Por: JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO.
@jcma23
Sin duda, es preciso ponerse a trabajar decididamente en la dinámica del cambio profundo y duradero en esta coyuntura política, en materia educativa, porque de otra forma sólo nos quedaremos en las buenas intenciones o en la retórica.
Existen, hoy, al menos, siete problemas nacionales que encuentro como principales, documentados y con evidencias,
difícilmente negados u obviados tanto por las autoridades educativas federales y estatales como por la comunidad académica, que confirman la necesidad de llevar a cabo un cambio profundo (radical), no superficial, de la Educación Pública en México. A continuación, hago una breve descripción de ellos con la finalidad de que las legisladoras y legisladores tomen nota acerca de lo que demanda el país, en materia de políticas públicas educativas, y afinen los instrumentos jurídicos, legales y normativos que puedan contribuir a su solución.
1. Rezago Educativo: Cerca de 32 millones de mexicanas y mexicanos mayores de 15 años se encuentran sin concluir la Educación Primaria o Secundaria, o no han tenido oportunidad de aprender a leer ni a escribir o a desarrollar las habilidades intelectuales básicas, para formarse como personas, con capacidades cognitivas, así como en habilidades y actitudes/valores a lo largo de la vida (concepción integral del “analfabetismo”). Dentro de este universo poblacional, las mujeres que viven en condiciones de pobreza son las más afectadas por este fenómeno social, sobre todo las mujeres y niñas que viven en zonas rurales, indígenas o de alta marginación urbana.
2. Falta de Cobertura en Educación Inicial y Preescolar: Como es sabido los niños más pequeños (primera infancia) que tienen una edad entre 0 y 3 años, en su mayoría, no son atendidos adecuadamente por las instituciones públicas responsables de la Educación Inicial. En ese ámbito existe una enorme dispersión de recursos institucionales y un diseño institucional incompleto e irregular que ha propiciado recientemente “la crisis de las estancias infantiles”; situación que no ha permitido alcanzar el objetivo de prestar servicios públicos suficientes y de nivel profesional de educación para las niñas y los niños que integran la población de la “primera infancia”. Por otra parte, con respecto a la Educación Preescolar, los datos oficiales indican que “… la tasa de cobertura (nacional) para el grupo de edad de tres a cinco años pasó de 70.7% a un estimado de 75.5%, es decir, 4.8 puntos porcentuales adicionales (respecto a 2012). Por edad específica, para los niños de tres, cuatro y cinco años que son atendidos únicamente en preescolar, los valores del indicador son 49.9%, 92.3% y 84.3%, respectivamente.” (1)
3. Falta de Cobertura en Educación Media Superior y Superior: Según cifras oficiales recientes: “(En) …la educación media superior, para el ciclo escolar 2017-2018 se estima se atienden 5.3 millones de alumnos en la modalidad escolarizada, con lo que se alcanza una tasa de cobertura de 79.6% en el grupo de edad de 15 a 17 años, que significa prácticamente haber alcanzado ya la meta de 80% establecida para el final de la administración (ciclo 2018-2019). En los últimos cinco ciclos escolares el indicador de cobertura se ha incrementado 13.7 puntos porcentuales (en el periodo 2012-2013 era 65.9%)…” (2) En este nivel educativo se ha documentado, por lo tanto, que no todos los y las jóvenes entre los 15 y los 18 años se encuentran matriculados en alguna de las instituciones públicas de Educación Media Superior, cuya oferta, en términos de los planes y los programas académicos, es diversa y no siempre homogénea en lo que toca a los niveles de profesionalización del personal docente y directivo. En cuanto a la Educación Superior, se sabe que existe una cobertura nacional de alrededor del 33 por ciento del universo de población nacional de los jóvenes entre los 18 y los 22 años.
