Por: CARLOS ORNELAS*.
Desde que se constituyó el sistema educativo mexicano, la educación nacional es un territorio en disputa; no obstante, los dirigentes del SNTE mantuvieron la hegemonía por décadas. La consigna política de la Reforma Educativa que el nuevo gobierno trata de enterrar fue “recuperar la rectoría de la educación”. El primer secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, fue tajante en su discurso del 10 de diciembre de 2012: “El Estado perdió el control de la educación”.
Los diferentes grupos del SNTE, casi siempre con la anuencia del presidente en turno, pero a veces rompiendo la resistencia de algún secretario de Educación Pública, colonizaron la administración de la educación básica. Sus líderes casi monopolizaron la toma de decisiones y excluyeron a otros actores; no sólo a mandos de la Secretaría de Educación Pública, sino a los gobernantes mismos y a padres de familia; incluso a maestros.
Los cabecillas del SNTE formaron una casta privilegiada que controlaba la vida sindical y las trayectorias profesionales de los docentes. Ellos decidían quiénes ocuparían las plazas, dónde comenzarían a trabajar, quienes se promoverían a directores de plantel y supervisores de zona y manejaban la “cadena de cambios” para premiar a los fieles o a los dóciles a su mando. Era un régimen de exclusión, donde sólo las camarillas (de cualquier facción) eran favorecidas.
En un comienzo, digamos hasta mediados de los años 60, la colonización se dio porque el gobierno invitó a las cabezas del sindicato a cogobernar, a cambio del control de los maestros y el apoyo al PRI para las elecciones. Luego se dieron pactos y también altercados para conquistar posiciones. Los jefes del SNTE cada vez tuvieron mayores grados de autonomía del poder presidencial, en especial durante los gobiernos del PAN. Se hicieron expertos en el chantaje, la amenaza y el manejo de símbolos (defensa de la educación pública) para ocultar su verdadero hacer corporativo: el control autoritario de la vida sindical, con base en un estatuto que estipulaba un régimen vertical, aunque con excepciones, en el sistema educativo mandaban los inmorales.
La reforma de 2013, con la institución del Servicio Profesional Docente, tenía el propósito de acabar con ese orden de cosas. El gobierno de Enrique Peña Nietodio pasos importantes para recuperar la rectoría de la educación. Cierto, tuvo fallas de diseño y de acción política. Pienso que poner tanto peso en la evaluación del desempeño precipitó a que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación pusiera en poco tiempo en juego exámenes estandarizados, casi como único mecanismo para documentar la idoneidad de los maestros. También fue un tropezón —que a la larga resultó caro en términos de legitimidad— negociar los alcances de la ley entre la Secretaría de Gobernación y los cabecillas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero, aunque con traspiés, la reforma avanzó, instituyó el mérito.
Los disidentes nunca cejaron y, cuando López Obrador se perfilaba como ganador, se unieron a su campaña para que “abrogara” la Reforma Educativa. Los fieles de Elba Esther Gordillo ya habían firmado un pacto con AMLO. Él se comprometió con los dos grupos y, al parecer, con la iniciativa de reforma al Artículo 3º de la Constitución que signó el 12 de este mes, les cumple. La contingencia es que, si la reforma de AMLO pasa el tamiz del Congreso, se institucionalice el retorno de las viejas costumbres. Se retire de la Constitución el principio del mérito para el ingreso y la promoción mediante concursos de oposición. En la letra de la propuesta no se percibe un mecanismo que impida el posible retorno de la inmoralidad.
* Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Fuente: Excélsior.
















