Por: Julio Faesler.
Nuestro problema ha sido que todos los programas e instituciones, tanto públicos como privados, encallaron en una corrupción compulsiva, insaciable modus vivendi, que drena recursos, encarece, mediatiza y esclaviza toda actividad constructiva.
Los índices más recientes revelan que las condiciones sociales y económicas se debilitan. No revertir esa tendencia implica más privaciones al pueblo además de las que ya sufre.
La solución a esta problemática ha de darse en un escenario distinto a otras anteriores.
Ya no contamos ni con las estructuras que produjeron el Milagro Mexicano de la posguerra ni con el teclado de instrumental político, financiero y administrativo que produjo el mundialmente aclamado “desarrollo estabilizador”. Hoy, no hay política de desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado hace poco por el Congreso no suplió esa ausencia. Fue, en cambio, una inocua relación de programas electoreros sin instrumentos para su ejecución rematado con un utópico epílogo. Sin metodología de medición de avances no hay materia con qué coordinar toda la actividad del país en un todo armónico.
Desde mediados de los años ochenta ha imperado el principio de no intervención oficial en las decisiones de los actores económicos. Sin política industrial orientadora, las reuniones que el Presidente de la República celebra con los empresarios más importantes del país, que ofrecerían la oportunidad para conocer opciones y sugerir caminos por seguir, se reducen a someter a su aprobación y benévolo apoyo grandes proyectos que el sector anuncia y de esta manera asegurar su rentabilidad. Estamos muy lejos de coordinar fuerzas socioeconómicas en una estrategia concertada para establecer un programa integral de producción, educación y los servicios sociales.
Los países más exitosos del mundo en términos económicos y altos niveles de vida nunca dejaron el desarrollo al azar. Ellos se fijaron metas claras de acción colectiva de acuerdo con prioridades compartidas. Consolidadas su personalidad e independencia política, emprendieron su desarrollo según su particular vocación, unos organizándose como potencias militares para fincar su hegemonía regional, otros industrializando sus materias primas y por conquistar mercados coloniales para sus productos. Hubo, como excepción, los que buscaron gozar de una prosperidad igualitaria sin imponer su proyecto a los demás.
En todos los casos mencionados, el detonador en cada etapa de desarrollo es la definición de la gran prioridad nacional. Es ésta nuestra carencia actual. Pero no siempre ha sido así. La historia recuerda varios casos de energías colectivas encauzadas a objetivos definidos. La unión de las fuerzas insurgentes lograda por Agustín de Iturbide es el primero. A mediados del siglo XIX el rechazo a la invasión norteamericana fue universal. El porfiriato dirigió el potencial del país a situar a México al nivel de las potencias extranjeras y a rescatar la independencia nacional respecto a los Estados Unidos. Los Planes Sexenales posteriores se inspirarían en un intenso nacionalismo y poco después la estrategia del “desarrollo estabilizador” disciplinaría todos los recursos financieros y sociales para llevar por un tiempo el nivel de vida general.
No ha faltado pues ni vitalidad ni imaginación para crear planes de desarrollo sectoriales o regionales. Nuestro problema ha sido, y sigue siendo, que todos los programas e instituciones, tanto públicos como privados, encallaron en una corrupción compulsiva, insaciable modus vivendi, que drena recursos, encarece, mediatiza o esclaviza toda actividad constructiva. Por más inversiones que pudieran destinarse al desarrollo, las fugas y el desperdicio las invalidan pervirtiendo entidades indispensables hasta obligar su desaparición. Aquí está el fondo de la actual frustración social.
Limpiar a México de la metástasis de la corrupción es sólo parte del problema. Más grave que la corrupción o la reiterada acusación de errores del pasado, está la inexistencia de objetivos nacionales claros, como los de muchos países, que traducidos a metas medibles y exigibles hacen posible apuntar y calibrar la acción de todos los mexicanos y contribuye a la eficacia de la campaña anticorrupción.
Es absolutamente inaplazable la especificación y amplia divulgación en un gran programa de desarrollo con lista de las prioridades que lo encaucen para que México pueda responder con la visión del gobierno y la de los actores económicos y sociales a las necesidades de una población de más de 125 millones y, con él, el desarrollo de los recursos de cuyo colosal desperdicio han sido víctima. Los tiempos se agotan y México tiene que superar los lastres de su retraso.
Fuente: Excélsior.
















