Por: CARLOS MEZA VIVEROS.
El pasado 29 de enero, la SCJN determinó que el requisito de no tener antecedentes penales es violatorio a la impronta plasmada en el artículo 1 de la Carta Magna.
Al efecto, reproduzco parte de la nota publicada en el link https://www.24– horas.mx/2020/01/29/corte–invalida–carta–de–antecedentes–no–penales/ sobre el reciente criterio emanado de la SCJN, transcribo parte de la determinación del máximo tribunal:
“…Por atentar contra la libertad de trabajo, comercio e industria o gubernamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional exigir el requisito de no tener antecedentes penales para ejercer dichas actividades.
“Sin hacer distinción o excepción alguna, viola los principios de igualdad y no discriminación establecidos en el Artículo Primero de la Constitucional General, al ser discriminatorio contra las personas físicas que cuenta con ese tipo de antecedentes”, resolvieron los ministros.
Con esto, el pleno de la SCJN invalidó las fracciones I, inciso d) bis y II inciso d) del artículo 4 de la Ley que Regula a los Agentes Profesionales Inmobiliarios en el Estado de Baja California, que exigían este requisito para lograr una licencia de agente profesional inmobiliario, a personas jurídicas y físicas…”
Debo referir que en el mes de julio de 2016, escribí al respecto, en este mismo diario el artículo intitulado y que transcribo a continuación en el que trato el tema resuelto a 4 años vista por la Corte, cito textual:
¿La solicitud de antecedentes no penales viola los derechos humanos?
Desde que iniciamos el estudio del derecho penal en las aulas, el eximio jurista mexicano Sergio García Ramírez era el principal referente por lo que hace al sistema penitenciario en México. De él abrevamos, como lo hicimos de nuestros mentores, que las sanciones corporales que no alcanzaban el término medio aritmético de cinco años y posteriormente con los delitos graves llevaban a los infractores o probables responsables a ser privados de su libertad. Seguida la causa por todas sus etapas procesales y, después de ser condenados a una pena privativa de su libertad y habiéndose resuelto la apelación y el amparo directo en su caso, siendo puestos a disposición del Ejecutivo, los considerados responsables de él o los delitos, compurgaban la pena impuesta con los futuros beneficios que la ley les otorgaba por su buen comportamiento, trabajo, y la opinión del Consejo Técnico Interdisciplinario respectivo, que traía como consecuencia su libertad anticipada.
Hoy me voy a referir a los casos en que, tanto las instituciones públicas como las empresas privadas exigen como requisito sine qua non el carecer de antecedentes penales. La esencia de esta entrega será resolver la dicotomía existente entre el derecho que tienen los sentenciados cuyos antecedentes en los registros oficiales aparecen inscritos y, que al solicitar su constancia de antecedentes criminales aparecen el o los delitos que en su momento hayan cometido, caso en el cual, en no pocas ocasiones son rechazados para obtener un empleo, pese a que su libertad trae implícito el hecho de que ha sido “reinsertado” a la sociedad, y por ende, los injustos por él cometidos no deben ni pueden ser tomados en cuenta para la obtención de un cargo público, un empleo, e incluso, ser postulado a un cargo de elección popular.
La leyes secundarias del país, congruentes con la Carta Magna, contienen un capítulo relacionado con la reinserción social, estableciéndose que el régimen del sistema penitenciario será progresivo y técnico, y se basará en la individualización del tratamiento a que debe ser sometido todo interno, orientado a modificar aspectos de la personalidad; se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, salud, deporte, educación, todo ello para lograr una efectiva reinserción social que dimana de los programas y servicios que al efecto establece la autoridad administrativa competente, aunado a ello, se prevén los periodos relacionados con el estudio y diagnóstico del individuo, su tratamiento personal, que consiste en una clasificación del comportamiento del sentenciado para proceder a su tratamiento preliberacional y, finalmente, el más importante, establecer sin lugar a dudas que el individuo es apto para reinsertarse a la sociedad, todos estos estudios realizados por equipos calificados de especialistas que integran el Consejo Técnico Interdisciplinario.
