Por: Gabriel Zapata Bello.
Después de vencer a la intervención francesa y al restaurarse la República en 1867, el Presidente Juárez encarnaba y era el símbolo de la nación de un pueblo unido por lo que hubiera podido, sin dificultad, modificar la Constitución de 1857 o bien suprimir a los otros dos Poderes –Judicial y Legislativo– y así concentrar todas las funciones para facilitar las tareas de la restauración.
Sin embargo, de inmediato convocó a elecciones para que todas las autoridades fueran elegidas de acuerdo con la ley,
proceso en el cual resultó electo Presidente para cubrir el período 1867-1871. Su altitud de miras y su calidad de estadista lo hicieron entender que la consolidación de la República y la normalización de un país que había atravesado seis años de conflicto bélico requerían de fortalecer el Estado de Derecho con la participación de los demás poderes de la Unión.
Venustiano Carranza, que para algunos es el verdadero demócrata y estadista del siglo XX mexicano, por encima de Madero, superó también esa tentación constitucional. En los meses que le precedieron como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la República, los Poderes de la Unión habían sido disueltos por períodos de varios meses: Victoriano Huerta había disuelto la XXVII Legislatura y posteriormente designó una segunda Legislatura a su modo con diputados colaboracionistas; en agosto de 1914 la Suprema Corte de Justicia de la Nación había sido clausurada ya que varios Ministros acordaron suspender sus funciones (Cabrera, La Suprema Corte de Justicia a principios del siglo XX, 1901-1914, México, SCJN,1993).
Carranza fue un hombre apegado al derecho y a pesar del asedio de los convencionistas (villistas, zapatistas, orozquistas) consolidó el movimiento constitucionalista y emitió en diciembre de 1916 la convocatoria para instalar un Congreso constituyente que reformaría la Constitución de 1857, pero que al final expidió la actual Constitución del 5 de febrero de 1917.
Semanas después, el 1º de junio de 1917 fue instalada la Suprema Corte de Justicia (Decreto del Congreso, relativo a la designación de los Ministros que deben integrarla, Número 315, 29 de mayo de 1917). Carranza comprendió que para dar cauce a una Revolución o a un movimiento triunfante se debe tener como base fundamental la división de poderes y la vigencia de una Constitución.
Los hombres del poder del siglo XXI latinoamericano, unos demasiado embuidos en sus escaramuzas mediáticas, otros producto de ignorar las lecciones de la historia política, parecen no recoger las enseñanzas básicas de los eventos que han sentado las bases fundamentales de las repúblicas. En el México revolucionario de la segunda mitad del siglo XX era una práctica recurrente el “dar tormento a la Constitución”, es decir, acomodar la Carta Magna a su conveniencia o simplemente burlarla con mayoriteos parlamentarios o judiciales.
Así, hemos visto y seguimos viendo presidentes y gobernadores que “atormentan” a la Constitución para suprimir o modificar requisitos de elegibilidad para imponer a sus sucesores; también han modificado el texto para nombrar funcionarios transexenales a modo en tareas fiscalizadoras y así cubrirse las espaldas; o bien, el caso más grotesco, el del ex gobernador de Chiapas que modificó su carta local para justificar su permanencia en dos cargos a la vez (gobernador y senador).
El Presidente López Obrador seguramente enfrentará estas tentaciones constitucionales durante estos años iniciales de su sexenio debido a que, de facto, concentra un gran número de funciones y atribuciones , incluso las provenientes de sus mayorías absolutas en ambas cámaras, así como el referido al ejercicio de su facultad de proponer a los futuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que serán relevados en los próximos años.
Cuenta además, con facultades metaconstitucionales (aquellas que sin estar en la Constitución existen por ser parte de nuestra tradición política; Carpizo, El presidencialismo mexicano, México, FCE, 1978) como el hecho de ser el líder nato de su partido, de tener una influencia directa en varios gobiernos locales, así como por fijar diariamente la agenda política y económica del país con sus conferencias mañaneras.
López Obrador cuenta también con una legitimidad popular que no tenía un Jefe del Ejecutivo Federal desde hace más de 25 años, razón por la cual no faltarán quienes tratarán de endulzarle el oído y proponerle ejerza sus atribuciones mediante sus mayorías legislativas para modificar la Constitución.
Sin embargo, creemos que existen dos elementos que harán que prive la cordura en la institución presidencial; el primero es el sistema de control constitucional que existe para reformar la Constitución y que exige la aprobación de las legislaturas estatales las cuales podrían frenar alguna hipotética reforma a una decisión política fundamental; el segundo es del orden personal, ya que el Presidente López Obrador siempre ha evocado a Juárez y a otros símbolos nacionales en su ideario político y el no recordar las huellas históricas tanto del Indio de Guelatao como las del Varón de Cuatrociénegas en los difíciles sucesos políticos que ellos atravesaron, sería un grave error presidencial, ya que sus ejemplos sirvieron para consolidar nuestro sistema democrático y republicano nacional.
Fuente: Por Esto.
















