Por: Uuc-kib Espadas Ancona.
Pues resulta que sí hay. No sólo eso, en los últimos años se ha generado una seria preocupación por el crecimiento explosivo de la pobreza, al pasar, en tan sólo ocho años, de 2007 a 2015, del 2 al 3.7% del total de poco más de cinco millones y medio de habitantes. Esto es, pasaron de tener 110,000 a 210,000 pobres. Para que nos entendamos, en 2015 había en Yucatán, con sólo dos millones cien mil pobladores,
879,000 personas en la pobreza, el 41.9% del total. Cuatro veces más que en toda Dinamarca. Si esa nación tuviera la tasa de pobreza de nuestro Estado, llegaría a 2 millones cuatrocientos mil pobres. En contraparte, el país nórdico tiene a diez de sus nacionales en la lista de milmillonarios de Forbes, contra quince de México, sin embargo, las fortunas sumadas de aquellos diez queda 15 ó 20 mil millones de dólares abajo, dependiendo del día de la semana que se hagan las cuentas, de tan sólo la del mexicano más adinerado.
Esta comparación viene al cuento porque circula en internet un meme que dice más o menos lo siguiente: “¿Sabías que en Dinamarca toda persona que recibe algún tipo de ayuda social está inhabilitada para votar? De esta forma se evita que la ciudadanía se transforme en clientela política y que sean votantes cautivos. ¿Podríamos imitarlos?” La idea básica es que cuando la pobreza genera necesidades graves, quienes son auxiliados por el Estado para sobrellevarlas generan una obligación personal de votar por el partido que gobierna, y que con eso se pervierten las elecciones. Si esto lo hace Dinamarca para proteger su integridad electoral con tan solo 210,000 pobres, cuánto más importante será realizarlo en México donde los pobres se cuentan en decenas de millones. Cinco y media, aproximadamente.
El problema de fondo es real, sin duda. No es vano preguntarse cuánta pobreza aguanta la democracia, pues la apremiante necesidad de esos millones de personas los hace vulnerables a las abundantes ofertas de cambiar su voto por comida, o cosas igual de básicas, que todos, si todos, los partidos traen elección tras elección. Cabe, sin embargo, la pregunta de si la solución que plantea el letrero es deseable.
Lo primero que hay que decir es que la información es totalmente falsa. En Dinamarca, como otros países nórdicos, hay muy poca gente que tiene demasiado, y muy poca gente que no tiene lo indispensable. Sus diferencias económicas son mucho menores que en nuestro país. Esto se ha logrado, principalmente, gracias a un sistema fiscal altamente redistributivo, donde los muy altos impuestos con que se gravan las ganancias empresariales sirven para realmente garantizar a la inmensa mayoría de los daneses la satisfacción plena de sus necesidades fundamentales. La concepción en que esto se basa es que un sistema social justo no puede permitir la miseria de sus integrantes, y que es inadmisible el desbordamiento obsceno de la riqueza de unos cuantos junto a carencias elementales de otros, no se diga de muchos. Década tras década, el Estado ha quitado una proporción importante de la riqueza obtenida por los más ricos, en un sistema económico siempre injusto, regresándosela a la sociedad donde más la necesita, a través de diversos mecanismos que aseguran la satisfacción de sus necesidades materiales. Esta concepción es por sí misma incompatible con aquélla que considera que la redistribución es ilegítima y que, por tanto, quien se beneficia de ella debe en consecuencia perder derechos, en este caso el de votar, literalmente como si se tratara de un delincuente. El meme, sólo por este hecho, grita su falsedad.
Pero más allá de la visión danesa de la sociedad, y olvidándonos de que la propuesta se pretende ser real en un país donde sería absurda, cabe considerar si una medida semejante sería oportuna para un México de elecciones inauténticas por el uso ilegal del dinero en ellas.
Lo primero que hay que decir es que recibir ayudas económicas del Estado no puede aceptarse, como sociedad, como una dádiva del gobierno, mucho menos del partido que lo ocupe en cada momento, sino como un derecho básico. Si yo, mexicano, pese a trabajar y cumplir las leyes no obtengo lo necesario para satisfacer mis necesidades, no soy yo el que está en falta, sino un sistema económico –neoliberalismo hoy, otros modelos de capitalismo antes– diseñado para sustraer al máximo la riqueza de los asalariados y concentrarla en una mínima fracción de los dueños del dinero. Por tanto, adolece de la más mínima legitimidad pretender privarme del derecho a votar por recibir ayudas, cuyo cometido, mal cumplido, es que la iniquidad que me quitó lo que produzco para dárselo a la oligarquía no acabe por matarme materialmente de hambre. Establecer que –además de ser víctima de un sistema que incluso un Papa muy de derecha llamó “capitalismo salvaje”– si el Estado compensa mínimamente lo que se me quitó, entonces deberé perder el derecho humano a votar, es sencillamente inaceptable.
En segundo lugar, la propuesta implica un profundo cinismo político: seamos claros, ese cuentecito de que el Estado debe dar sin que se generen compromisos partidistas no se lo cree ni el tonto del pueblo. Entonces, aceptemos la realidad, los gobiernos reparten dinero para comprar votos, y como con ellos no nos podemos meter, como esas acciones no son de penalizarse, evitemos sus efectos negativos quitándole a los que de por sí no tienen nada. Y claro que son los pobres, y mejor que no voten porque además no tienen educación y lo hacen a lo tonto. Despojarlos a ellos tiene adicionalmente la enorme ventaja de que ni voz pública tienen, así que aquí no ha pasado nada. Se trata, sin más, de la reivindicación de la democracia censitaria, de la democracia romana en la que sólo participaban los patricios, y de la búsqueda de que lo que de facto funciona en México –que el poder no toca a la oligarquía ni con el pétalo de una rosa– se formalice como ley. Es una expresión más de que el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”, no ha sido aceptada realmente después de más de dos siglos.
El meme, claro, no comenta lo que le pasaría a un político danés que fuera descubierto tratando de comprar votos con ayudas sociales. En esos fríos lares, esa persona no tendría más destino que la cárcel. Y eso, con su sistema fiscal, sí que deberíamos imitar a estos nórdicos.
Fuente: Por Esto.
















