero, como activismo social revolucionario y, más tarde, como acción política de partidos.
Pero en este largo proceso la cultura política democrática no creció. Una encuesta reciente reveló que sólo el 17 por ciento de los mexicanos simpatiza con la democracia como sistema político. Es decir, lo que hubo en México en estos 50 años no fue una profunda transformación democrática sino una creciente libertad acompañada de reformas electorales inclusivas.
Estos cincuenta años han sido años de debilitamiento exponencial del Estado. Más grave aún, ha sido una degradación del Estado, en la medida en que las instituciones públicas han sufrido en el proceso una pérdida dramática de eficacia.
México goza hoy de amplias libertades: libertad de expresión, libertad de organización, libertad de participación, libertad de acción política, etc. y, simultáneamente, se ha desarrollado en la sociedad una nueva sensibilidad hacia los derechos humanos producto, en gran parte, de la creación de instituciones como la CNDH y el Conapred.
Como consecuencia de todo esto, hoy somos testigos de un activismo social y político sin precedentes. Este activismo es reflejo de un malestar social diverso, extenso y profundo. En este medio siglo, los gobiernos han mostrado total ineficacia para edificar una sociedad justa no obstante que la riqueza nacional ha crecido espectacularmente.
La riqueza se distribuye en México de forma extremamente desigual y no hemos tenido en este lapso un solo gobierno federal capaz de desafiar al poder empresarial estableciendo tasas progresivas de impuestos (ergo, que los ricos paguen más impuestos que los pobres). Por lo mismo, tenemos una sociedad injusta, contrahecha y deforme.
Esta sociedad irritada, agraviada y ofendida por esta realidad es la que llevó a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Pero si buscamos un eje, un punto central que explique el agravio social y las deformidades estructurales, creo que nadie pondrá en duda que se trata del Poder Judicial.
El movimiento de 1968, que exigía el respeto a la ley, la masacre de Tlatelolco y los procesos judiciales que se montaron contra los líderes estudiantiles fueron una demostración palpable y tangible de que el sistema mexicano de justicia era una aberración. Pues bien, en este medio siglo transcurrido, su decadencia se ha acentuado bajo el impacto de la corrupción, la inmoralidad y la incompetencia.
¿Cómo explicar, si no, el caos que impera en el país? La violencia y la corrupción socavan gravemente nuestra convivencia, tan gravemente, que sentimos todos que México se hunde, irremisiblemente, en la barbarie. ¿Acaso no es éste un momento oportuno para convocar a todos los mexicanos a hacer un esfuerzo para revisar a fondo los fundamentos de nuestra convivencia?
Fuente: Crónica.
















