Por: Jorge Camargo*.
La institucionalización de la mentira y el mirar para el otro lado parecieran ser las amenazas que la democracia mexicana afrontará, si no decidimos perder el miedo al disenso y asirnos de las herramientas que nos hemos dado en la Constitución para el control de los actos públicos y someternos, todos, al Estado de derecho.
Pareciera que existe un ambiente nacional de hacer como que no pasa nada, evitar la confrontación a toda costa,
aceptar la mentira y no confrontarla con la verdad, que es el valor supremo de una democracia sana. Y cuando algunos periodistas u organizaciones ciudadanas hacen uso de ella, reciben una ola de agresiones institucionales y otras alentadas. La mayoría prefiere mirar para otro lado.
Si dejamos que la verdad muera, todo puede acontecer. No reflexiono sobre algo complejo. El derecho a la verdad es un derecho humano protegido por la Constitución, por la Corte mexicana y por todo el Sistema Interamericano.
Los estudiosos de los sistemas políticos, incluida la ola populista y conservadora que arrasa Europa, coinciden en una cosa: lo primero que se intenta matar es la verdad.
La mejor definición que se ha dado es la de los gobiernos personalistas, es decir, que los presidentes terminan haciendo a un lado los límites constitucionales y legales argumentando el bien común, que siempre es el pueblo contra: las oligarquías, los migrantes, la prensa, los partidos políticos, los críticos, etcétera.
Citando al colega Antonio Caño, que a su vez referencia a Charles Blow, el mejor ejemplo es Trump, quien “bajo una presidencia imperial, puede convertirse en el primer rey americano, sin ley ni control, a causa de la inacción política”.
Si por méritos propios, los partidos políticos han recibido un gran rechazo del electorado, éstos deben trabajar por construir una oposición sustentada en la verdad y las reglas del juego constitucionales.
La verdad implica desnudar la corrupción, los privilegios y el abuso que se cometieron y se cometen en los entramados del sistema de partidos incluido el mayoritario, que por su composición es proclive a esos vicios. Y especialmente subrayar que los legisladores de Morena protestaron hacer guardar la Constitución, lo que los empodera para el disenso, incluso interior. Su compromiso es con ésta, aun cuando haya un proyecto de gobierno que pueda entrar en conflicto con la Carta Magna.
El problema de la institucionalización de la mentira —la prensa estadunidense lleva un contador en el caso de Trump—, se da no sólo porque ésta provenga de quienes gobiernan, sino también de todos aquellos que no la controvierten, aun cuando está dentro de sus funciones legales, papel social o económico.
Pongamos un ejemplo de un conjunto de factores que confronta la mentira y que, aunque se le satanice, es una realidad dura: los mercados internacionales. Un gobierno puede tomar decisiones acompañadas por una narrativa de justicia social y afirmar que las cosas van bien. Pero los organismos calificadores de deuda, de medición de desempeño de la economía, incluso el dólar, pueden evidenciar lo contrario. Y a esos actores no les causa problema alguno el que se les llene de adjetivos, y pueden hacer que el país sea poco confiable para la inversión.
Con ello digo que el sector empresarial sensibilizado con el cambio tiene un gran poder. Puede hacer que la economía se mueva o no. Los tres megaproyectos gubernamentales no sacarán al país de la pobreza. Se requiere de todos mirando en la dirección correcta.
Fuente: Excélsior.
















