Por: Francisco Javier Pizarro Chávez.
El presidente Andrés Manuel López ha enfrentado desde el primer día de su gobierno, una embestida dentro y fuera del país, cuyo propósito es generar una crisis petrolera en represalia a la cancelación de la reforma estructural del ex presidente Enrique Peña Nieto, a partir de la cual, se entregó el oro negro a las compañías petroleras extranjeras; se desmanteló Pemex y creció exponencialmente el saqueo Huachicolero en 11 estados del centro de la República,
la mayoría de ellos gobernados por el PAN y el PRI.
Pocos saben que el magnate neoyorkino Larry Fink, dueño del mayor Fondo de Inversiones en el mundo, BlackRock, adquirió en marzo de 2015 el 45% de la segunda fase del gasoducto Los Ramones en sociedad con el Fondo First Reserve, por la cantidad de 900 millones de dólares.
En julio de ese mismo año dio otro paso significativo. Pemex se asoció con BlackRock para crear una oficina conjunta para de administración y estructuración de proyectos.
Tres meses después, iniciaron la primera fase del Proyecto Golfo Centro y el Transoceánico para el transporte del gas natural. Acto seguido, BlackRock cerró la compra de infraestructura institucional, un fondo de inversión creado por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari con recursos de las Afores, que tiene una participación en OIL/GAS, empresa que fue la que obtuvo las primeras concesiones y contratos para exploración y producción de yacimientos petroleros en la primera Ronda de la Reforma Estructural.
El ex director de BlackRock en México, Issac Volin, fue designado como director general de la filial de PEMEX PMI, compañía que hace los negocios con el mundo y mediante la cual se abrió la puerta a la importación de gasolinas refinadas en el extranjero y se cerraron las refinerías nacionales.
Tengo plena certeza de que no van a cejar y dar su brazo a torcer. Son muchos lo miles de millones de dólares que están en juego.
Además de esta entrega de nuestros recursos petroleros, el gobierno de la República y los funcionarios de Pemex, abrieron a empresas privadas un mercado ilícito en el que se blanquean alrededor de 133 mil millones de dólares anuales, las cuales también harán todo lo que esté a su alcance para mantener sus privilegios.
La forma en que opera este mercado ilícito en el que están involucrados funcionarios de Pemex, dirigentes sindicales del gremio petrolero, concesionarios de gasolineras, ex presidentes de la República, gobernadores, diputados, aseguradoras, bancos y casas de bolsa, es complejo. El Gobierno de López Obrador ha tratado de seguirles la huella a unos y otros, con muy pocos buenos resultados.
En principio, se consideró que problema principal era el robo de combustibles mediante la perforación de los 11 ductos de distribución principales. En atención a ello, el primer paso en el Plan del combate al robo de combustibles fue cerrar los ductos a efecto de que no fueran ordeñados por los huachicoleros y distribuir el combustible mediante pipas, como fue anunciado hace unos días.
No creo que esa sea la solución para evitar el robo y garantizar el suministro de los combustibles a lo largo y ancho de la República. El entramado de la corrupción es mucho más intrincado.
Los huachicoleros van a continuar robando las pipas que trasladen el combustible con el apoyo de corporaciones policiales como quedó demostrado hace unos días en Chihuahua.
Los dueños de las estaciones de gasolina van a seguir comprando a bajo costo la gasolina robada. Los operadores de Pemex y sus trabajadores continuarán ordeñando y saboteando ductos y, por supuesto, expidiendo facturas de venta simuladas a cambio de ser retribuidos económicamente.
Los cárteles de la droga continuarán lavando el dinero de la droga a través del comercio ilícito del petróleo y la gasolina.
En este escenario el plan de combate a la corrupción tiene que ser integral y de fondo. Estamos en presencia de una situación que ponen en riesgo la estabilidad financiera y económica del país, el Estado de Derecho y la Seguridad Nacional.
En atención a ello considero que es obligado poner en marcha tres ejes fundamentales:
1) Incentivar la participación de los ciudadanos, los que de acuerdo a las encuestas que se han levantado, han brindado su apoyo al combate a la corrupción y no se han dejado atemorizar por cortinas de humo como el publicitado desabasto de gasolina proclamado por los adversarios de AMLO que utilizan como bandera para demostrar su supuesta ineficiencia administrativa gubernamental.
2) Seguir la ruta del dinero de todos los que se han enriquecido con este saqueo a la nación; congelar sus cuentas bancarias, cobrar sus impuestos fiscales y someterlos a proceso penal.
3) Poner a consulta popular se someta a juicio político y se sancione con todo el rigor de la Ley a ex presidentes, funcionarios de Pemex, líderes, sindicales, gobernadores, alcaldes y demás funcionarios del Estado, por traición a la patria.
No hay otra forma, en mi modesta opinión, de lograr que la 4ta Transformación cristalice y poner freno a la huachicoleros y también a sus homólogos, los “Guachiculeros” de cuello blanco.
Fuente: Por Esto.
















