Por: Vicente Bello.
Una nueva relación entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas del país estaría configurándose desde ayer con la creación de la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Y apenas esta ley entrase en vigor –El Senado deberá refrendarla o rechazarla-, los ahora llamados “pueblos originarios” serán considerados sujetos de derecho público, con lo que tendrán derecho a la autonomía, a la consulta, al territorio y a la libre autodeterminación.
Y también: El Estado mexicano reconoce formalmente al Afromexicanismo.
Marcelino Rivera Hernández, diputado federal del PAN, habló del significado de ser sujetos de derecho público: “Permitirá a los ejidos y comunidades indígenas generar convenios con los órganos de gobierno. Permitirá (también) por el solo hecho de ser ejido o comunidad indígena generar y poder trabajar de la mano y coordinadamente con las dependencias de gobierno”.
Javier Manzano Salazar, un indígena guerrerense que hoy es diputado federal de Morena, dijo en la tribuna: “En la época prehispánica, en la época de la independencia, en la época de la Revolución Mexicana, en la reforma anteriormente, siempre son nuestros pueblos originarios los que han puesto su cuota de sangre para engrandecer esta historia de México, pero desgraciadamente son los que más mal viven, en situaciones de extrema pobreza.
“Yo me pregunto ¿dónde se encuentra la mayor riqueza natural de nuestro país? Pues donde están asentados, donde viven nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios. ¿Y por qué esa contradicción de tanta riqueza y por otro lado tanta pobreza?
“Por fin no se les tomará el pelo como en muchas ocasiones cuando en el 2001 hizo un pacto, un compromiso el gobierno federal con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y nunca esos acuerdos plasmados en los Acuerdos de San Andrés se plasmaron en la Carta Magna de los mexicanos.
“Hubo una traición grande y solamente se reconocieron a los indígenas como entidades de interés público. Sí, ahí están los indígenas. Existen. México es una nación pluriétnica, pluricultural. Dales despensas, dales programas asistencialistas, y hasta ahí llegaba la atención.
“Por eso ahora que nace el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pienso que este instituto va a mejorar más cuando vaya acompañado por una verdadera reforma constitucional donde se reconozcan a los indígenas como sujetos de derecho público para tener derecho a la autonomía, a la consulta, al territorio, a la libre determinación”.
El diputado federal del PRI Eduardo Zarzosa Sánchez dijo: “Este dictamen contiene el reconocimiento como sujetos de derecho de todos los pueblos y comunidades indígenas. Y el reconocimiento pleno de los pueblos afromexicanos”.
Y subrayaba el priísta: “El dictamen busca garantizar que todas las personas mexicanas tengan las mismas oportunidades sin que su origen o condición étnica sea un obstáculo”.
Pero hubo una diputada que imantó al Pleno, la petista tojolobal (chiapaneca) María Roselia Jiménez Pérez, cuando dijo: “Hay en nuestro país por lo menos 64 pueblos indígenas distribuidos a lo largo de 32 entidades de la República Mexicana. De acuerdo a la encuesta intercensal de 2015, el Inegi estima que hay cerca de 13 millones de hombres y mujeres de los pueblos originarios en todo el país. Más del 10 por ciento de toda la población. En el territorio nacional hay más de 600 municipios indígenas y casi dos mil municipios con presencia indígena. A pesar de ello, los indígenas mexicanos han tenido que vivir aislados, marginados de la vida pública nacional.
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define a la nación como única e indivisible y reconoce su composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones, sociales, económicas, culturales y políticas.
“También indica que la federación, las entidades federativas y los municipios deben promover la igualdad de oportunidades de los pueblos originarios y eliminar cualquier práctica discriminatoria, así como determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.
“Sin embargo, hasta el día de hoy la población indígena de nuestro país sufre de mayores índices de pobreza y falta de acceso a la educación y discriminación y desprecio. El 55.5 por ciento de la población indígena vive en municipios de alta y muy alta marginalidad, el 87.5 de los municipios indígenas están en alto grado y muy alto grado de marginación.
“El 16.6 de las personas de nuestros pueblos, mayores de 15 años, no han tenido acceso a ningún grado de instrucción escolar, mientras que a nivel nacional esa cifra es de seis por ciento. Sólo el 18.2 ha concluido la primaria y el 18.1 la tiene incompleta.
“El porcentaje de población indígena con estudios terminados del nivel secundaria es de 20.5, mientras que en educación media superior sólo el 14.6 ha accedido, y tan solo el 7.7 a la educación superior.
“Por ello, el Estado mexicano tiene una deuda pendiente, urgente, en materia de atención a sus reclamos y a sus necesidades, la cultura, las tradiciones y la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas de ofrecer al país, así como las agendas y asuntos pendientes merecen la conformación de un instituto que tenga la potestad de atender autónomamente en calidad de Poder Ejecutivo, las necesidades de cada uno de nuestros pueblos originarios.
“Hoy es necesario romper las visiones paternalistas y coloniales que pesan a lo largo de la historia sobre los pueblos originarios”.
Entonces votaron y, aprobándola, la turnaron al Senado. Veremos.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















