Por: Vicente Bello.
Una confrontación inédita por los salarios en el 2019 que ha sido instigada por la élite burocrática del país, se desató ayer entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo mexicanos.
En su cuenta de Twitter, el senador Ricardo Monreal Ávila acusó: “La acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de remuneraciones de los servidores públicos, la que establece que ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente de la República,
fue elaborada, redactada y cabildeada por los ministros de la Suprema Corte”.
Y el apostille brutal del zacatecano: “Jueces y parte. Insólito. ¿Alguien duda cómo resolverán?”
Por la mañana, Alberto Pérez Dayán, uno de los 11 ministros que conforman el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó suspender la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que diputados y senadores aprobaron a fines de septiembre pasado y con la que mandataron, a su vez, que el salario del Presidente de la República solo sea de 108 mil pesos mensuales. Y que de ahí para abajo sean los sueldos, salarios y remuneraciones de cualesquier tipo de todos los servidores públicos del país, como lo ordena la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 75 y 127, en cuyos renglones ordena que nadie del servicio público deberá ganar más que el titular del Ejecutivo Federal.
De los casi Un millón 800 mil burócratas que hay en el país, casi 35 mil son los que tienen salarios arriba de los 108 mil pesos. Y los que, evidentemente, se sienten profunda y directamente afectados por la ley de marras.
Y mientras más ganan, pues más la odian… y es de suponer que también a quienes la promovieron y prometieron: Los de Morena y el mismo Andrés Manuel López Obrador.
Los burócratas que más ganan son los ministros de la Corte, cuyos salarios promedian los 600 mil pesos mensuales.
Según la resolución de la Corte, la ley de Remuneraciones no se ejerce, sino que queda suspendida hasta en tanto la Corte emite la interpretación de la ley a la que supuestamente un grupo de senadores de oposición le demandaron (Monreal ha jurado ayer que son los ministros mismos los instigadores de la inconstitucionalidad).
¿Y en qué consistirá dicha interpretación constitucional? Muy fácil: La Corte deberá resolver si la Ley de Remuneraciones está acorde con la letra y el espíritu de los artículos 75 y 127 constitucionales.
Sin necesidad de ser ministro o un experto de derecho constitucional, cualquier persona que sepa leer mínimamente y que conozca al sentido común, podrá discernir que no existe inconstitucionalidad alguna.
Que la ley secundaria (la de Remuneraciones) está absolutamente plegada, armonizada, con la Constitución en esta materia.
El que se haya ordenado la suspensión de la aplicación de esa ley en este momento, tiene como propósito evidente entorpecer la elaboración del presupuesto de egresos de la Federación 2019, cuya aprobación deberá ocurrir a más tardar el 31 de este mes. Y obligar a la Cámara de Diputados y a Morena y al presidente López Obrador a que continúen los salarios de la burocracia igual que en 2018 y en años anteriores.
Es decir, que los ministros de la Corte sigan ganando sus 600 mil pesos mensuales; los senadores, sus casi 500 mil que recibían hasta el 31 de agosto pasado; los magistrados del INE, sus casi 400 mil; los diputados federales, sus casi 300 mil, lo que ganaban en la anterior Legislatura. Y así, sucesivamente, toda esa élite de los casi 35 mil burócratas que ganan actualmente arriba de los 108 mil pesos que percibirá López Obrador como presidente de la República a partir del día 1 de enero de 2019.
Ha sido el PAN un furibundo defensor de los altos salarios. Llegó al extremo de presentar este jueves 6, en voz de Laura Angélica Rojas Hernández, una iniciativa de reforma a los artículos 75 y 127 constitucionales, en cuyos considerandos arguye que la reducción salarial prohijada por López Obrador y Morena es un error, que conduce a la mediocridad…
Y, en la iniciativa, plantea “la creación de un comité de remuneraciones que funja como órgano técnico colegiado, responsable de fijar la remuneración total anual del Presidente de la República, porque consideramos que el salario del presidente de la República no puede ser fijado de manera arbitraria”.
Y reforzaba la panista: “Ya sean 108 mil pesos o sean 100 mil o sean 120 mil tiene que haber criterios técnicos para determinar cuánto vale el trabajo del Presidente de la República y cuánto vale el trabajo de los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión”.
Ayer mismo, tan pronto sacó la cabeza la Corte, el líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, atajó al PAN y al ministro Alberto Pérez Dayán, diciendo: “Pese a la determinación de la Corte de congelar la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos se fijará un tope salarial para que nadie gane más que el Presidente de la República, como ordena la Constitución”.
Reviraba también López Obrador, desde Tuxpan, Nayarit, este mismo viernes: “Los grandes salarios en la administración pública llegó a su fin”. Y el apostille con tono de sentencia: “Los que están arriba se han dado la gran vida. Ahora están enojados porque ganaban 600 mil pesos mensuales. Y se acabó todo eso”.
¿Qué sigue? ¿La Cámara de Diputados reducirá los salarios a pesar del ordenamiento de la Corte? Esto se verá en cosa de unos días.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















