Por: Enrique Aranda.
Nada más exigible al nuevo régimen que una estrategia de seguridad realista y orientada a resolver a corto plazo
Más de una ocasión durante su cada vez más cuestionada gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México, el ahora senador ¿perredista? Miguel Ángel Mancera negó que, en contraste con lo que ocurría en otros rincones del territorio,
ni violencia o inseguridad constituían un problema mayor en la capital. Hoy, la terca realidad lo desmiente y exhibe.
Hoy, al margen del oportunista manejo que de la compleja situación prevaleciente realiza el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, insistamos, esa terca realidad de la que cotidianamente dan cuenta los medios, habla de asesinatos y plagios, robo a mano armada a conductores de vehículos y/o domiciliario, feminicidios, extorsión–cobro de piso (a toda suerte de negocios) o, por ejemplo, de la impune operación de toda suerte de cárteles y/o grupos de delincuencia organizada.
La mentira de Mancera Espinosa y los suyos está a la vista, como lo está también la validez de la implícita advertencia que en su momento –julio de 2018– hiciera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al documentar que la percepción de inseguridad mostraba un crecimiento consistente y, sin duda alarmante, de manera que en la fecha citada, 79.5% de ciudadanos manifestaba sentirse en riesgo, temeroso, por el entorno de violencia existente en la Ciudad de México.
Así las cosas, nada parece más exigible hoy al nuevo régimen de extracción morena que la presentación de una estrategia de seguridad que, además de realista, esté orientada a ofrecer resultados en el cortísimo plazo, so pena de colocarse en el centro del malestar que a nivel social genera una situación que, insistamos, si bien hoy se reconoce y hasta denuncia con claros propósitos políticos, tiende más a consolidarse y a incrementarse incluso, que a disminuir o a desaparecer.
Estamos pues, sí, en el arranque de una nueva administración y ello obliga a externar juicios que por prudencia lo reconozcan, pero estamos también, como lo estamos siempre –habría que aceptar–, en la posición de exigir resultados tangibles que más pronto que tarde contribuyan a mejorar el entorno en lo que al más sensible de los problemas sociales existentes hoy en México se refiere.
Por lo pronto, es previsible advertir que, vía las ahora tan denostadas organizaciones de la sociedad civil, la presión hacia el gobierno de Sheinbaum y, en particular, hacia su titular de seguridad ciudadana, Jesús Orta, tenderá a crecer de manera exponencial.
Al tiempo.
Fuente: Excélsior.
















