Por: JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO.
@jcma23
* Retórica que no llega a las escuelas…
De acuerdo con información oficial, difundida durante los últimos días desde la Cámara de Diputados federal, la discusión sobre los proyectos de leyes secundarias (derivadas de las reformas Constitucionales, en especial del Artículo 3o. sobre el derecho a la educación,
del 15 de mayo pasado), será retomada y ampliada para que posteriormente sean aprobados dichos proyectos, en septiembre próximo, en sesión ordinaria del Congreso de la Unión.
Este compás de espera, que en particular evita la precipitación en el estudio y revisión de los proyectos, es positiva pues no se “dejarán caer” las nuevas leyes antes del inicio del ciclo escolar 2019-2020, tal como se había anunciado desde la Comisión de Educación. Además, la pausa puede representar un momento propicio para la reflexión y el análisis acerca de lo que este marco legislativo implica, o quizá sea un periodo de receso para intentar el acercamiento y la construcción de consensos entre las distintas fuerzas políticas y actores sociales, a efecto de contar con leyes secundarias o reglamentarias, en materia educativa, que sean adecuadas a las necesidades de la sociedad en ese ámbito. Por lo anterior, pongo a consideración las siguientes cinco reflexiones:
I
Asuntos laborales, no educativos
Pese a que una de las críticas más sentidas y visibles, o señalada con mayor vehemencia, en torno a la Reforma Educativa de 2013, fue que esas modificaciones tenían un contenido más laboral o administrativo que educativo, lo que hoy observamos es un fenómeno similar. La preocupación más importante para la mayoría de quienes se dedican al análisis de la coyuntura educativa, es precisamente la cuestión laboral (el nuevo esquema de admisión o ingreso al servicio; tipos y procedimientos de evaluación de las figuras educativas; respeto a las condiciones laborales, que incluye los dictámenes de carrera magisterial obtenidos antes de la reforma de 2013; estímulos para el reconocimiento o por desempeño, etc.), en contraste con las iniciativas o propuestas propiamente educativas o didácticas.
Se podría argumentar que una situación (el marco legal y las condiciones organizacionales) determina a la otra (modelo educativo, contenidos y métodos de enseñanza, etc.), sin embargo, el énfasis que se pone a un aspecto por encima del otro manifiesta un claro desbalance.
II
Retórica que no llega a las escuelas
Es evidente que la retórica que se establece con frecuencia en las leyes, resulta ser una realidad declarativa ajena a las instituciones educativas, específicamente al centro educativo llamado “escuela pública”. Términos como “equidad”, “inclusión”, “integralidad”, “progresividad”, “enfoque de género”, “excelencia” se convierten en letra muerta cuando no cuentan con un referente concreto en la cotidianidad de las escuelas y las aulas; cuando no tienen ningún significado para los actores de los procesos educativos. De ahí el enorme reto que tiene frente así tanto el legislador como la autoridad educativa (en todos sus niveles) para hacer que el marco normativo corresponda con las necesidades de las comunidades educativas concretas (no idealizadas). Y ello implica, sin duda, diseñar dispositivos normativos que sean flexibles o adaptables a las necesidades locales, regionales y nacionales.
III
Qué tipo de cambios para qué tipo de prácticas
Adicionalmente, uno de los aspectos más trascendentes del cambio que lleva implícita toda reforma educativa, está en la transformación significativa de las prácticas educativas. De otro modo, no se puede hablar de “reforma”, sobre todo si ésta no aterriza en cambios significativos, tangibles, de las prácticas escolares instituidas; si ello sucede (como lamentablemente ha ocurrido en México), entonces no hay ningún cambio significativo y mucho menos perdurable.
Pongo algunos ejemplos representativos de prácticas educativas que son de todos conocidas y que debieran de modificarse, y sobre las cuales tanto las autoridades educativas como las organizaciones sindicales se hacen de la vista gorda, porque no conviene ni armoniza (su transformación) con sus intereses clientelares o corporativos: La suspensión de clases por motivos absurdos como la celebración de “juegos magisteriales”; “por festejos religiosos propios de las comunidades, y que son ajenos al calendario cívico y lectivo”; “por la celebración de asambleas sindicales simuladas”; o debido a la reducción del horario escolar “por ser día de quincena”, entre otras prácticas negativas, que son permitidas o institucionalmente “aprobadas” por los altos mandos o responsables escolares, cuyo deber es llevar a cabo y de manera completa las jornadas de trabajo educativo.
IV
La vieja discrepancia entre el mandato constitucional y de las leyes, y el presupuesto
Un aspecto que deberá recoger la Ley General de Educación (LGE), en particular, misma que será renovada en breve, por mandato de lo establecido en la Constitución Política de México (mayo, 2019), es justamente lo contenido en un párrafo del Artículo 3o. de la Carta Magna, que a la letra dice: “Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.” ¿Existirán los recursos financieros, materiales y humanos para llevar a cabo los programas derivados del sistema de capacitación y actualización “de calidad”, dirigidos a más de un millón 200 mil docentes durante el sexenio?
La experiencia institucional indica que este tipo de discrepancias (entre las leyes y los presupuestos públicos) son recurrentes, y han marcado el signo de los incumplimientos por parte de los gobiernos federal y estatales. A propósito de ello, pongo como muestra dos casos: a) El 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que debe destinar, al año, el gobierno federal en materia de investigación científica, humanística y tecnológica; proporción establecida en la ley pero que no se ha cumplido desde 2001-2002. Y b) La falta de cobertura universal para los niños y niñas de edad preescolar, específicamente entre los 3 y 4 años; hecho contrario a lo que establece la ley, también desde 2002. Según las cifras más alegres y optimistas proporcionadas por las autoridades educativas federales (2018), apenas el 50 por ciento de los niños y niñas de esa edad (3-4 años) se encuentran matriculados en algún programa público o privado de Educación Preescolar. Tal nivel de insuficiencia en la cobertura se debe, entre otros factores, a la falta de infraestructura y de presupuesto para contratar a más docentes y personal de apoyo educativo.
V
Rediscutir los contenidos de la Reforma Educativa
Insisto en que los aspectos conceptuales a revisar en el complejo proceso del diseño legislativo, con sentido de cambios a fondo y no de simulación, son los siguientes, dicho esto en el marco de los cambios al texto Constitucional: a) Definición o caracterización de lo que se deberá entender por “Mejora Continua”, concretamente por “Mejora Continua de la Educación” y por “Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (SNMCE)”; b) Qué principios filosóficos, sociológicos, psicológicos, antropológicos y pedagógicos regirán al Organismo Público encargado de dicho sistema y cuál será el alcance de sus responsabilidades como coordinador del SNMCE; c) En el terreno jurídico y administrativo, qué atribuciones, facultades, responsabilidades o ámbitos de competencia le serán asignados a ese organismo, más allá de las generalidades contenidas en el texto Constitucional; y d) Qué mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tendrá; y cómo se vinculará con otras instituciones del Estado y de la sociedad.
Me queda claro que los legisladores no son expertos ni especialistas en materia educativa. Por eso deben trabajar de cerca de los asesores del Ejecutivo (SEP), pero también debido a ello, habrán de apoyarse aún más de la comunidad magisterial y de los especialistas en educación. En tal contexto, es importante subrayar la necesidad de estudiar, revisar y discutir, de manera amplia y suficiente, lo que se vota. Si esto no sucede así, y de no actuar los y las legisladores de manera correcta ni congruente, la sociedad y la nación seguramente se los demandaremos.
jcmqro3@yahoo.com
Fuente: Sdpnoticias.com
















