Por: Francisco Javier Pizarro Chávez.
La frase del profesor rural, político y magnate Carlos Hank González, fundador del grupo Atlacomulco, de “un político pobre es un pobre político”, fue y sigue siendo un paradigma del sistema político mexicano.
Son muy pocos los políticos de ayer y hoy que perciben la política como un ejercicio de interés público y de bienestar para los ciudadanos.
Partidos, funcionarios y gobernantes la conciben ante todo, como un medio de enriquecimiento a costillas del erario público, al margen de sus supuestas ideologías.
El precepto constitucional de que los partidos políticos son entidades de interés público, es un sofisma, esto es, una argucia argumentativa de una falacia… una verdad aparente.
El actual sistema de partidos –al margen de colores e ideologías–, se han convertido en lo contrario: entidades de interés privado, o dicho de manera más coloquial, en agencias de colocación de empleos de familiares y amigos; en cotos de poder al amparo de los cuales se realizan jugosos negocios y transiciones con el capital privado nacional y hasta extranjero.
Su divisa es el que no tranza no avanza en ningún ámbito del quehacer público y de gobierno.
El lema de moda del ex gobernador César Duarte, “el poder es para poder”, sigue vigente, con honrosas excepciones como la del Presidente de la República, que rechaza y combate la institucionalización de la corrupción y la impunidad, en todas sus vertientes.
Un ejemplo de ello es el acuerdo aprobado por el Consejo Ciudadano (entre comillas, lo de ciudadano) del Instituto Federal Electoral, el cual pretendió que la Cámara de Diputados le autorizara en el este año y el próximo, una partida de miles de millones de pesos, para financiar infraestructura y, por supuesto, a los consejeros electorales y los partidos en los comicios de 2021.
Si se hubiera aprobado cada partido recibiría, como antaño, miles de millones de pesos, lo que fue una barbaridad para un país con grandes carencias sociales como el nuestro.
El costo de la democracia, no puede tasarse en función de la lista de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, como se lo establece la ley actual impuesta por la partidocracia.
En cada proceso electoral, son cada vez menos o más los ciudadanos que ejercen su derecho al voto. Y no es por falta de civismo y mucho menos, aceptación tácita del status quo, como se dice.
La razón es otra: los mexicanos perdieron la confianza en el sistema de partidos y el sistema electoral porque, como bien dijo el ex presidente de Uruguay, existe un profundo y grave malestar social en el mundo en contra del neoliberalismo.
En este contexto es de gran relevancia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apruebe que:
1. Los partidos políticos recibirán dinero dependiendo del número de votos obtenidos.
2. Los votos nulos y en blanco no se contarán.
Con ello, los partidos políticos, recibirían un 70 por ciento menos del financiamiento que actualmente perciben.
Los exhorto a que apoyemos que esta ley se aplique y cumpla a nivel nacional.
La democracia debe enriquecerse con la participación ciudadana, no con dinero.
Fuente: Por Esto.
