4. Burocracia educativa: Uno de los problemas más significativos de la lenta marcha de la educación pública en México, en términos de aprendizajes escolares, y que es considerado como uno de los indicadores más importantes de la “calidad educativa” con equidad, es la carga burocrática que enfrentan tanto los docentes como los directivos escolares. Y con esto no me refiero a la carga presupuestal que implican los altos salarios de la burocracia educativa “dorada” tanto federal como estatal. Este problema se encuentra directamente relacionado con los conflictos derivados de la desorganización escolar (carencias en gestión educativa y liderazgo académico) y, específicamente, a consecuencia de las prácticas docentes no colegiadas, que han llevado a muchas de las instituciones educativas públicas a sólo “dar clases”, como si la labor docente y directiva sólo consistiera en “entretener por algunas horas a los estudiantes”, sin ningún compromiso con los aprendizajes escolares y el desarrollo integral de los educandos. Por si fuera poco, las actividades cotidianas del trabajo profesional de los docentes y directivos escolares, también se ven afectados por otros factores que están inmersos en la vida cotidiana al interior y en el entorno de las escuelas, más allá de las dificultades burocráticas (como las situaciones de violencia, delincuencia, adicciones, falta de participación social, etc.).
5. Bajos niveles de logro académico en la Educación Obligatoria: Las pruebas estandarizadas que han aplicado tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como organismo público autónomo, acerca del logro académico de los estudiantes, han arrojado como resultado que casi dos terceras partes de los alumnos y las alumnas de la educación obligatoria (Educación Básica y Media Superior) tienen dificultades para resolver problemas sencillos en el ámbito del pensamiento matemático; y que una tercera parte de los estudiantes, en general de la educación obligatoria, se ubica en el nivel más bajo de logro académico en el área de Lenguaje y Comunicación (reportes de los años 2017 y 2018). ¿Qué hacer para cambiar esta situación en términos de avances educativos, (y cómo), durante los próximos 10 años?
6. Descentralización (no desconcentración) de la Educación Pública: El diseño institucional que históricamente se ha impuesto en nuestro país, en materia educativa, es centralista; ello significa, en particular, que la toma de las decisiones en materia de selección de contenidos y métodos educativos, así como la formación inicial y continua de docentes, directivos escolares y asesores técnicos pedagógicos, están a cargo del gobierno federal (SEP). Por lo anterior, los gobiernos estatales y municipales no tienen facultades legales ni presupuestos especialmente etiquetados, para llevar a cabo programas o proyectos en esos ámbitos clave de las políticas públicas educativas. Habrá que revisar, con detenimiento, ese tipo de candados institucionales y jurídicos (ventajas y desventajas), como para abrir las puertas de una mayor y más decidida participación en estos rubros educativos esenciales, por parte de los tres niveles de gobierno.
7. Revisión y selección participativa de contenidos, métodos, materiales y recursos para la evaluación de los aprendizajes escolares: Mientras tanto, y asociado con el punto anterior, otro de los grandes problemas nacionales y locales que padece nuestro país, es que no se cuenta con dispositivos de actualización permanentes y bien organizados, con un esquema ágil de participación social y especializada, acerca de los contenidos, los métodos, los materiales didácticos y los recursos para evaluar los aprendizajes escolares de la Educación Obligatoria. Este asunto habrá de abordarse tanto en el esquema nacional como estatal y regional o local, y por supuesto implica abordar de manera fina y consensuada los temas de la autonomía de gestión y curricular.
Evidentemente, es preciso revisar y rediseñar de manera continua los “cómo” de estas necesidades identificadas, y emprender los cambios requeridos en el corto y mediano plazos en los niveles nacional y local. ¿En cuánto tiempo tendremos estas líneas de políticas públicas educativas como “cables de alta tensión”? ¿Estarán contenidas estas problemáticas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, como instrumento principal del trazo de dichas políticas públicas? ¿Con qué instrumentos de planificación jurídica, organizativa y financiera se podrían llevar a cabo estas acciones urgentes e inmediatas?
Mientras los legisladores y las legisladoras están sumergidos en la discusión de una serie de aspectos de carácter laboral (que en sí mismo es importante), y mientras no atiendan lo esencial de los asuntos educativos que se viven en las aulas y en las escuelas, no podremos avanzar de manera sustantiva frente a todos estos retos.
Sin duda, es preciso ponerse a trabajar decididamente en la dinámica del cambio profundo y duradero en esta coyuntura política, en materia educativa, porque de otra forma sólo nos quedaremos en las buenas intenciones o en la retórica.
Fuentes consultadas:
(1) Otto Granados Roldán. Los retos del escritorio. (SDP Noticias, 6 de enero, 2018).
(2) Mismo fuente.
Fuente: Sdpnoticias.com
















