Por: Luis Acevedo.
* En una falsa idea de transformación se canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco…
En los nueve meses del actual gobierno, por fin se alcanzó un acuerdo entre empresarios y gobierno.
Tres de cuatro influyentes empresas mostraron disposición a replantear los términos de los contratos pactados con el gobierno federal que, a cambio,
amplió los términos de la concesión y uso de los gasoductos que se negociaron en el sexenio anterior.
Con el arreglo, se asegura el abasto de gas para la industria eléctrica, se cubrirán las necesidades del sureste y se da certidumbre para construir una red privada de distribución de gas, complementaria de la existente e indispensable para el desarrollo económico del país.
Sobre todo, se da un giro a la intransigencia del presidente López Obrador que, a unos días de tomar posesión del gobierno federal, canceló inversiones emblemáticas para asegurar un panorama de confianza para la inversión, indispensable para asegurar el cambio nacional sobre bases firmes y sostenibles.
En una falsa idea de transformación se canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco bajo la idea de que era un negocio corrupto, majestuoso e inútil. Entonces, se desestimó la profundidad de la caprichosa decisión y la nación debió indemnizar a muy alto costo a los inversionistas, luego se desconocieron contratos con empresarios y se fueron eslabonando diversas decisiones en varios ámbitos que, frente a una indispensable austeridad que no fue planeada, se sumó a los múltiples obstáculos para el crecimiento y, por tanto, para el desarrollo prometido.
La realidad expuesta en la frialdad de los indicadores mostró que no hay cambios sin escenarios de confianza.
En ese marco, estalló el conflicto entre el gobierno federal y varias empresas que habían sido contratadas para desarrollar una red de abasto de gas para garantizar electricidad y para incentivar la producción y los servicios que, luego de ser calificadas como leoninas o envueltas en conflictos agrarios, abandonaron proyectos y buscaron soluciones en tribunales internacionales.
Con su impacto en el turismo mundial, el sureste fue de las primeras víctimas y se globalizó el problema que puso en duda la viabilidad del gobierno frente a los grandes proyectos nacionales.
En Palacio Nacional se tomó la decisión de negociar y se llamó a las empresas involucradas, algunas de capital internacional y con las cartas sobre la mesa se logró un arreglo en el que todos salimos ganando.
Se garantizó el abasto de 2 mil 800 millones de pies cúbicos diarios de gas a bajo costo para la industria eléctrica y para el fomento de la industria nacional, aunque persistirá la dependencia energética.
De cuatro empresas (Carso Energy, Tc Energía, Ienova Img, Tc Energía y Fermaca, solamente con la última no se llegó a un acuerdo, aunque las negociaciones continúan en vías de un pronto arreglo.
La importancia del acuerdo involucra sacrificios para todas las partes. El gobierno obtendrá ahorros del orden de 4 mil 500 millones de dólares anuales con tarifas transparentes y reales, a cambio de que las empresas se desistan de las acciones legales, permanezcan en el negocio durante varios años más de lo convenido en el contrato original, además de la solución de los conflictos agrarios y la certidumbre de que sus negocios serán rentables.
De esta manera se destrabó el ducto marino del sur de Texas a Tuxpan, con lo que el gas empezó a fluir y se dio paso a una transformación real de la administración del gobierno mexicano que reconoce la importancia del capital como fuente indispensable para el desarrollo económico.
En perspectiva, el acuerdo con las empresas transportistas de gas no es tan importante como la voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque abre la puerta a la inversión privada, que ha sido estigmatizada.
Recientemente el Banco de México recordó que la inversión privada en el país está estancada desde 2014. El INEGI informó que la inversión fija bruta cayó 6.9 por ciento en mayo, a tasa anual; que la Inversión extranjera directa es insuficiente, como también lo es la inversión pública; además de que la construcción y la industria no satisfacen las necesidad económicas nacionales.
Falta que el acuerdo alcanzado en materia de gas se extienda en todas las actividades productivas, sin el desprecio político hacia ningún sector de la población sino en beneficio de todos los mexicanos.
Reconocer la importancia del mercado exige seriedad de las autoridades y en el restablecimiento del Estado de Derecho, sin excusas ni privilegios, sino como base de la seguridad y la certidumbre que necesita el país.
Es un paso firme que tiene que ser reconocido, pero puede ser la excepción sino la regla de la transformación.
@lusacevedop
Fuente: Sdpnoticias.com
















