Por: LUIS ACEVEDO.
@lusacevedop
Es claro que las víctimas más afectadas en su calidad de vida son quienes tienen menos oportunidades.
Son pocas las acciones que se han hecho durante los últimos cuatro meses para enfrentar a la corrupción en México. El caso simbólico fue el del huachicoleo y pareciera que hasta ahí llegaron las promesas del nuevo régimen.
Perdidos en las descalificaciones de cada mañana más que en las acciones, la corrupción se afianza en la vida nacional y silenciosamente avanza al lado de la ineficiencia de los servicios públicos, especialmente en lo que se refiere a infraestructura e inversión y que se traduce en deterioro de las condiciones de vida de la población, especialmente de la más pobre que debe destinar una parte cada vez más amplia de sus recursos para adquirir bienes o servicios de baja calidad.
Es claro que las víctimas más afectadas en su calidad de vida son quienes tienen menos oportunidades.
Contra las prácticas de transparencia y rendición de cuentas, diversas acciones como la compra de pipas para hacer frente al desabasto provocado por las acciones de combate al robo y contrabando de combustibles, las asignaciones directas para diversos contratos en materia de infraestructura en lugar de acudir a las licitaciones abiertas, han afianzado las raíces de la corrupción y profundizaron los índices de inseguridad nacional que tiende a ser más violenta.
Poco se ha sabido de la utilización de tecnología para combatir a este mal como parte de una política pública de influencia federal, ni se conocen acciones que involucren al sector privado como inversionistas ni como facilitadores de tecnología.
Quizá en la Ciudad de México es en donde se advierten planes y programas que involucran a la digitalización y el uso intensivo de la tecnología como parte estructural del combate a la corrupción mediante la modernización administrativa, la incorporación de archivos electrónicos que favorezcan la gestión electrónica de los procedimientos y trámites para brindar transparencia y supervisión de cada procedimiento, así como la solución de obstáculos que impiden la sana convivencia.
En el ámbito federal, es en la administración pública, en los temas de infraestructura en general, aduanas, además de todas áreas del sector extractivo y energético en donde la corrupción es abrumadora, pero también en donde no se observan proyectos de cambio de esa tendencia. Al contrario.
Se hizo difusión del establecimiento de una política amplia de datos abiertos y de gobierno abierto, pero que se ha limitado a información del pasado, de espionaje. Pero no se ha trascendido al momento actual con lo que prevalecen vicios de opacidad, totalmente en contra de los compromisos establecidos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
No se ve, a estas alturas una convocatoria nacional, con programas específicos de transparencia y rendición de cuentas como soportes del combate a la corrupción que involucre a la administración pública tanto en términos de gestión de recursos como operativos, en los que participen también los poderes legislativo y judicial, además del compromiso del sector privado para actuar en consecuencia.
Imaginemos que, con base en la digitalización tecnológica, los ciudadanos podamos ver que se reduzcan tiempos y procesos judiciales y alcancemos el ideal de justicia pronta y expedita.
O que dispongamos de información y soluciones en materia de educación y salud, además de contar con un gobierno verdaderamente abierto, inclusive en temas de impuestos, minería o la explotación de gas y petróleo.
Es claro que este gobierno por prejuicios, no hablará de un pacto nacional, pero bien puede proponer acciones urgentes que aseguren el gran objetivo ciudadano del combate a la corrupción, como base de la seguridad y certidumbre que, en verdad, son urgentes.
Fuente: Sdpnoticias.com
















