Por: PEDRO ESTEBAN ROGANTO.
@rogantopedre
La aparición de un grupo autoproclamado como “el contrapeso de la Cuarta Transformación”, encabezado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, viene a confirmar tristemente para la democracia, que los partidos políticos todavía no se recuperan del tsunami electoral del pasado 1 de julio, y que los ciudadanos en los medios y en las redes sociales, tenemos mucho más claro que ellos la apremiante necesidad de lograr equilibrios en el ejercicio del poder.
Para nadie es un secreto que las mejores democracias del mundo son aquellas que han podido crear un sistema de pesos y contrapesos que les permiten generar mejores prácticas de gobierno, a partir de imponer limitaciones al ejercicio de poder y evitar que éste se concentre en una sola persona o partido.
Ahora mismo, la diferencia entre México y Venezuela, es que aquí opera la división de poderes y existen equilibrios generados por la sociedad civil y sobre todo por las instituciones, mientras que en el país bolivariano se carece de la más mínima estructura institucional para representar una opinión distinta a la del gobierno.
Allá no hay ni siquiera libertad de prensa. Acá en cambio, el clima de libertades y la fortaleza del sistema permite que un grupo irrumpa en la escena tratando de imponerse a los partidos políticos que no aciertan a levantarse de la dolorosa derrota, con mucho oportunismo y un plan político, más que con una plataforma ideológica.
Nadie ignora que Javier Corral es un gobernador con una agenda política personal enrutada al 2024, y que, como todos los políticos tradicionales, utiliza la proyección y los recursos públicos del gobierno de un estado para tratar de hacer realidad su objetivo. El protagonismo de este personaje es similar y, por tanto, condenable, al desarrollado por los gobernadores Roberto Madrazo y Arturo Montiel, cuando buscaban la candidatura presidencial del PRI.
Por eso, quienes firmaron con él un desplegado con el que nadie en su sano juicio estaría en desacuerdo, deberían recordar o saber, si acaso no lo saben, que el mandatario de Chihuahua no es ni de lejos un personaje que encarne los valores en riesgo que se le reclaman al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo el de la tolerancia frente a la crítica y el del manejo responsable de la administración pública.
Son innumerables los casos que pueden citarse de Corral, lo mismo cuando era un opositor, que como gobernador, en los que ha evidenciado conductas que son señales que deberían preocupar a quienes ahora caminan a su lado supuestamente en la construcción de contrapesos, aunque todo indica que en realidad lo que a él le preocupa y busca fortalecer desde ahora, con suficiente anticipación, es su imagen y posicionamiento para quedarse con una candidatura a la presidencia de la república, que es su sueño dorado.
Hace poco, por ejemplo, en pleno período de la transición federal tras los comicios que ganó López Obrador, organizó un foro “anticorrupción” con recursos públicos de Chihuahua, que además de ser parte de su campaña de promoción nacional, era una trampa para la ya anunciada secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien con su ausencia de último momento evitó darle reconocimiento y autoridad moral a un gobernador que es cuestionado por sus propios conciudadanos por corrupción.
El grupo creado supuestamente para ser opositor al gobierno de López Obrador, es una estrategia política de Corral que además, no está exenta de perversidades del tipo de las de aquel siniestro Roberto Madrazo; por ejemplo, cuando hace que un personaje de oscuros antecedentes como Paulo Diez Gargari, abogado de la empresa Infraiber, comparta mesa con analistas respetados como Macario Schettino o Raúl Trejo Delarbre, y con políticos liberales como Ricardo Pascoe o Agustín Basave.
¿Por qué un abogado como Díez Gargari, que pierde todas sus demandas en los tribunales, forma parte de esa lista de adversarios declarados de la Cuarta Transformación? Por una sencilla razón; porque si bien es un pésimo abogado, es un excelente manipulador mediático y un fabricante de denuncias para desgastar la imagen de personas, empresas o instituciones, que ya utilizaron los panistas en la elección del Estado de México en 2017. Un extorsionador con presencia en los medios, que sin pruebas, sólo con sus afirmaciones, logró demoler la credibilidad de buena parte del gabinete de Enrique Peña Nieto, evitando a toda costa dar explicaciones sobre cómo la empresa que defiende obtuvo un contrato valuado en 4 mil millones de pesos a 3 meses de haberse constituido legalmente.
Lo que pretende Javier Corral al darle a Paulo Díez status de “activista social” al lado de Cecilia Soto y de Fernando Elizondo, es utilizar una estrategia que a Paulo Díez Gargari le ha funcionado, la de convertirse en el difamador oficial del gobierno de López Obrador, como lo fue del de Peña. Sólo que en su ambición, este par hace un mal cálculo: el actual presidente no es como su antecesor, y a diferencia de aquél, seguramente actuará frente a la calumnia porque no tiene cola que le pisen.
De modo que en la creación de los contrapesos, no todo lo que brilla es oro y lo más conveniente sería que el propio Partido Acción Nacional, si quiere levantarse de entre sus cenizas, meta en un corral las aspiraciones personales de su gobernador en Chihuahua y ponga un freno a la perversidad política de usar sicarios mediáticos contra un gobierno que la sociedad reconoce como legítimo.
Fuente: Sdpnoticias.com
















