Por: Vicente Bello.
La Cuenta pública de 2016 se convirtió ayer en el retrato más acabado de la corrupción en México. En lo que ha sido un ejercicio inédito, en la historia del Poder Legislativo mexicano, la Cámara de Diputados no autorizó el ejercicio fiscal de hace dos años. Y, con ello, martillea los primeros clavos de un cadalso político claramente dedicado a Enrique Peña Nieto, quien está exactamente a un mes de dejar la Presidencia de la República.
Con el antecedente de que todavía falta la revisión de 10 cuentas públicas anuales más (las de 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015), y de que la 64 Legislatura ya procede a revisarlas, entre aquellos clavos con que la Cámara de Diputados está fijando los maderos aquellos, figuran los siguientes:
En 2016, la deuda pública creció inauditamente 952 mil 884.7 millones de pesos, respecto del año anterior. Es decir, en tanto la deuda mexicana era de no más de 6.5 billones de pesos (gigantesca, brutal, ya de por sí, herencia maldita de Vicente Fox y Felipe Calderón), a diciembre de 2016 esta ascendió a 7 billones 447 mil 963 millones de pesos.
¿Por qué? ¿En qué? ¿A quién se los pidieron? No lo dice en ese informe de revisión de cuenta pública de 2016, pero este incremento marca bestia de la deuda hizo que el servicio de la deuda para 2019 (el pago de intereses de la deuda) se espera que rebase los 800 mil millones de pesos anuales.
Al cierre de 2018, la deuda mexicana está rozando los 10.4 billones de pesos.
En esa montaña de cifras en que se ha convertido la cuenta pública 2016, figuran también las siguientes:
Hay 103 mil millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación y la misma Comisión de Presupuesto han marcado con el sello de la alarma, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no supo decir en qué se gastaron o cómo se gastaron.
De hecho, una gran parte de ese dinero corresponde al ejercicio de los ramos 20 y 23, rubros que apenas la semana pasada fueron colocados en la picota por diputados de Morena y PT, que proponen sean desaparecidos de plano, porque han sido para el presupuesto de egresos anualizado dos enormes boquetes, barriles sin fondo, por donde la clase política en el poder desvía partidas, tuerce programas y termina desviado carretadas de dinero público.
Por estos días, precisamente, el asunto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) está que arde, a raíz de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar que se cancelará la construcción del aeropuerto de Texcoco.
Hay un pleito histórico entre la presidencia electa y la clase empresarial más pudiente del país. Amlo ha estado asegurando que el NAIM ha sido un pozo sin fondo por donde han estado tirando dinero público a raudales. Que es un asunto de gran corrupción la construcción del aeropuerto de marras, ha insistido el tabasqueño.
Pues esta cuenta pública de 2016 parece que le estaría dando la razón cuando se revela que, en ese año, el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó sin mayor trámite y sin justificación contable, más de 28 mil millones de pesos para el comienzo de la construcción del NAIM.
Recursos que la Secretaría de Hacienda (entonces, su titular era nada menos que Luis Videgaray Caso) entregó –para el programa del proyecto de construcción del aeropuerto de marras- al Fideicomisio del Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México; mejor identificado como el aeropuerto del lago de Texcoco.
Los diputados rechazaron ayer la cuenta pública de 2016. Precedieron a este rechazo del Pleno los posicionamientos de las bancadas. He aquí, partes medulares:
Xavier Azuara Zúñiga, diputado del PAN: “El análisis de la Cuenta Pública 2016 se interpreta desde dos grandes aristas: La subestimación de los ingresos, y la opacidad en el gasto público.
“El gobierno de Enrique Peña Nieto se caracterizó por la discrecionalidad en la asignación de ingresos excedentes, la opacidad en el gasto público, la falta de transparencia y la corrupción en las obras públicas.
De acuerdo con eso, en el 2016 el gasto neto total se incrementó respecto al presupuesto autorizado por más de 613 mil millones de pesos. Y solo el gasto corriente se incrementó en 4 por ciento con relación a la estimación original”.
El diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD: “En el informe que entrega la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión de Vigilancia, se destaca que esta administración y particularmente el 2016, el gobierno de Peña Nieto cayó en excesos quizás nunca antes vistos.
“Temas recurrentes de la administración de Peña Nieto lo marcan ineludiblemente:
Graves daños al erario. Una gran discrepancia entre los resultados prometidos e incluso esperados y los finalmente obtenidos. Discrecionalidad en el manejo de estos recursos. Información financiera contable incorrecta o insuficiente, reporta la Auditoría Superior de la Federación e incluso otros órganos fiscalizadores y la gran vulnerabilidad en las finanzas públicas que, como ya dijimos, fue saqueada en muchas áreas del gobierno central a nivel de las secretarías de Estado y desde luego a nivel de entidades federativas y municipios”.
Fabiola Loya Hernández, del Mc, dijo: “A lo largo de este documento quedan reflejadas las graves irregularidades cometidas en el ejercicio del gasto público, lo que dejó al país con un terrible daño económico por el pésimo manejo de los recursos federales. El daño al erario público es abismal”.
Hora de la rendición de cuentas.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















