Por: JAVIER APARICIO.
Las consecuencias de la trágica muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, ocurridas el 24 de diciembre pasado son numerosas. Toda vez que la investigación sobre las causas de la caída de la aeronave en la que se trasladaban ambos políticos está aún en curso, me concentraré en comentar las consecuencias políticas de este accidente.
Antes que nada, hay que dimensionar los hechos. Sin duda, no se trata de la primera vez que fallece un político en funciones, sea cual fuera la causa. Sin embargo, en este caso se trata de la muerte simultánea de dos figuras políticas de una misma entidad: una gobernadora, la primera mujer electa para ese cargo en Puebla, y un senador que fungía como coordinador de su bancada en la Cámara de Senadores.
La trayectoria política de Rafael Moreno Valle no estuvo libre de controversia, como tampoco lo fue la reciente elección de Erika Alonso, puesto que la jornada electoral poblana estuvo manchada por violencia y otras tantas irregularidades. Miguel Barbosa, candidato de Morena a la gubernatura, acusó fraude electoral e impugnó el resultado. Vale la pena recordar que el Tribunal Electoral ordenó un recuento total de la elección, cuyo resultado fue muy similar al que arrojaron en un primer momento el conteo rápido, el programa de resultados preliminares y el cómputo distrital de la entidad: una ventaja para la panista de más de tres y medio puntos porcentuales. El resto de los agravios del candidato perdedor fue desestimado por una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apenas el 8 de diciembre pasado.
Durante los largos meses que duró la impugnación, tanto la ganadora como el perdedor intercambiaron insultos y descalificaciones. En diversos momentos del proceso electoral, e incluso después de la resolución final del Tribunal, el Presidente desestimó a la pareja de políticos hoy fallecidos: Andrés Manuel López Obrador no ha visitado Puebla desde sus actos de campaña de junio del año pasado. Los diputados locales de Morena, quienes tienen mayoría simple en el Congreso local, no permitieron que Erika Alonso rindiera protesta como gobernadora en el recinto legislativo.
Quizás los dichos de Miguel Barbosa de los últimos meses le dificulten ser un candidato competitivo en la elección extraordinaria en ciernes. Del mismo modo, quizás los dichos y omisiones del presidente López Obrador le impidieron visitar una entidad en medio de una crisis de esta magnitud. Por otro lado, también es posible que los dichos, acciones y sobrerreacciones de muchos líderes y voceros panistas les pueden resultar contraproducentes en esta u otra elección o bien en una crisis próxima.
Desde antes del accidente aéreo ha habido mucha imprudencia verbal en ambos lados de la discusión sobre Puebla. Hoy, la muerte de la gobernadora y el senador deja mal parados a muchos por una razón sencilla: es muy difícil manifestar un pésame creíble por alguien a quien se ha insultado reiteradamente. Esta es una buena y hasta obvia razón para mantener cierta mesura en el debate político: “es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras”, escribió Shakespeare. Ojalá que la clase política dentro y fuera de la entidad pueda aquilatar esta lección mínima de convivencia democrática.
La tragedia de Puebla nos recuerda, por si acaso hiciera falta, la urgente necesidad de contar con investigaciones serias, oportunas y creíbles realizadas por un fiscal general (y no un encargado de despacho). El Congreso local, con mayoría de Morena, debe designar a la brevedad a un gobernador interino que garantice condiciones mínimas de credibilidad e imparcialidad rumbo a la nueva elección. Los partidos deben ser cautelosos al seleccionar candidaturas para una elección que no tendrá el arrastre de los comicios presidenciales.
La constitución local ordena convocar a una elección entre tres y cinco meses después de designar a un gobernador interino. Sería recomendable que ésta ocurriera el mismo día que el resto de las elecciones locales de este año. Tanto el INE como el instituto estatal electoral tendrán que organizar una elección extraordinaria, a pesar de los recortes presupuestales aprobados por el Congreso apenas un día antes del accidente. Los acuerdos políticos inmediatos que se logren alcanzar en Puebla podrían afectar otras negociaciones en el Congreso federal. La elección de la nueva gubernatura de Puebla, y sus consecuencias, se sumarán ahora a las de Baja California y otras entidades.
Fuente: Excélsior.
















