Por: Francisco Javier Pizarro Chávez.
Al morir se cierra el ciclo de la vida. Todos sabemos –excepto los niños– que la muerte es irremediable. Hay diversas maneras de morir: por enfermedad y vejez, accidentes, suicidios y homicidios.
Estas dos últimas son, sin duda, las más trágicas y crueles privaciones de la vida, particularmente cuando las víctimas son niños.
En el marco de la conmemoración del día de los santos inocentes, expreso a nombre propio y, estoy seguro, de muchas familias chihuahuenses, nuestras más sinceras condolencias e indignación a los familiares de Camila, por el atroz crimen cometido en su contra hace una semana.
No se trata de un caso aislado ni fortuito. Para desgracia de todos, son miles las y los menores víctimas de estos terribles delitos, muchos de los cuales son frutos de la desintegración familiar y social y desde luego de la degradación moral en que nos encontramos inmersos.
La Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), dio a conocer recientemente que el 73 por ciento de empleados de las maquiladoras en México, dejan solos a sus hijos, niños y adolescentes, porque tienen doble turno de trabajo. (El Heraldo de Chihuahua, 27 de octubre).
Otro dato relevante es que el 71 por ciento de secuestradores de niños fueron víctimas de agresiones sexuales en su niñez o adolescencia, según dio a conocer Carlos Ochoa Quiroz, perito forense experto en perfiles criminales, quien, por cierto, tiene a su cargo definir el perfil del presunto responsable del rapto, violación y asesinato de Camila.
Esta es la problemática de fondo que las autoridades de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal— deben atender mediante políticas públicas que garanticen realmente la prevención, seguridad y protección de los menores.
Es sumamente irresponsable dejar el cuidado y protección de los infantes a los padres de familia que como informamos líneas arriba, viven para trabajar y dar de comer a sus hijos, y a las escuelas a las que asisten sus niños o niñas, que según denuncias hechas a las fiscalía son objeto de extorsiones y amenazas en contra de ellos y sus alumnos, tanto en Cd. Juárez como en Chihuahua.
Es imprescindible que los centros laborales que tienen flujos productivos masivos y cientos de trabajadores cuenten con guarderías, que en las colonias periféricas se creen comités familiares que con el apoyo de las corporaciones policiales impulsen programas de intervención social en contra de la violencia familiar, la drogadicción, el consumo de drogas y el alcoholismo, que son detonantes de conductas ya no sólo delictivas sino también criminales.
En el ámbito de la procuración y administración de justicia la solución no es establecer la pena de muerte, como aducen algunos legisladores, funcionarios de gobierno y algunas organizaciones civiles.
Lo que se requiere de entrada es que apliquen con oportunidad y eficiencia los protocolos de personas con reporte de desaparición, en particular de mujeres y menores de edad.
Eso de que cuando los familiares interponen la denuncia, el ministerio público les pide esperen 2 días a ver si regresan por su cuenta, es una pérdida de tiempo fatal que pone en riesgo la vida de las víctimas.
La búsqueda y el rastreo de su paradero debe ser de inmediato y coordinado con todas las corporaciones de los tres niveles de gobierno y desde luego de la Fiscalía de Atención a Víctimas.
Concluyo esta reflexión en voz alta con una propuesta que me parece es fundamental para poner freno a esta situación: la participación de los ciudadanos.
Es aberrante que la sociedad se preocupe más por la falta de pavimentación, baches y servicios públicos que por su seguridad y la integridad de su familia.
Insisto, todos vamos a morir, pero no debemos permitir que nosotros y nuestros hijos y nietos, muramos sin vivir. Dejemos la queja y asumamos nuestra responsabilidad familiar y social de combatir la barbarie que vivimos. Ya basta.
Fuente: Por Esto.
