Cuando un individuo, privado de su libertad, ha cumplido con todos los requisitos para alcanzar el dictamen indubitable de que se encuentra apto para reinsertarse a la sociedad, podríamos pensar que cuenta con los mismos derechos de cualquier ciudadano, no infractor de las normas que rigen nuestro sistema penal, entonces, ¿cuál es la razón por la que tanto en oficinas de los tres niveles de gobierno como por parte del sector privado, exigen como requisito indispensable contar con antecedentes no penales? Partiendo de la premisa de que el sujeto hoy en libertad ha sido considerado apto para reinsertarse nuevamente a la sociedad, el requisito de “no tener antecedentes penales” ¿viola o no sus derechos humanos? Estoy cierto que en muchos casos, el sujeto que ha sido liberado por opinión del Consejo Técnico Interdisciplinario, y por ende, apto para convivir en sociedad no lo sea, en atención a que pueda tratarse de un sociópata, psicópata, y que por razones del México en que vivimos, cuentan con un dictamen favorable, que lejos de permitirle convivir de manera armónica y apegado a las normas jurídico sociales que nos rigen, seguramente va a reincidir, ya como violador, pederasta, asesino, participante del crimen organizado, defraudador, o en cualesquiera de las actividades a las que se dedicaba y que lo llevaron a compurgar una pena (recomiendo investigar sobre “La Doctrina Parot” de la cual me hice cargo hace algunos meses).
Las opiniones sobre el particular van a estar divididas, y habrá quienes consideren que el delincuente que ha cumplido cabalmente con los requisitos para obtener su libertad anticipada y su constancia de encontrarse reinsertado a la sociedad tenga que ser sujeto de discriminación. Nadie seguramente le dará empleo a un violador por más que cuente con estudios técnicos del Consejo Técnico Interdisciplinario que avalen que es apto para reinsertarse a la sociedad, empero, la trapisonda se presenta cuando de sujetos infractores verdaderamente reinsertados a la sociedad, que han aprendido un oficio, modificado su conducta personal, asistido a terapias constantes en el tiempo de su internación, en suma, sujetos que en efecto, son aptos para convivir armónicamente en nuestra sociedad, son rechazados porque no van a contar con una carta de antecedentes no penales, el tema tiene tela para el debate y por ello recomiendo a ustedes atender lo que la jurisprudencia nos dice al respecto, veamos:
Fuerzas armadas nacionales. La resolución presidencial que niega a uno de sus miembros su ascenso al grado de oficial superior, por la circunstancia de que cuenta con antecedentes penales no es discriminatoria.
Contrato colectivo de trabajo. Si contiene alguna cláusula que imponga al patrón la obligación de verificar que los trabajadores que contrate no tengan antecedentes penales, si al momento de la contratación no se requirió esa información no se viola aquél por el trabajador.
Falta de probidad u honradez. No la constituye la omisión del trabajador de informar al patrón que tiene antecedentes penales.
Es muy importante que con los rubros accedan a su contenido que les permitirá arribar a la conclusión de que la constancia de antecedentes no penales, solo en los casos referidos en esta entrega, vulnera los derechos humanos de las personas que se encuentran en estas hipótesis. Por fin, ¿la reinserción a la sociedad existe? Ustedes tienen la última palabra, y por ende, de ser eficaz y efectiva la reinserción penal, ¿la carta de antecedentes no penales es necesaria?, o por el contrario viola derechos fundamentales…”
A casi 4 años vista de la publicación del artículo de mérito, me congratula el significativo hecho de que el Máximo Tribunal de nuestro país se pronunciara en el mismo sentido que plasmé en mi entrega. Entonces, el innovar en el ejercicio de la ciencia del derecho se vuelve tarea indispensable para el desarrollo de nuestro sistema jurídico mexicano.
mezavcm.abogados@gmail.com
















