Por: Luis David Fernández Araya.
Amnistía e indulto no son lo mismo y la principal diferencia radica en que la amnistía, a diferencia del indulto, elimina cualquier responsabilidad civil o penal sobre un hecho, se perdona el delito cometido y se borran los antecedentes penales, incluso; mientras que por el contrario, en el indulto la persona seguirá siendo culpable, o sea, no se le borra el delito que cometió oportunamente, solamente se lo libera de tener que cumplir la pena a la que fue castigado.
La amnistía, inclusive, hasta puede tener implicancias retroactivas.
Generalmente, la amnistía resulta de la decisión del Poder Legislativo de un país que termina convirtiéndola en ley y es bastante común en aquellos contextos de cambios políticos o sociales en los cuales se realizan acuerdos o alianzas y entonces se beneficia mayormente a aquellas personas que están presas por cuestiones políticas, los famosos presos políticos.
Ahora bien, es habitual que las amnistías despierten a su paso escándalos y voces en contra porque o se deja libres a personas que han cometido graves delitos o bien delitos que han producido mucho daño a una sociedad o comunidad terminan por quedar sin culpables y en total impunidad.
Entre los sinónimos que se pueden usar para esta palabra se destaca el de absolver, mientras que como concepto opuesto podemos mencionar el de condenar, que implica el pronunciamiento de una sentencia para alguien que ha cometido un delito.
Su finalidad es presentar una norma más concreta y con mayor capacidad operativa. Así, cada decreto legislativo se presenta indicando de qué otro texto proviene.
Estos decretos pueden ser propuestos tanto por el Poder Ejecutivo, como por parte de los gobiernos de los Estados Libres y Soberanos de México.
El término en esta norma jurídica indica que es el rey quien sanciona esta ley y quien ordena su cumplimiento.
El Decreto-Ley es una norma que está concebida para afrontar situaciones extraordinarias o urgentes y se promulga por la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Normalmente el Decreto-Ley tiene un carácter provisional y, por otra parte, no puede entrar en contradicción con las normas jurídicas del Estado ni ir en contra de los derechos y deberes de los ciudadanos establecidos en la Constitución.
@DrLuisDavidFer
Fuente: Crónica.
















