Por: José Fernández Santillán.
El Presidente Electo decidió someter a consulta popular el destino de Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El proceso se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre en 538 municipios. Los resultados se darán a conocer el 29 de octubre y tendrán efecto vinculante.
En la papeleta que se les dará a los ciudadanos se lee: “Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? A) Reacondicionar el actual aeropuerto y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía; B) Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco y dejar de utilizar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El costo aproximado de la consulta será de 1.5 millones de pesos y será cubierto con aportaciones de los legisladores de Morena; se instalarán mil 73 casillas que serán atendidas por voluntarios.
No obstante, esta práctica de democracia directa se realiza fuera de la ley. En efecto, en nuestra normatividad electoral está previsto que cualquier ejercicio de este tipo se realizará en momentos en los cuales haya comicios para puestos de elección popular.
López Obrador también se saltó un procedimiento al que han recurrido los partidos políticos en diversas ocasiones. Me refiero a las encuestas, que son mecanismos mucho más confiables para conocer el parecer de la ciudadanía. Y es que en los sondeos de opinión que se han hecho en torno a las opciones entre el NAIM y las dos pistas en la base militar de Santa Lucía, sale ganando el NAIM.
Queda claro que el tabasqueño quiere legitimar una decisión que ya tomó; vale decir, cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto y construir las dos pistas en Santa Lucía. Lo que va a hacer es movilizar a sus huestes para que acudan en masa a las urnas y voten por la alternativa que él ha estado promoviendo.
Todavía no asume el cargo de Presidente de la República y ya deja ver la manera en que gobernará. De hecho, no es extraño que actúe así: los líderes populistas tienden a desinstitucionalizar a los estados en los que toman el poder: hacen caso omiso de las leyes. Actúan por su cuenta e imponen sus propias reglas. Subordinan los otros poderes de la Unión a su arbitrio, esto es, el Legislativo y el Judicial, doblegan a la prensa, condicionan (en donde existe el sistema federal) a los gobernadores y, poco a poco, van restringiendo las libertades públicas. Un síntoma del carácter demagógico de este tipo de personajes es su convocatoria a sustituir la democracia representativa por la democracia directa también llamada democracia plebiscitaria.
Uno de los grandes pensadores políticos, Max Weber (1864-1920), estudió, entre otras muchas cosas, a la democracia plebiscitaria y la vinculó fuertemente con el poder carismático, es decir, a la capacidad del demagogo de manipular a las masas: “Es característico de la democracia de caudillaje en general el carácter emotivo y espontáneo de la entrega y confianza en el líder, de que suele suceder la inclinación a seguir como tal al que aparece como extraordinario, al que promete más, al que actúa con medios más intensamente atractivos.” (Economía y sociedad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 216).
Aquí radica la gran diferencia de los personajes históricos a los que, con frecuencia, López Obrador hace alusión, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Ellos construyeron el Estado nacional. El primero, defendió a México frente a la intervención extranjera y le dio rumbo al país por la senda de la institucionalidad republicana y liberal; el segundo llevó a cumplimiento la Constitución de 1917 y creó instituciones para satisfacer las demandas sociales. En contraste, lo que está haciendo López Obrador es desmontar ese legado y concentrar el poder en su persona. Aquéllos eran estadistas; éste es un caudillo. Weber remarca, precisamente, la diferencia entre el funcionario institucional y el vulgar cacique: “el funcionario se comporta en todo como mandatario de su señor—aquí, pues, de los electores—, y el caudillo, en cambio, como responsable exclusivamente ante sí mismo, o sea, mientras aspire con éxito a la confianza de aquéllos, actuará por completo según su propio arbitrio (democracia de caudillo) y no, como funcionario, conforme a la voluntad, expresada o supuesta (en un ‘mandato imperativo’), de los electores.” (Ibidem, p. 716)
Mario D. Serrafero dice en su ensayo “Max Weber y la democracia plebiscitaria” (Revista Internacional de Sociología, vol. 76, N° 2, 2018) que en esta democracia de caudillo la que está en peligro es la democracia porque, en realidad, el que casi siempre sale ganando ante la degradación política es el caudillo que impone una especie de “cesarismo”.
Y es lo que está pasando a nivel internacional, o sea, líderes populistas como Viktor Orban en Hungría se hacen del poder por medios democráticos, pero luego desmontan todo el sistema propio de la democracia liberal. Incluso, él mismo dijo que Hungría se había convertido en una democracia no-liberal para imponer una dictadura.
Allí el peligro.
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Fuente: Crónica.
















