Por: Ramón Aguirre Díaz.
* El brutal recorte presupuestal ha venido a complicar aún más la muy problemática situación del sector agua.
Es claro que el modelo de gestión que se tiene en el país es el factor que genera enormes ineficiencias que se traducen en que, hoy por hoy, los servicios de calidad son una excepción nacional, que los organismos operadores se encuentran descapitalizados sin poder cubrir en la mayoría de los casos ni tan sólo los costos operativos.
Cuando un organismo operador no funciona bien, no sólo se dejan de resolver los problemas, sino que también el efecto en el mediano plazo es que el servicio se deteriore como consecuencia de un equipamiento e infraestructura que no se repone y no se mantiene, lo que llevaría a una inevitable futura crisis en el servicio.
El brutal recorte presupuestal, mayor al 70% a los programas federales para el apoyo a la infraestructura hidráulica que se tiene vigente desde el año 2017, ha venido a complicar aún más la muy problemática situación del sector agua.
En muchos países, incluso latinoamericanos y no se diga europeos, los problemas se han resuelto con un modelo de gestión donde los organismos son eficientes, dan servicios de excelencia y generan los recursos necesarios para ser autosuficientes.
En México el cambio de modelo de gestión es cada vez más necesario. Se esperaría que una ley que reglamente el derecho humano al agua establecido en el artículo cuarto constitucional signifique un fuerte apoyo a cambiar la forma en que funcionan los organismos encargados de la prestación de los servicios fundamentales de agua potable y saneamiento.
Sin embargo, aun cuando se logre emigrar a un mejor modelo que el actual se esperaría, cuando menos, una década para poder tener resultados, suponiendo, claro, que el modelo sea realmente el adecuado y que se avance positivamente.
Entre tanto, es indispensable canalizar mayores recursos de subsidio al sector agua, recuperar, incluso con creces, el recorte que ha sufrido y del que no queremos ser testigos de las consecuencias. ¿Pero cómo hacerlo si los presupuestos ya están distribuidos y las necesidades son tantas?
De entrada habría que darle al agua la prioridad que tiene como un servicio básico e indispensable. En el presupuesto federal 2019 existen partidas como son el ramo 28 de “Participaciones a Entidades Federativas y sus Municipios” que alcanza los 911, 817 millones de pesos o el ramo 33 de “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, que en los fondos FAIS, FORTAMUN y FAFEF alcanzan los 213, 485 millones de pesos, con cargo a los cuales es posible invertir en infraestructura hidráulica, lo que no se hace porque las inversiones en agua “no lucen”.
Si tan sólo se destinara un 5% de estos recursos se contaría con 56, 265 millones de pesos para el agua, lo que colocaría al país en una circunstancia de mayor certidumbre de que los servicios no se van a colapsar. Una excelente opción sería que en el año 2020 dentro del ramo 33 se fije un nuevo fondo para el agua que etiquete recursos para el sector.
Estos recursos de los ramos 28 y 33 casi no se ocupan para proyectos de agua, no hay interés de invertir en un sector donde los recursos se entierran y no se ven.
Tendría que ser una política y regla que se establezca desde la Secretaría de Hacienda, que obligue a Gobernadores y presidentes municipales a canalizar recursos a un sector donde los políticos poco invierten.
Fuente: Excélsior.
















