Por: José Fernández Santillán.
Convengamos que, en el combate contra la epidemia mundial de la COVID-19, los sistemas de salud con los cuales cuentan los países juegan un papel fundamental. En el caso de México, desgraciadamente, nuestro sistema de salud además de tener graves deficiencias, antes de que irrumpiera la pandemia estaba siendo sometido a recortes presupuestales y sufriendo desabasto de insumos.
Es decir, el coronavirus agarró desprevenido y desguarnecido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, en el presupuesto federal de 2019—aprobado por la LXIV Legislatura ya dominada por Morena—el sector salud recibió 123.2 mil millones de pesos. Esta cantidad equivale a un 3.2 por ciento menos respecto de la cantidad asignada en 2018. El presupuesto de 2020 registró un pequeño aumento para el sector salud, pero inmediatamente sufrió recortes en varias áreas.
El 28 de febrero la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) declaró: “Con los recortes presupuestales que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho, nuestro sistema de salud se encuentra débil y menos preparado. Se han hecho recortes en varias dependencias, incluyendo en la Dirección General de Epidemiología, encargada de la vigilancia y las medidas preventivas ante brotes infecciosos.” (Vanguardia, 28/02/2020). Este comunicado agrega que, en estos momentos de emergencia sanitaria, la Dirección General de Epidemiología sufrió un recorte de casi 57 millones de pesos en su presupuesto. Lo mismo sucedió con 18 Instituciones Nacionales de Salud (INS) a las que les quitaron 4 mil millones de pesos.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 23 de abril fue publicado el: “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.” En la exposición de motivos se dice: “De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y ante la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas.” La primera disposición consiste en que “de manera voluntaria” se reducirán los salarios de los altos funcionarios públicos en un 25 por ciento de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. Tampoco habrá aguinaldo para esos altos funcionarios. La segunda disposición ordena: “Se cancelan diez subsecretarías y se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos.”
Aquí hay una contradicción: en la exposición de motivos, López Obrador habla de “la crisis mundial del modelo neoliberal”; sin embargo, las disposiciones del decreto se ajustan a las recetas neoliberales. Entre ellas, la disminución de salarios y el “adelgazamiento del Estado”. Uno de los términos más utilizados durante los gobiernos neoliberales fue, no por mera casualidad, la “austeridad.” Y en ese sentido se están moviendo sus disposiciones respecto del sector salud. Luego entonces, no hay ruptura, sino continuidad entre la administración de López Obrador y lo que él llama, despectivamente, gobiernos neoliberales.
En contraste, el Premio Nobel de Economía, 2001, Joseph Stiglitz afirma que frente a esta pandemia: “Va a haber necesidad de un apoyo gubernamental fuerte. Y van a necesitar, por un incremento de la desigualdad, sistemas de protección de la salud y la seguridad social más robustos.” (Expansión, 6/05/2020).
Tan es débil nuestro sistema de salud que los trabajadores de ese sector han salido a las calles a protestar por la falta de insumos y recortes al personal. Incluso entre los primeros en mostrar su enojo estuvieron los médicos, enfermeras y personal de Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). En efecto, el 17 de marzo, la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud reclamó al Director del Instituto, Jorge Salas Hernández, además de la falta de infraestructura e insumos suficientes, la carencia de protocolos para atender a los enfermos de COVID-19.
En el Decreto del 23 de abril, AMLO menciona la “honestidad”; pero eso se cayó como un castillo de naipes cuando se supo de los contratos por adjudicación directa que han beneficiado al hijo de Manuel Bartlett, Director General de la CFE, León Manuel Bartlett Álvarez: son siete convenios que suman 162 millones de pesos.
Carlos Loret de Mola, en su artículo “Hijo de Bartlett recibe contratos por 162 millones del gobierno de AMLO”, publicado en The Washington Post el 3 de mayo, señala que el 30 de abril, Bartlett Álvarez recibió, por asignación directa—sin licitación—, un contrato por 94.9 millones de pesos. El acuerdo es con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), amparado en las reglas de compras por la emergencia del coronavirus. Este personaje también tiene contratos con el Ejército, la Marina y el IMSS.
En el multicitado Decreto también se incluye el concepto “justicia.” Pues bien, esta maniobra truculenta es absolutamente injusta: mientras unos pierden la vida sea porque se contagiaron en la calle, sea por trabajar en hospitales que registran falta de insumos elementales, otros, en cambio, ganan millones al amparo del poder.
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Fuente: Crónica.
















