Por: CARLOS MEZA VIVEROS.
PUEBLA, PUE.- En mi pasada entrega, aludí a las cleptomanías y tendencias fenólicas de nuestro hoy síndico del ayuntamiento de Puebla: el abogado, en letras minúsculas, Gonzalo Castillo Pérez. Reviso el buzón y el malestar no se ha hecho esperar, la ciudad de Puebla no solo ha abierto los ojos, está empecinada en hacer valer sus derechos. Para que el de marras comprenda, respetar a la ciudadanía.
No conforme ni sorprendido con esto, cantidad de demandas y acercamientos jurídicos han llegado a mi despacho. Si el nimio abogado tuviese dignidad, ya estaría cerca del tártaro. Y como lo dije antes: la pelota, pues, está en la en cancha para los personajes del cuchillón de esta trama que tiene tela para rato.
Esperemos que, este corrupto funcionario no se escape ni utilice un refugio para sortear la trapisonda en la que se encuentra envuelto y justifique, de cara la sociedad, frente a los regidores que componen el ayuntamiento, las razones que lo orillaron a no defender hasta el último recurso el procedimiento de la expropiación radicado con el número de expediente 335/2016 y que, el sentimiento de indignación es lo menos que pueden sentir los poblanos desamparados, alejados de las manos del Servicio Público municipal y de las políticas públicas, que debieron haber primado antes del estratosférico negocio que perpetuó hasta girar el oficio a la tesorería del ayuntamiento para despachar el cheque por la desmesurada e ignominiosa cantidad de quince millones de pesos. El pago indemnizatorio es a todas luces catingoso.
Alumbrado, bacheo, seguridad pública, parques y jardines e innumerables actos de bienestar social, en rezagos ancestrales pudieron convertirse en un bálsamo colectivo en favor de cientos de miles de poblanos y no, en una indemnización con la franja del Puebla de por medio que, según colaboradores de este personaje, picapleitos de secano, tuvo a mal ejecutar. Me cuentan servidores públicos cercanos a Claudia que, su torpeza e ingenuidad extrema, la llevó a escuchar a este ceporro, bufón con complejo de defensor del pueblo. ¿Ustedes lo creen? Yo tampoco.
Si bien el artículo 24 de la Ley de Expropiación establece el término de 10 días hábiles para convenir sobre el importe de la indemnización con el afectado, y dicho término ha transcurrido con exceso, esto no era óbice para el acuerdo en cita, habida cuenta que el decreto expropiatorio fue judicializado y por tanto, la expropiación se encontraba sub iudice, pudiendo legítimamente “el defensor del pueblo” acudir a la figura de la transacción para realizar el pago de manera periódica y por cantidades mensuales que de ninguna manera lesionaran los intereses del erario municipal y con ello cubrir necesidades prioritarias como las antes mencionadas en favor de la colectividad. El síndico prefirió mangarse una suma estratosférica que fue a parar a su bolsillo, si no es así no entendemos su negativa para dar una explicación coherente y satisfactoria en cabildo y quizá en una rueda de prensa, por supuesto con la presencia de los abogados que le dieron anticipadamente la solución técnico jurídica para defender el tema, el funcionario municipal de marras tiene el deber y la obligación de explicarnos de manera contundente e indubitable las razones por las cuales solicitó a Claudia Rivera ordenar a la tesorera el pago de 15 millones de pesos que bien hubieran servido para comprar 100 vehículos destinados para la seguridad pública en las áreas donde campean a sus anchas los delincuentes en esta ciudad, quienes por cierto palidecen ante él por la facilidad y elementos que tiene a su alcance para la elaboración de un tongo tan sucio y deleznable como el que llevó a cabo recientemente, por tanto exigimos una razonable explicación de cara a la sociedad.
Que quede claro que no es ojeriza contra usted, porque no tiene ni los tamaños ni la calidad moral para ocuparnos de su persona, tratase de un reproche que emerge de la indignación de quien sí cono ce de estos temas y cómo manejarlos. Queda claro que usted desconoce la ley, pero en tratándose de cochupos y corrupción nos salió muy ducho.
Se reitera, existen en la oficina a su cargo innumerables procedimientos que por no ser acordes con la causa de pedir del afectado se tramitan y substancian en los tribunales federales asuntos de mayor envergadura y trascendencia que el que fue materia del fraude a los ciudadanos de este municipio, mediante un pago innecesario que en contubernio con sus ad láteres pergeñó. Amén de que el pago de 15 millones supera en seis veces la cantidad que debía pagarse. Los abogados que defendían el caso están prestos para debatir de cara al cabildo y a la sociedad el porqué de mis asertos, y lo digo con conocimiento de causa (tengo copia de todo lo actuado), usted señor síndico es enemigo del pueblo, no solo no hace sus deberes, y por ello tiene que responder, su silencio nos dará la respuesta, por ello le recomiendo se asesore de un chicanero leguleyo con experiencia en trufas y engaños para defender lo indefendible. ¡Hágalo! y cuando lo haga, ojalá no asuma aquella actitud del pollito calimero, (goglear*).
De la lectura del artículo en cita, surgen los siguientes cuestionamientos: ¿El porqué de tan anómalas conductas por parte del síndico? ¿Por qué negoció señor síndico la indemnización en mensualidades decorosas y acordes con las posibilidades del ayuntamiento? ¿Por qué no hizo valer el recurso de queja que se le hizo llegar por el despacho defensor del caso?
Las respuestas son, cuando menos valetudinarias y sobornables. Esto lo debe explicar de frente a la sociedad y en sesión de cabildo, De no hacerlo, no quedará duda de que usted se mangó los ocho millones de pesos de los que, lo acusamos todos. Y no terminaremos hasta verlo, en donde debe estar, en chirona, en la trena, en el trullo, vamos, en el bote. Esta vez, ¡lo digo con acritud, pero lo digo!
No cabe duda señor síndico, las 12 comidas corridas en el “Buchinche los Pericos” ofrendadas a Claudia para formar parte de su planilla electoral le compensaron en exceso. Usted dirá…
















