Por: Carlos Matute González.
La Comisión de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados con mayoría del partido del próximo gobierno publicó los lineamientos para el ante-proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 que incluye tres partes: cifras históricas, pre-criterios y las prioridades presupuestales conforme al Proyecto de Nación 2018-2022.
Las cifras son elocuentes: a) el financiamiento de la deuda pública representa casi el 10% del total del presupuesto de 2018;
b) el gasto de inversión ha disminuido el 40% con respecto al 2015; y c) el gasto programable (aquel que ya está comprometido representa cerca del 75%. Hay poco margen de maniobra financiera para el gobierno y la tendencia –por diversas razones como precios del petróleo y condiciones económicas internacionales- ha sido la reducción del presupuesto.
Los pre-criterios señalan que habar una mayor demanda externa y dinamismo de la industria en Estados Unidos que favorece el desempeño favorable de las exportaciones. En lo interno, el mercado crecerá impulsado por el consumo privado. Sin embargo, se espera un menor crecimiento de la inversión, disminución de los flujos de capital a México y afectación por políticas comerciales proteccionistas. Las expectativas económicas son favorables para el crecimiento económico (2.1%), la inflación (3.7%) y el tipo de cambio ($ 18.98)
Las prioridades son la capacitación a 2.3 millones de jóvenes, acceso a la universidad a 300 mil jóvenes con una beca de 2.4 miles de pesos mensuales, creación de 100 universidades públicas, becas para todos los jóvenes estudiantes de nivel medio superior, la duplicación de la pensión de los adultos mayores, otorgamiento de pensión para el bienestar a un millón de personas con discapacidad, la plantación de árboles, el crédito ganadero a la palabra, la atención médica a toda la población, los medicamentos gratuitos, desarrollo urbano en colonias marginadas, la creación de la zona libre en la frontera norte, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la construcción del tren maya, el fondo minero, la construcción de caminos rurales, la cobertura gratuita de internet en todo el país, la modernización de 6 refinerías, la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, la modernización de las plantas hidroeléctricas y la rehabilitación de las plantas fertilizantes, entre otras.
También, la Auditoría Superior de la Federación señala que hay 34 universidades públicas tienen un déficit actuarial (futuro) de casi 1.3 billones de pesos y que los fondos que anualmente les transfiere la SEP es insuficiente y sólo cubre el 40 % de lo que se necesita para cubrir los pasivos referidos.
El proceso de aprobación del presupuesto federal para el 2019 será el termómetro de lo que realmente le interesa al nuevo gobierno y su partido. La distribución de los recursos escasos entre las prioridades mencionadas será clave para trazar su línea de acción. El discurso político pasará a un segundo plano y las condiciones económicos y de las finanzas públicas tomarán el protagonismo que les corresponde.
En 2018, las participaciones y aportaciones federales a los estados (1.7 billones), el pago de la deuda pública (0.5 billones) y el gasto en pensiones son irreductibles (salvo las que corresponden a los presidentes) y crecientes (0.7 billones), lo que representa casi el 50% del presupuesto. El pago de personal que incluye médicos, enfermeras, maestros, policías, soldados, marinos, entro otros, representa 1.2 billones de pesos, que significa más del 20%. Ambos más el gasto de inversión arroja que más del 70% está comprometido. Falta agregar un 15% de los ramos autónomos del presupuesto. Los espacios de maniobra para el nuevo gobierno son limitados.
Esto obliga al Congreso a sacar otra vez las tijeras para hacer recortes al gasto corriente, lo que implicará proceder a la reducción de prestaciones a los servidores públicos, recorte de personal por la vía de la jubilación anticipada, la eliminación de plazas por la compactación de estructuras del gobierno o el despido de trabajadores de confianza y eventuales y la aplicación de normas de austeridad más rígidas.
Las preguntas son: ¿cuál es el margen de reducción del gasto programable? ¿los ahorros que se obtengan serán suficientes para financiar todas las prioridades en la totalidad de sus metas? ¿se empezará simultáneamente con todas las acciones? ¿la desaparición de los fondos de los “moches” legislativos es suficiente para pagar las promesas de campaña?
Los próximos dos meses serán cruciales para conocer las estrategias que diseñará el nuevo gobierno para cumplir con lo prometido. Habrá “jaloneos” e intensas negociaciones dentro de la propia coalición mayoritaria. Tal vez la cobija no alcance para todos. Algunos grupos verán sus expectativas satisfechas y otros, retrasadas. La elaboración del presupuesto en el momento en que la realidad nos alcanza y el poder disminuye. Mi abuelita diría: “Prometer no cuesta, dar es lo que aniquila”.
Fuente: Crónica.
















